Editorial
La irrupción del Ejército israelí en el hospital Al Shifa de Gaza en la madrugada del pasado miércoles constituye una flagrante violación del derecho internacional humanitario. El Gobierno de Benjamín Netanyahu ha autorizado una acción injustificable que desdeña el principio asumido por las naciones democráticas según el cual se deben proteger de cualquier acto de guerra las instalaciones sanitarias, sus trabajadores y los pacientes que se encuentran en ellas.
No sirve de excusa el argumento de que en el hospital podrían ocultarse infraestructuras de Hamás, porque incluso en ese hipotético caso —hasta el momento, el Ejército israelí ha mostrado material bélico encontrado allí, pero por ahora no hay rastro de túneles—, los convenios internacionales obligan a aplicar los principios de proporcionalidad, distinción y precaución.
No parece haber sido el caso. Desde varios días antes de la ocupación del hospital, este se encontraba rodeado por las tropas israelíes sin apenas comida, agua y electricidad. Es decir, ni siquiera podía funcionar ya como centro sanitario y se había convertido en un refugio de miles de personas que habían acudido allí tras los bombardeos israelíes sobre la Franja a raíz del salvaje ataque perpetrado por Hamás sobre territorio israelí el pasado 7 de octubre. Según el director del hospital, Mohamed Abu Salmiya, ayer viernes había en las instalaciones unos 650 pacientes —entre ellos, 36 bebés prematuros—, 500 sanitarios y unos 5.000 refugiados. Mientras, los militares israelíes buscaban ayer túneles en la unidad de neonatología, radiología y en la unidad de quemados. Lo que sí encontraron —aunque no en el hospital, sino en un edificio adyacente— fue el cadáver de Judith Weiss, de 65 años y enferma de cáncer, secuestrada por Hamás en su ataque.
El horror y la sinrazón se han apoderado del teatro de operaciones militares. Ningún derecho a la legítima defensa puede amparar una acción militar de este tipo y no puede simplemente sumarse al catálogo de barbaridades a las que el mundo asiste desde que comenzó este conflicto. Naciones Unidas advirtió ayer de que existe una posibilidad inmediata de que entre la población gazatí empiecen a producirse las primeras muertes por hambre debido al férreo bloqueo de suministros básicos impuesto hace más de un mes.
Lo que sucede no es una desgracia inevitable fruto de la dinámica de la guerra. Tiene un responsable, Benjamín Netanyahu, que no ha honrado su responsabilidad como representante de un país democrático con derecho a la legítima defensa y, escudándose falazmente en ese derecho, no respeta las mínimas normas que establece la legalidad internacional para evitar que un enfrentamiento armado se convierta en una atrocidad.
