Cada vez se reconoce más que la llamada guerra contra las drogas ha fracasado por completo para conseguir un mundo libre de drogas y de reducir el tamaño y el alcance de los mercados de drogas ilegales.
Por el contrario, las políticas y prácticas punitivas en materia de drogas han causado innumerables violaciones a los derechos humanos, han perjudicado la salud de millones de personas y han socavado la seguridad, la economía y el tejido social de comunidades en todo el mundo. Este enfoque punitivo también ha restringido innecesariamente la disponibilidad de medicamentos controlados que son esenciales para aliviar el dolor, al tiempo que ha impedido el acceso a los servicios sanitarios más básicos a las personas que consumen drogas. En pleno siglo XXI el 80% de la población mundial no tiene acceso a medicamentos para el dolor.
Ese fue, esencialmente, el enfoque de la Declaración Ministerial del 2019 (Viena, Comisión de Estupefacientes de la ONU) al fijar los objetivos de la comunidad internacional sobre políticas globales de drogas para los siguientes 10 años. Están por cumplirse cinco años de esa declaración ministerial y los Estados harán el 2024 una revisión de “medio término” de la declaración.
Los resultados, a casi cinco años, son brutalmente desalentadores por lo que esa revisión es trascendental. Se tendría que avanzar en un transparente análisis de la realidad y con base en evidencias. Y tomar en consideración progresos expresados en tiempos recientes en la propia ONU: Asamblea General, Comisión de Estupefacientes y el Consejo de Derechos Humanos.
Debería ser esa ocasión, la del 2024, una en la que se defina una política sobre drogas alineada a los objetivos de desarrollo sostenible del 2030 y consistente con los derechos a la salud, los derechos humanos y el desarrollo.
A lo largo de mi carrera como abogado, juez interamericano, ministro de Estado y experto en derechos humanos, he visto de primera mano cómo en los países latinoamericanos y en todo el mundo los esfuerzos de control de drogas altamente punitivos han sido un motor clave de violencia y encarcelamiento masivo, especialmente para las mujeres, las minorías raciales y étnicas y personas que viven en la pobreza. También he sido testigo de cómo la prohibición de las drogas ha socavado los derechos tradicionales, culturales y ancestrales de pueblos indígenas, especialmente en las zonas de cultivo de coca.
En vísperas de la llamada “revisión intermedia” del 2024, el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) ha elaborado un “informe sombra” (alternativo). Este, presentado públicamente este martes 5 de diciembre, apunta a evaluar los resultados de lo adoptado en la Declaración Ministerial de 2019. La Comisión Global sobre Políticas de Drogas, de la que me enorgullece formar parte, es una voz líder en el tema de políticas de drogas y contribuye al trabajo del IDPC
El crudo informe de IDPC es particularmente sólido e impactante. Muestra, con sólidas evidencias, que las políticas sobre drogas no han sido efectivas en la prohibición y erradicación de los mercados ilegales de drogas o en impactar sobre su conexión con la inseguridad ciudadana, la violencia o el crimen organizado.
La revisión de “medio término” que harán los Estados el próximo año es, por ello, trascendental. Para esa ocasión se tendría que avanzar en un análisis transparente de la realidad y con base en evidencias. Y tomando en consideración progresos expresados en tiempos recientes en la Asamblea General de la ONU, la Comisión de Estupefacientes y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Debería ser esa ocasión, la del 2024, una en la que se defina una política sobre drogas alineada a los objetivos de desarrollo sostenible del 2030 y consistente con los derechos a la salud, los derechos humanos y el desarrollo.
Resulta alentador ver que estos llamamientos están creciendo entre los Estados miembros y en el seno de órganos de la propia ONU. Entre ellos importantes pasos recientes del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de un amplio abanico de mecanismos de derechos humanos dentro de la organización.
En octubre del 2022 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU produjo un comentario general sobre el “impacto de las políticas de drogas en los derechos económicos, sociales y culturales”. El comité analizó cómo las políticas de drogas prevalecientes permean múltiples aspectos de la vida y plantean retos que tienen que ser abordados.
En diciembre de 2022 una llamada “resolución ómnibus” fue adoptada en la Asamblea General. Contiene importantes avances en materia de derechos humanos, particularmente en los derechos indígenas y en la justicia racial. Viene a ser el primer documento oficial de la ONU que abandona la obsoleta ilusión de un “mundo libre de drogas”.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por su lado, ha adoptado tres resoluciones sobre el tema. La más reciente -2023- sobre las repercusiones de las políticas de drogas en los derechos humanos (A/HRC/52/L.61). Fue el paso más ambicioso y progresista adoptado hasta la fecha dentro de la ONU sobre políticas de drogas. Utiliza explícitamente los términos “control de daños”.
Pese a los pasos positivos dentro de la ONU, aún estamos lejos de una revisión global de las políticas sobre drogas. El primer reto es garantizar que la revisión intermedia en la Comisión de Estupefacientes en marzo de 2024, permita un debate honesto sobre el enfoque internacional de las drogas en el que se reconozcan los fallos y se destaquen los recientes avances que se están produciendo en todo el mundo y dentro del propio sistema de la ONU.
La “revisión intermedia” del 2024 debería sentar las bases para un proceso de reforma profunda y sistemática que se deshaga del paradigma mundial punitivo y proteja la salud, el bienestar y los derechos humanos de las personas en todo el mundo, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Comisión Global sobre Políticas de Drogas
La Comisión Global sobre Políticas de Drogas fue creada el 2011 por un grupo de personalidades de diferentes regiones del mundo para analizar y formular propuestas sobre las políticas sobre drogas. Está actualmente integrada y conducida por una diversidad de ex jefes de Estado y Gobierno, premios Nobel y personalidades destacadas en asuntos públicos. Su misión es “cambiar el rumbo”, pasar de la prohibición de drogas a la regulación por el Estado, respectando – efectivamente – las obligaciones de derechos humanos. En su último informe sobre “HIV, Hepatitis y Reforma de las Políticas de Drogas” muestra, por ejemplo, cómo la detención no ayuda ante las epidémicas sanitarias y, más bien, afecta el derecho a la salud de las personas que usan drogas.
Presidida actualmente por Helen Clark, ex primera ministra de Nueva Zelanda, tiene entre sus integrantes una variedad de ex presidentes/as y ex jefes de gobierno. Entre ellos/as destacan Ruth Dreifuss (Suiza), Fernando Henrique Cardoso (Brasil); Geoff Gallop (Australia); Cesar Gaviria (Colombia); Aleksander Kwaśniewski (Polonia); Ricardo Lagos (Chile); Kgalema Motlanthe (Sudáfrica); Olusegun Obasanjo (Nigeria); George Papandreou (Grecia); Michèle Pierre-Louis (Haití); José Ramos-Horta (Timor-Leste) y premio Nóbel; Juan Manuel Santos, (Colombia) y premio Nóbel); Ernesto Zedillo (México) y Javier Solana ex Alto Representante de la Unión Europea para una Política Común y de Seguridad.
Además de exjefes de Estado o de gobierno, se encuentran, también, personalidades destacadas como Mario Vargas Llosa, escritor y premio Nóbel; Louise Arbour, ex Alta Comisionada de la ONU sobre Derechos Humanos; Mohamed El Baradei, premio Nobel y ex Director General de la Agencia Internacional de Energía Atómica; y Jane Philpott, ex ministra de Salud de Canadá
