Un día después de que el presidente el presidente colombiano, Gustavo Petro, anunciara el 1 de mayo que rompería relaciones diplomáticas con Israel, el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, aseguró en una rueda de prensa que no se trató de un impulso o de un capricho. “[La decisión] la veníamos revisando desde hace casi ocho meses”, dijo, recordando distintos llamados del presidente a Israel para que cesara el fuego en Gaza. Al tiempo, expresidentes y exministros comentaban el impacto de la decisión. Para el expresidente Juan Manuel Santos, esta movida “tiene consecuencias negativas para los colombianos”. Según su antecesor, Ernesto Samper, es sencillamente “un grito desesperado para que el mundo pare el genocidio de Netanyahu en Gaza”. Para César Gaviria, cabeza del Partido Liberal, es una“demostración de antisemitismo”.
El canciller Murillo, quien fue ministro de Ambiente del Gobierno de Santos, intentó llamar a la calma sobre las consecuencias negativas para los ciudadanos. La decisión implica que la embajadora en Israel, Margarita Manjarrez, no regresará a Tel Aviv —fue llamada a consultas a finales de octubre, y no regresó—, ni tampoco lo harán otros diplomáticos. Pero los alrededor de 5.000 colombianos que viven en Israel y en los territorios palestinos podrán seguir recurriendo a los servicios consulares en esa misma ciudad. Esta no es una decisión, asegura la Cancillería, “contra el pueblo israelí ni contra las comunidades judías, ya que nos unen lazos históricos y de amistad que persistirán”.
Algunos colombianos en Israel, sin embargo, quieren más respuestas. “Todos estamos en shock”, cuenta María Nehbas, cartagenera que administra un grupo de Facebook de migrantes colombianos afincados en ese país. “Me escriben por privado con preguntas de que pasará con los envíos de dinero a Colombia a las familias”, añade. Tampoco es claro aún qué implicará para el embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, quien no ha sido llamado a consultas por el Gobierno de Benjamín Netanyahu.
El efecto sobre el intercambio económico es una de las grandes preguntas. Pero hay razones legales y políticas para pensar que el impacto, para Colombia e Israel, será poco, si no nulo. Los dos países firmaron un tratado de libre comercio (TLC) que entró en vigencia en 2020 y que blinda las relaciones comerciales y de inversión ante el legislativo, judicial y los organismos internacionales. Y un TLC no se rompe al cortar relaciones diplomáticas. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Comercio Exterior (Analdex), Israel y Colombia han intensificado en más de un 200% su relación comercial en los últimos tres años, con una balanza que favorece a los colombianos, que exportan cinco veces más de lo se importa de Israel.
Pero incluso si estuvieran en juego las exportaciones, estas relaciones comerciales no ponen en peligro la economía de ninguno los dos países. Las ventas a Israel solo representan el 1% de las exportaciones totales de Colombia, en su mayoría de productos minero-energéticos como el carbón térmico. “Se puede evidenciar que el TLC con Israel no está siendo aprovechado al máximo”, dice el estudio de octubre de 2023.
Un exministro de Hacienda del expresidente Iván Duque, José Manuel Restrepo, dijo a Caracol Radio que ese porcentaje es un número significativo, pero que lo más relevante en importaciones es que Israel siga apoyando a Colombia en inteligencia militar, dotaciones de armas o mantenimiento de equipos. Sin embargo, esta relación militar se ha mantenido en los últimos ocho meses, a pesar de que la tensión diplomática entre los dos gobiernos ha escalado hasta el punto de que en octubre pasado Israel anunció que suspendería el envío de equipos de seguridad a Colombia.
Mauricio Jaramillo, profesor de relaciones internaciones en la Universidad del Rosario, explica: “Para Israel, que le toquen la industria militar sería terrible, porque en este momento tiene muchos gastos, así que no va a renunciar a un socio comercial como Colombia ahora, no le conviene”. A Colombia tampoco le interesa cambiar de proveedor militar, porque esto sería muy costoso para el país: sus cazabombarderos Kfir requieren repuestos o mantenimiento israelíes, por ejemplo.
Marcos Peckel, director de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, concuerda en que la decisión no se mide en el impacto comercial o militar. “La Cancillería matizó la declaración de Petro, dijo que mantiene las relaciones consulares, y no menciona cambios en lo comercial o militar, así que no debe haber mayor traumatismo por ese lado, más allá del ambiente envenenado”, dice. “El impacto es diplomático y coloca a Colombia a la par de países como Bolivia, Venezuela, Cuba o Irán, no con las democracias liberales, contra el estado de Israel”, añade.
El profesor Jaramillo, por otro lado, refuerza que “con esta decisión no hay un cambio comercial, o militar, con Israel; esto es un tema diplomático”. Pero considera que es un mensaje a escala internacional a favor de la multilateralidad y en defensa de los derechos, un mensaje “simbólico, rompiendo relaciones por Israel violar el derecho internacional. Colombia presume que Israel está cometiendo un genocidio, y como Estado, jurídicamente, al presumir esto, no puede no hacer nada”.
Petro, añade Jaramillo, no pone en riesgo las relaciones con Estados Unidos, el mayor aliado de Israel: son tantos los actores internacionales que han condenado las acciones de Israel en Gaza, que los norteamericanos no se han pronunciado contra cada una e incluso permitieron de forma inédita que el Consejo de Seguridad de la ONU, donde tienen derecho a veto, amonestara a Israel. Para el Gobierno de Netanyahu, la decisión de Petro fue una decisión “antisemita”. Para la embajada de Palestina en Colombia fue un “acto valiente”. Para Colombia, fue un cambio diplomático más que comercial, consular o militar.
Pero, como explica el comunicado de la Cancillería colombiana, es también una continuidad de lo que ha pedido el país desde hace varios años: “Colombia reafirma su convicción de que la solución definitiva al conflicto entre Israel y Palestina y la estabilidad regional pasa necesariamente por la solución de dos Estados”. Una solución que Colombia ha defendido por décadas y que, todo indica, el gobierno actual seguirá defendiendo.
