Editorial
Ecuador se encuentra en estado de sitio. El desafío lanzado por el crimen organizado al Gobierno de Daniel Noboa no tiene precedentes en el país y es el enésimo reflejo de una gravísima crisis de seguridad que ha desbordado a las autoridades. El mandatario, que asumió el cargo a finales de noviembre, reconoció la existencia de un “conflicto armado interno” y autorizó la intervención del ejército para frenar la delincuencia organizada que opera desde las cárceles. El descontrol del sistema penitenciario fue la espita de esta última escalada, que se originó tras la fuga de los cabecillas de dos organizaciones rivales. Sin embargo, para entender el alcance de la emergencia hay que atender a sus causas estructurales, que van del abandono institucional a la miseria y la corrupción pasando por la internacionalización de los carteles mexicanos que operan en Ecuador.
El martes dieron la vuelta al mundo las imágenes de la irrupción de un comando armado en un plató de televisión de Guayaquil, principal puerto del país y epicentro de la violencia. El chantaje mafioso de los criminales era cristalino: el Gobierno debía replegar los operativos policiales dispuestos para la captura de los capos narcos de los grupos de Los Choneros y Los Lobos. Se trata, respectivamente, de los brazos locales del cartel de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación, las bandas mexicanas más poderosas, que ampliaron su influencia en el país andino durante la pandemia de covid-19 y están en guerra por el control de las rutas internacionales del tráfico de cocaína.
Ecuador pasó en cuestión de años de ser uno de los países más seguros de la región a uno de los más peligrosos. En 2017, al final del mandato de Rafael Correa, la tasa de asesinatos era de 5,78 y hoy se sitúa en 40 cada 100.000 habitantes. Los factores que pueden explicar lo sucedido son múltiples. En primer lugar, decayeron las políticas de inversión pública. En segundo, la pandemia agravó la crisis económica. Finalmente, la penetración del crimen transnacional puso las condiciones para la gestación de un ecosistema perverso.
El presidente Noboa, un político de 36 años de filiación ideológica neoliberal, ha asegurado que el país está en guerra contra el crimen. Sin embargo, la tentación de aplicar un modelo autoritario similar al instaurado por Nayib Bukele en El Salvador ya ha impregnado su discurso. Durante la campaña electoral, sacudida en agosto por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, el actual mandatario prometió la compra de barcos-cárceles para aislar a los criminales más peligrosos. La grave crisis que asfixia a los ecuatorianos necesita la implicación de todos los partidos y la elaboración de una política de Estado implacable con el crimen, pero que en ningún caso pase por alto el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. El precio es la paz social y la convivencia democrática.
