Por Carlos Alberto Ospina M.
Para nadie es un secreto que el gobierno nacional se hace el de la vista gorda sobre el relevante incremento en el desplazamiento forzado durante los primeros cinco meses de 2024. Según, la Defensoría del Pueblo, se han contabilizado 73 eventos, lo que representa un crecimiento significativo en comparación con los 43 registrados en el mismo periodo del año anterior.
La agudización del conflicto armado y sus respectivas consecuencias en las colectividades desamparadas, sin temor a equívocos, demuestra que la tal ‘paz total’ está pegada con mocos. El aumento de más 35 incidentes de riesgo que afectaron a cerca de 12.000 personas, son una nítida señal del grave escenario; a la par que las disidencias Farc, los Elenos, los paramilitares, los narcos y las distintas organizaciones criminales dominan vastas regiones del país.
Los delincuentes alardean de su poderío, en tanto que el exguerrillero presidente observa o más bien recuerda sus tiempos de militancia activa, mirando los boquetes originados por los explosivos y saboreando el olor a sangre desintegrada arriba de las calles del municipio de Morales-Cauca. Ninguno puede esperar empatía ni sensibilidad de alguien que empuñó un fusil en contra de los paisanos.
La prolongación del conflicto armado en Colombia y el fingir que no se ha visto algo, permite que los grupos ilegales continúen con sus actividades delictivas, aprovechando el cese al fuego bilateral para expandirse y consolidar su control territorial y social. Este avance ha generado serios perjuicios a la población civil, los cuales están representados en varios suicidios, desplazamientos y confinamientos masivos.
No obstante, el sistema de Alertas Tempranas para prevenir numerosos hechos de segregación y el monitoreo constante por parte de la Defensoría del Pueblo, los peligros siguen siendo muy altos para las comunidades castigadas. Estas carecen de auxilio del Estado que, al parecer, se pasa por la faja la Sentencia T-025 de 2004 que marcó, un antes y un después, con relación a la defensa de los coterráneos desplazados. Ese fallo visibilizó la crisis de compasión y puso los cimientos para una respuesta estatal efectiva e integral. Sin embargo, la realidad es otra, miles de compatriotas enfrentan el desafío diario del arrinconamiento y violación de sus derechos fundamentales.
Las fuerzas de seguridad deben trabajar en conjunto con las entidades territoriales para abordar la crisis de manera seria, gestionar las quejas, proporcionar asistencia a las víctimas, reparar y salvaguardar a los individuos con base en políticas inclusivas que respondan a las necesidades concretas.
La ayuda a los ciudadanos es la prioridad absoluta por encima de cualquier elucubración narcisista. Esto exige garantizar la vida, la seguridad y la libre movilidad de los dolientes; en vez de desentenderse de las acciones terroristas y los delitos de lesa humanidad que, al decir del defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, «no ha parado, se resiste, arrecia»(sic).
A pesar de las alertas tempranas persistir la situación de vulnerabilidad en muchos territorios a causa de la falta de determinación, la resistencia pasiva y la ausencia de cooperación del gobierno en cuanto al desplazamiento forzado y el confinamiento. La protección de los derechos humanos no puede ser una tarea opcional; al revés, es una obligación esencial del Estado.
