Federico Gutiérrez convocó una rueda de prensa a las ocho de la mañana de este lunes. La escena era peculiar. Frente al alcalde de Medellín y excandidato presidencial de la derecha estaban las cámaras de los medios de comunicación; a sus espaldas se veían cientos de documentos apilados en cajas. El piso doce de La Alpujarra, la sede de la Alcaldía, parecía haberse convertido en un despacho judicial. Quedó claro, apenas tomó el micrófono, el motivo de la citación. Tenía que ver con su mayor detractor político, su antecesor Daniel Quintero. Fue el momento elegido por Fico Gutiérrez para comunicar los resultados de una auditoría forense sobre la contratación pública de la ciudad que anunció en noviembre pasado, cuando se encontraba adelantando el empalme con los funcionarios de su némesis.
Las acusaciones llegan en un momento protagónico de Quintero. El exalcalde vivió los últimos meses en relativo silencio, tras años de ajetreo mediático durante su mandato. Sus confrontaciones con empresarios y opositores dejaron de atraer la atención pública después de su descalabro electoral en octubre, cuando su candidato a sucederlo, Juan Carlos Upegui, perdió estrepitosamente con Gutiérrez. Pero en febrero regresó a los titulares, cuando se conoció que el presidente Gustavo Petro le ofreció dirigir el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), una entidad adscrita a la jefatura de Estado y que maneja un presupuesto superior a los 10 billones de pesos (2.500 millones de dólares). Quintero rechazó el cargo, según contó el pasado domingo, porque prefiere dedicarse a preparar “una propuesta de futuro para el 2026″. Es decir, para armar su campaña presidencial. Sólo un día después, Gutiérrez desplegaría esfuerzos para cuestionar el manejo de recursos de su Administración.
Los enfrentamientos entre alcalde y exalcalde se remontan varios años atrás, y les han dado réditos políticos. Mostrarse como adversarios, con aliados antagónicos a nivel nacional, les ha ayudado a darse a conocer más allá de las fronteras de la segunda ciudad del país. Gracias a ello, entre otras cosas, Gutiérrez ocupó el tercer lugar en las elecciones presidenciales de 2022, y Quintero le apunta a las votaciones de 2026. Ambos cuentan con su propio partido —Creemos, de Gutiérrez; Independientes, de Quintero— y han logrado ubicar a sus alfiles en posiciones de poder. Mientras que Gutiérrez consiguió que ocho de sus copartidarios ingresaran al Concejo de Medellín, convirtiéndose en la primera fuerza de la corporación, Quintero le abrió un espacio a Álex Flórez y Alejandro Toro en las listas cerradas del oficialista Pacto Histórico al Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente, con lo que tiene dos congresistas aliados.
La confrontación entre los dos líderes marcó la pauta en las pasadas elecciones regionales, hace menos de cinco meses. La capital antioqueña se debatió entre la continuidad del proyecto de Quintero, representado en el tarjetón por Upegui y posicionado en la izquierda del espectro, o una apuesta por su más férreo crítico, Gutiérrez, quien ya había sido alcalde entre 2016 y 2019. Una amplia mayoría del 73,3% de los votantes, 689.519 personas, se decantó por la última opción y, para diciembre, la firma Invamer reveló que la aprobación de Quintero a su salida se situaba en 23%, la más baja de cualquier mandatario de Medellín desde que la medición se realiza hace tres décadas.
Pese a ese mal dato en la opinión local, el exalcalde mantiene sus planes de llegar a la Casa de Nariño. Lo repite públicamente. Tras las denuncias de Gutiérrez en contra de su Administración, este lunes respondió con una serie de trinos en su cuenta X invitando al actual alcalde a “trabajar en serio” y “dejar el show mediático”. Un usuario de la red social le comentó: “Están desesperados exalcalde, porque saben que usted puede ser presidenciable”. Y Quintero le respondió convencido: “Así es”.
