Una vez más, la deforestación en la Amazonía colombiana está desbocada. El fenómeno, agravado por la enésima crisis en la negociación con las disidencias de las FARC encabezadas por Iván Mordisco, ha vuelto a disparar todas las alarmas. La propia ministra de Ambiente, Susana Muhamad, lanzó un S.O.S este mes sobre la posibilidad de un “pico histórico” de pérdida de bosques, que ocurre justo en el peor momento de los diálogos del Gobierno de Gustavo Petro con el autodenominado Estado Mayor Central, una organización dividida que se percibe más afuera que adentro de la paz total.
En el primer trimestre, la deforestación aumentó 41% en la región amazónica, de acuerdo con las alertas tempranas del Ministerio de Ambiente, una cifra que revierte los notables logros del 2023, cuando tuvo una caída que se calcula entre 25 y 35%, a la espera de las cifras oficiales que se presentan entre mayo y junio. Es la menor cifra anual desde 2013. Al fenómeno de El Niño, con sequías e incendios que favorecen las quemas de selva, se suma la “coacción significativa” de las disidencias, que se traduce en el asesinato de indígenas y campesinos, además de las amenazas y desplazamientos de las comunidades. También han impedido el acceso a las autoridades ambientales, lo que entorpece todo tipo de iniciativas.
“Es miserable, la presión psicológica que están ejerciendo los grupos armados contra las comunidades”, se lamentó la ministra Muhamad al lanzar ese grito de auxilio. “Se está poniendo la naturaleza en la mitad del conflicto y esto es una violación al derecho internacional humanitario”, ha denunciado la funcionaria. “Nuestra respuesta no ha sido abandonar la zona, ni los líderes, por el contrario, tenemos el respaldo de las comunidades y quiero decirles que cuentan con el Gobierno, en esto estamos juntos”. El presidente Petro se ha mostrado ante el mundo como un ambientalista convencido de luchar contra el cambio climático en uno de los países más biodiversos del mundo.
Pero el Gobierno se ha topado con un formidable obstáculo en el fragmentado Estado Mayor Central, que es el actor armado dominante en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, que coinciden con el llamado arco de la deforestación amazónica. En otras palabras, los lugares donde la deforestacióndevora cada año enormes trozos de bosque. La conservación de esos ecosistemas es clave para garantizar, entre muchas otras cosas, la regulación del clima y la oferta de agua en la zona andina, incluyendo la distante Bogotá –hoy sometida a racionamientos–, a través de los llamados “ríos voladores”.
Los esfuerzos por detener la tala y la quema en la Amazonía están ligados a la búsqueda de la paz total con distintos grupos armados, y en especial con el EMC. También se relacionan con la implementación de los aspectos más ‘verdes’ del acuerdo de paz firmado con las FARC a finales de 2016, que incluyen frenar la frontera agrícola, reintegrar excombatientes en economías rurales sostenibles, los proyectos de sustitución de cultivos ilícitos o los proyectos de desarrollo rural en los municipios más golpeados por la guerra. Todos esos propósitos se ven gravemente entorpecidos por las acciones del EMC, que en muchas regiones ha ordenado o prohibido la tala para marcar el ritmo de los diálogos y presionar al Gobierno.
Cuando estaba en armas, la guerrilla de las FARC tendía a restringir la deforestación en las áreas donde operaba, en gran medida porque las tupidas copas de los árboles dificultaban que el Ejército identificara sus campamentos desde el aire. Desde su desarme, la deforestación aumentó, promovida por nuevos y viejos actores armados, a menudo en una feroz competencia entre ellos, explicaba en su momento el International Crisis Group (ICG). El fenómeno está empujado por la ganadería, el acaparamiento de tierras, la minería ilegal y los cultivos de coca, entre otras causas. Los bosques y selvas tropicales que revisten la mitad del territorio colombiano nunca han dejado de estar bajo asedio.
En los primeros acercamientos, el Gobierno le pidió a las disidencias encabezadas por Iván Mordisco frenar la tala como un gesto de buena voluntad. El descenso fue notorio, pero esos días parecen lejanos. Para empeorar las cosas, la semana pasada el propio Gobierno confirmó la fractura del EMC, reconoció que solo está negociando con menos de la mitad de sus hombres y que Mordisco abandonó el proceso. El principal problema se presenta en el departamento del Cauca, pero no es del todo clara la compleja geografía de esa repartición de posturas, ni quién manda realmente en el grupo armado. “No hay que jugar con la paz, si es guerra es guerra”, reaccionó el presidente Petro ante una noticia sobre la operación militar que dejó 15 disidentes muertos en Argelia (Cauca).
En los departamentos del arco de deforestación amazónico operan frentes que se mantienen en la mesa, otros que se apartaron de la negociación e incluso uno –el frente Carolina Ramírez, que ha sido de los más problemáticos– que está dividido al respecto, como mostraba un reciente informe de la fundación CORE. “La división también puede tener consecuencias en la gobernanza ambiental de las disidencias en la Amazonía”, advierte el centro de pensamiento, con consecuencias por ahora imprevisibles. “Para nosotros no es bueno que haya fracturas en estas organizaciones y que se multipliquen los interlocutores”, admitía esta semana Camilo González Posso, el jefe negociador del Gobierno, en una entrevista. La deforestación también se juega en la frágil mesa de diálogos con las disidencias.
