¡Aplicación de una severa ley!

Por Jaime Burgos Martínez*

Años atrás, la gente se levantaba temprano con buen ánimo a escuchar noticias en la radio o verlas en televisión, pues la mayoría, en promedio, eran positivas y esperanzadoras, y no negativas, como sucede en la actualidad; hoy, hacerlo es un fastidio: pésimas decisiones gubernamentales, promesas mentirosas con apariencia de verdad, escándalos por corrupción, inseguridad jurídica, robos a mano armada y orden público inmanejable, entre otros.

Esto, en gran parte, es consecuencia de la pugna existente entre el Estado y el establecimiento o establishment (algo establecido, poder establecido, grupo de poder, etc.), azuzada por el Gobierno nacional. Este pretende con un sesgo ideológico reformista radical y súbito cambiar de la noche a la mañana ideas sobre la realidad social, política, cultural, económica, religiosa, etc., que imperan en el país; y, en ese cometido, ha dejado a la deriva el manejo serio y coherente de la cosa pública, que ha sido excelente para fomentar el caldo de cultivo de la corrupción y de la carencia de legítima autoridad.

No hay que olvidar que el pasado tiene una gran fuerza: mejor que el presente, lo que obliga, hablando de manera racional y sin apasionamiento, a que el «cambio» sea paulatino; por ello, Nicolás Maquiavelo, en el siglo XVI, afirmaba: «Hay que considerar que no hay nada más difícil de llevar a cabo, ni de éxito más dudoso, ni más peligroso de manejar, que la implementación de un nuevo orden de cosas».

En este maremágnum que hoy se vive, resalta la inoperancia de la justicia y de los organismos de control frente a casos delicados y de gran envergadura, pues son arropados de la lentitud y de la ineficacia en el recaudo de pruebas; y, aún más grave, en la falta de aplicación de la ley, de conformidad con los hechos acaecidos, en detalle, y su correlación en la interpretación de la norma jurídica. Pero, inverosímilmente, como si se tratara de un caso de Ripley, se hace una lectura alejada de los acontecimientos reales; y, por ende, nada sucede… ¡total impunidad! Por ello, «Donde hay poca justicia es un peligro tener razón» (Francisco de Quevedo)

Todo esto que está sucediendo, en absoluto, es el deterioro de valores, usos o costumbres de una sociedad, que, en el ámbito de la Administración pública, específicamente, se alcanza al quebrantar su moral o la de algunos de sus funcionarios, con la mirada extraviada de las autoridades encargadas de sancionar. Además, hay situaciones que repugnan, pero tienen todo un respaldo constitucional y legal, por lo que nada se puede hacer.

Es el caso de la famosa «puerta giratoria», en que la Constitución Política —donde existen más derechos que deberes y prohibiciones—, estableció, con buenas intenciones,  un régimen de inhabilidades e incompatibilidades que, en la actualidad, es insuficiente para evitar la formación de dañinos círculos de poder, puesto que distintos servidores públicos elegidos para determinados períodos (de organismos de control, de órganos judiciales, etc.) se asocian para, entre otras actividades, postular y hacer elegir candidatos en las vacantes que se presenten en cargos de elección, de competencia de cualquiera de las corporaciones judiciales o legislativas.

Esto se explica así: A un servidor de un alto empleo del Estado se le acaba el período, o renuncia por cualquier motivo unos meses antes de que este se  termine, y, entonces, previa campaña, salta a los pocos días a otro alto cargo, con la ayuda de sus aliados del círculo de poder, sin que haya impedimento alguno; sin embargo, en la práctica, sigue el manejo de los hilos del poder en manos de unos pocos, lo cual ayuda a estimular la corrupción, pues sigue la carrera desmedida de recibo de dádivas, contratación indebida…y pasa el tiempo e intentan, de manera cínica y sin ningún rubor, en convertirse en prohombres de una sociedad en decadencia; pero sin inspirar respeto y credibilidad.

La única manera de impedir que esto continúe sería con la expedición de un régimen de inhabilidades e incompatibilidades severo, en que la elección de un alto cargo a otro se pueda hacer después de que transcurran por lo menos tres años para que se rompa el círculo de poder y se le dé la oportunidad a personas idóneas y honestas. Pero, como en la fábula de Lope de Vega, «¿Quién de todos ha de ser/el que se atreva a poner/ese cascabel al gato?». ¿Quién toma la iniciativa en el Congreso de la República? 

*Jaime Burgos Martínez

Abogado, especialista en derechos administrativo y disciplinario.

Bogotá, D. C., agosto de 2024