Su rumbo, sin embargo, se trastocaría si las autoridades lo encuentran responsable de alguna de las denuncias hechas por Gutiérrez.
El más reciente capítulo
“Son 501 hallazgos que en dos meses hemos encontrado, al tiempo que gobernamos y ponemos la casa en orden porque la recibimos incinerada, vandalizada y saqueada”, afirmó Federico Gutiérrez este lunes, parado sobre un atril. Agregó que ya había compartido esa información con los entes de control —Procuraduría, Fiscalía y Contraloría— para que determinen si se configuró alguna falta o crimen en el cuatrienio anterior. No se guardó críticas ni comentarios mordaces en su exposición.
Entre los centenares de inconsistencias, Gutiérrez enfocó su intervención en nueve casos. Uno de ellos es el de Computadores Futuro, una de las principales iniciativas de Quintero, que consistía en la entrega de ordenadores a 150.000 estudiantes de escuelas públicas del municipio. Las entregas se llevaban a cabo en eventos multitudinarios, celebrados en coliseos e incluso en el estadio Atanasio Girardot, que tiene un aforo para 45.000 personas, con la asistencia de influencers de todo el país, que transmitían en vivo y compartían contenido alusivo al proyecto en redes sociales. Gutiérrez lo bautizó “Computadores sin Futuro” y señaló que posiblemente se cometieron los delitos de celebración indebida de contratos y peculado en favor de terceros. “El programa bandera de la Administración 2020-2023 fue presuntamente fraudulento y lleno de irregularidades”, aseguró.
Buen Comienzo, la premiada política de atención a la primera infancia que desarrolla la ciudad hace dos décadas, mereció otro segmento, algo esperable, pues uno de los mayores escándalos en la Alcaldía pasada tiene su origen en contratos sobre el tema. Alexandra Agudelo, secretaria de Educación de Quintero, ha sido imputada por la supuesta malversación de recursos públicos destinados a Buen Comienzo. La revelación del alcalde enfoca otra arista: la adquisición de un inmueble por 5.182 millones de pesos (1,2 millones de dólares) y una posterior intervención de 7.315 millones (1,8 millones de dólares) adicionales, con el objetivo de convertir el lugar en un jardín infantil. Los pagos, advirtió el mandatario local, fueron en vano porque las normas de destinación del suelo prohíben que allí funcione un establecimiento educativo. “No les bastó con malversar los recursos de los paquetes de alimentación de los niños más vulnerables [en referencia a los hechos por los que fue acusada Agudelo], sino que, además, presuntamente violaron la normativa asociada a la adquisición de predios con recursos que deberían invertirse en uno de los programas que habían sido intocables en nuestra ciudad”.
Un tercer caso reseñado fue el contrato de la chatarrización de vehículos de la Secretaría de Movilidad. En su momento, la Alcaldía estipuló que la compañía contratada pagaría al municipio 98 pesos por kilo de material, cuando —dice Gutiérrez— en el mercado costaba unos 1.500 pesos (37,5 centavos). Ante la evidencia del valor irrisorio que se fijó, la Contraloría frenó la ejecución y la sociedad contratista interpuso acciones judiciales en contra de la ciudad. “A raíz de esto tenemos dos problemas sin solucionar. El primero, la chatarra sigue invadiendo los patios. Y el segundo, estamos demandados por 35.000 millones de pesos (8,7 millones de dólares)”, explicó.
Los otros seis casos mencionados por el alcalde fueron las inversiones en la Clínica de la 80, vendida por un monto inferior al que se le había invertido en mejoras; los intentos por pagar millonarios sumas a un privado que entregó un lote al banco de tierras del municipio; la asignación de contratos de mantenimiento del jardín botánico Joaquín Uribe y del centro recreativo Parque de las Aguas a sociedades sin experiencia en el asunto; la contratación directa de software para dictar inglés en algunas instituciones públicas; y la suplantación de personas en la elaboración de los presupuestos participativos.
