“Quiero decirles a todos los colombianos y todas las colombianas que me están escuchando en esta Plaza de Bolívar, en los alrededores, en toda Colombia y en el exterior, que hoy empieza nuestra segunda oportunidad. Nos la hemos ganado. Se la han ganado. Su esfuerzo valió y valdrá la pena. Es la hora del cambio”. Con esa promesa de cambio, que ya había abundado en su campaña presidencial, inició Gustavo Petro su gobierno. Un mandato con ribetes históricos, el de un antiguo guerrillero que se había elegido bajo un claro programa de izquierda y por fuera del bipartidismo que dominó la política colombiana por 150 años, y del que venían directa o indirectamente sus antecesores. Su elección fue, en sí misma, un cambio neto en la política colombiana; la ampliación de lo que es posible sigue estando vigente. Sus primeros dos años de Gobierno, sin embargo, han mostrado más continuidades que ajustes, por lo menos en el terreno de lo práctico.
La promesa de campaña del cambio se mantiene viva, y muy presente, en el discurso de un presidente que ha logrado concentrar alrededor suyo buena parte de la agenda del debate público, gracias tanto a su locuacidad en X como a su producción permanente de propuestas, ideas y anuncios, enmarcadas por una crítica permanente al capitalismo que contrasta con los presidentes de la Colombia contemporánea. Ese cambio incluye ideas de alcance global, como la reiterada propuesta de descriminalizar las drogas o sus críticas a la matriz energética sustentada en el consumo de hidrocarburos. Pero se mantiene hasta asuntos mucho más específicos, como la idea que presentó este martes en X de reemplazar los sistemas de transporte masivo sustentados en buses con vías propias, conocidos como BRT, por tranvías. Es una propuesta permanente de mejoras sociales, en lo que el senador opositor David Luna llama “un discurso de cambios legítimo”.
Esa visión de cambio se sostiene, sobre todo, en una postura más propia de un pensador que entrega a la sociedad ideas o planteamientos que de un administrador que gestiona una burocracia inmensa y compleja, con reglas enmarañadas y un equipo de trabajo que suele tener diferencias y requiere organización. Eso, justamente, lleva el cambio a un espacio más conceptual que a uno práctico. Como dijo el analista Ricardo Ávila en una reciente presentación, el presidente “no ha resultado ser el que esperaban sus partidarios, ni el que temían sus opositores”. No ha logrado la gran mayoría de reformas que ha propuesto, y lo que ha salido adelante, como la reforma pensional, resultó menos extremo que lo planteado por el Gobierno. Incluso avances más administrativos y en sus manos, como la reiterada idea de convertir a los militares y a las juntas de acción comunal en la punta de lanza de un gran programa de infraestructura, siguen en pendiente.
Eso no quiere decir que no haya habido avances: una reforma tributaria ambiciosa, la reducción del ritmo de la deforestación, una menor tasa de homicidios, la reactivación de las relaciones con Venezuela. El presidente le dijo al diario francés Le Mondehace pocos días que su mayor logro ha sido sacar 1,6 millones de personas de la pobreza, el resultado de comparar los datos de 2023 con 2022. Según explicó Petro, el logro se debe a sus políticas, especialmente la política agraria, el aumento del salario mínimo y la reducción del precio de los alimentos. Pero no solo hay debate —como siempre— sobre las causas de la reducción, en este caso porque en 2022 la economía seguía impactada por la pandemia, sino que se trata de mejoras incrementales, más que de hondos y fuertes cambios a la estructura social, política y económica, como las que avizoraba la elección.
Apuestas ambiciosas, como la llamada paz total —lograr acuerdos con todos los grupos armados del país a la vez—, una transición energética en el corto plazo, la postergada reforma agraria o la reindustrialización del país, han avanzado poco o nada. Justamente, las dificultades para convertir las ideas en proyectos, y los proyectos en planes de trabajo, han afectado las realizaciones tangibles. Eso pese a que ha demostrado tener una faceta pragmática, que encarna en su versátil número dos, Laura Sarabia, o en su ortodoxa decisión de eliminar los subsidios a la gasolina.
Una reciente encuesta de Invamer revela que el 62% de las personas han percibido un cambio en el país desde que se inició el cuatrienio, pero más de la mitad de estos lo señalan como un cambio negativo. Solo el 28,4% indicaba que era un cambio positivo, un porcentaje similar al 34,6% de aprobación a su gestión, según la misma encuesta. Ese apoyo, que ronda el 35% según la mayoría de sondeos, es a su vez parecido al 40% de apoyo que recogió Petro en mayo de 2022, en la primera vuelta presidencial, aunque un poco menor. En otras palabras, las cifras indican que quienes siguen confiando en el cambio son los sectores más fieles a su visión.
Sin embargo, ese apoyo se ha ido deteriorando entre los más jóvenes quienes, como recuerda el filósofo y consultor Andrés Mejía, son los más sensibles a promesas de cambio. Más cuando entre ellas estaba la de hacer una política más limpia y varias personas del primer círculo del presidente —su hijo, su hermano, su mano derecha — han terminado envueltos en escándalos con ribetes penales. Ese cambio, que en Colombia se ha reclamado por décadas como una mejora de las costumbres políticas, como decía el asesinado Luis Carlos Galán, no llegó con Petro, o no en sus primeros dos años.
En los dos que quedan, dice Mejía, Petro parece enfrentar un aterrizaje forzoso, un choque de realidad. Aunque ha tomado medidas que parecen radicalizar su Gobierno, como el fin del Gabinete con figuras de centro en marzo de 2023 o los coqueteos con una reforma constitucional, el analista cree que las circunstancias lo obligan al carril de lo institucional. Es la única forma, argumenta, en la que pueden sacar adelante más reformas que asienten un legado de cambio. Lo que finalmente ocurra en Venezuela, que dirá si Petro termina siendo visto en Colombia como uno de quienes ayudaron a sacar a Nicolás Maduro o uno de quienes lo ayudaron a atornillarse, puede ser un parteaguas.
Detrás vienen más pujas que definirán hasta dónde cumple la promesa de cambio. Sobre la mesa están propuestas legislativas, desde la crítica reforma al sistema de salud hasta la laboral o la de servicios públicos, y posibles decisiones administrativas, como la intervención de más empresas de salud o los ajustes a las tarifas de la energía. Pero, sobre todo, decisiones que definirán los balances de poder en los dos años siguientes, y más allá. En lo económico, suena especialmente la composición de la junta del Banco de la República, un órgano independiente en el que podrá cambiar a dos de sus cinco miembros de dedicación exclusiva en enero. En lo político, la definición de la cabeza de la poderosa Procuraduría General, que ya está en marcha y se debe hacer en lo que resta de 2024. Y en lo legal, con consecuencias en los demás campos, con la elección de cuatro de los nueve magistrados de la Corte Constitucional cuyos períodos vencen entre febrero y septiembre de 2025.
En ello se jugará la resonancia que pueda tener el argumento de que el cambio es más un camino que un destino, o por lo menos una ruta larga que apenas inicia. Una frase que acuñó el propio presidente hace un año, el 7 de agosto de 2023, se ha convertido en un eslogan para algunos de sus seguidores: “nadie dijo que sería fácil”. Los dos años que le quedan, y las elecciones de 2026, prometen demostrar lo acertado de la frase.
