El megadecreto impuesto por el presidente de Argentina, Javier Milei, para desmantelar el Estado ha recibido este miércoles un primer golpe de la justicia. La Cámara de Trabajo ha dejado sin efecto una parte del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que el ultraderechista firmó el pasado 20 de diciembre. La medida cautelar fue emitida después de que la Central General de los Trabajadores (CGT), la principal central obrera del país, presentara un amparo. El recurso de los sindicatos, en su mayor parte peronistas, se suma a otros de diferentes sectores de la sociedad que consideran que el DNU es “inconstitucional”, una crítica que abogados constitucionalistas ven con fundamento. El Gobierno ha asegurado poco después de que se conociera la decisión del tribunal que apelará la medida cautelar.
El escrito judicial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, presenta como argumento central para suspender una parte del megadecreto que no están acreditadas ni la necesidad ni la urgencia para que el Ejecutivo eluda al Parlamento. Los DNU son un mecanismo constitucional excepcional regulado desde 1994 que, en un escenario de catástrofe natural o social, permite que el Gobierno dicte o modifique leyes para hacer frente a algún asunto urgente que no pueda esperar al debate en el Congreso. Pero entre los abogados constitucionalistas hay consenso en que ese no es el caso del decreto firmado por Milei y esta ha sido la opinión mayoritaria expresada en el documento judicial, que tiene las firmas de los magistrados José Alejandro Sudera, Andrea García Vior y Dora González. La decisión fue adoptada por los dos primeros, mientras que la tercera entendió que la causa debía ser remitida al fuero contencioso administrativo.
Milei ha justificado el DNU y otras medidas en estos términos: “Argentina requiere un cambio de rumbo urgente para evitar el desastre”. Para los jueces, sin embargo, “no se explica cómo las reformas planteadas, de aplicarse en forma inmediata y por fuera del trámite normal de sanción de las leyes, podrían remediar la situación referida a la generación de empleo formal”. La Cámara de Trabajo ha suspendido así el Título IV del megadecreto. En esta sección, la medida plantea la desregulación del mercado laboral argentino, que mantiene normas muy beneficiosas para los trabajadores en blanco. El decreto limita el derecho de huelga, elimina las sanciones por contratos irregulares, autoriza jornadas de hasta 12 horas diarias, aumenta el periodo de prueba y habilita cambios en las indemnizaciones, entre otras medidas.
El Gobierno ha avisado que apelará la medida cautelar de la Cámara de Trabajo y pedirá la incompetencia del fuero. Horas antes, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, había anticipado que al megadecreto le espera un “trámite largo” en la justicia. Si el Gobierno apela, podría llegar eventualmente a la Corte Suprema. El Máximo Tribunal ya tiene otro reclamo contra el DNU, que estuvo impulsado por la provincia de La Rioja, en el oeste argentino. En ese caso, el recurso llegó directamente hasta allí porque el planteo venía desde un Gobierno provincial. La Corte abrió un expediente para esa causa, pero ha avisado que la tratará a partir de febrero.
Paro general el 24 de enero
La CGT ha celebrado la decisión del tribunal. En un comunicado ha expresado: “No nos vencerán mientras permanezcamos unidos”. Los sindicatos rechazaron el megadecreto el pasado 28 de diciembre en una concentración que reunió a más de 20.000 personas, de acuerdo con la estimación de los organizadores. Mientras eso ocurría, el Gobierno de Milei anunciaba el envío al Congreso de una ley con más de 600 artículos sobre temas que no habían podido ser incluidos en el DNU y que cambian de raíz buena parte de la estructura política, social y económica de Argentina. La ley ómnibus, llamada así por su extensión y variedad de temas, fue considerada por la cúpula sindical “exponencialmente peor” que el megadecreto y forzó a la CGT a anunciar un paro general para el próximo 24 de enero.
La reforma del Estado argentino que pretende el ultraderechista empezó a ser efectiva el pasado viernes. Ese día, el megadecreto entró en vigor cuando se cumplieron ocho días desde su publicación en el Boletín Oficial. La medida deroga sin discusión parlamentaria normas, elimina regulaciones estatales, habilita la privatización de empresas públicas, abre la puerta a las operaciones en dólares y da el puntapié inicial para flexibilizar el sistema de salud, entre otro centenar de medidas. No todos están en contra de los cambios que propone, pero muchos consideran que las formas chocan con la Constitución. El primer golpe lo recibió este jueves, de parte de la justicia, donde todavía se acumulan una treintena de amparos que cuestionan su constitucionalidad.
Otro de los obstáculos que deberá sortear el DNU está en el Congreso, donde tiene que ser aprobado. Una comisión bicameral de ocho senadores y ocho diputados analizará en el Parlamento si la “necesidad” y la “urgencia” de la medida están justificadas. La comisión cumple funciones aún durante el receso de verano del Congreso. Si el decreto es avalado por la comisión bicameral, será elevado al plenario de cada cámara, que deberá aceptar o rechazar la norma en su totalidad mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros. Con la aprobación de solo una de las cámaras —o si no es tratado— el decreto será considerado válido. El voto negativo de ambas, en cambio, lo rechazaría.
El partido de Milei, La Libertad Avanza, no tiene mayorías en el Congreso —cuenta solo con 38 de 257 diputados y con siete de 72 senadores—, pero suma el apoyo de algunos legisladores, como los que responden al expresidente conservador Mauricio Macri. Otros sectores muestran más ambigüedad, como la Unión Cívica Radical, que asegura que el país “necesita un cambio”, pero debe hacerse “respetando las formas establecidas”. En cambio, el peronismo, ahora en la oposición, expresó un rechazo total al texto y también lo hizo la izquierda. El debate en los plenos deberá esperar, sin embargo, hasta el 1 de marzo, cuando inician las sesiones ordinarias.
