El escenario no podía ser más simbólico para socializar la nueva política de drogas: El Tambo, en el departamento del Cauca, concentra a miles de campesinos que viven de cultivar hoja de coca, en una región que es epicentro del conflicto armado agudizado por el narcotráfico.
Hasta ese municipio llegaron este martes más de 3.000 cocaleros del Cauca, pero también de Norte de Santander y Putumayo, zonas donde la economía de la coca es la principal forma de vida de miles de campesinos. Allá llegó también el presidente Gustavo Petro para presentarles su nueva política de drogas llamada ‘Sembrando vida desterramos el narcotráfico’, que se trabajó durante un año en 27 territorios con muchas de esas comunidades, al tiempo que en sus territorios se vivía una crisis de la coca, con falta de compradores, por causas sobre las cuales no hay un consenso.
“En el Valle del Micay (Cauca) queremos hacer la primera experiencia de cambiar la economía (ilegal) por otra. Hablamos de una política que no se basa en las rejas ni en las extradiciones”, dijo Petro, cuyo discurso se centró, como lo ha hecho en escenarios internacionales, en la “hipocresía” de los Estados frente al problema del narcotráfico. Esta vez, sin embargo, hablaba también de hipocresía nacional. “Los narcos no viven en el Valle del Micay, viven en Miami, Madrid o Bogotá. El narcotráfico no nació en la sangre colombiana”, agregó, y mencionó que el narcotráfico ha permeado diferentes instancias como la Fiscalía o el Congreso.
Acabar el negocio que se ha instalado por décadas no será nada fácil y Petro lo sabe. Colombia es el mayor productor mundial de hoja de coca y de cocaína. El país ha alcanzado la mayor extensión de plantaciones de coca: las últimas cifras señalan que las hectáreas sembradas pasaron de 204.000 a 230.000 al cierre de 2022. Eso implica que es una forma de ingreso de miles de familias, y los carteles del narcotráfico están más activos que nunca.
Aunque el mandatario aseguró que su política de drogas supone una “ruptura” de la manera como se ha enfrentado el problema,admitió que no logrará desaparecerla por completo. “No podré lograrlo en todo el país, pero podemos hacerlo en el Cauca”, agregó ante un auditorio lleno de cocaleros, algunos organizados en las guardias indígenas y campesinas.
A pocas horas de camino del lugar al que asistieron casi todos los ministros del Gobierno se libra una de las guerras más intensas que vive Colombia. En el cañón del Micay se enfrentan el Ejército con integrantes de las disidencias de las extintas FARC, autodenominadas Estado Mayor Central (EMC), al tiempo que ese grupo se sienta a la mesa con el Gobierno para negociar la paz. La referencia a esa guerra atravesó las palabras del Gobierno y también la de los líderes que tomaron la palabra. Una pancarta que alzaban algunos campesinos lo decía de forma clara: “El cañón del Micay exige paz en el territorio”.
Las estrategias
El enfoque de la política de drogas de Petro se puede resumir en dos palabras: oxígeno y asfixia. La primera clave del enfoque se dirige a acabar la dependencia de las poblaciones a la economía de las drogas, así como evitar la criminalización de los campesinos. Y la asfixia contra “actores estratégicos y de alto valor del sistema del narcotráfico”, es decir, atacar la infraestructura de la producción, los insumos y precursores químicos, así como las finanzas ilegales y el lavado de activos. Adicionalmente, se lee en el documento oficial de la política, hacer un “uso estratégico y eficiente de la erradicación”.
La política, cuya implementación tendrá una inversión de 28 billones de pesos, es liderada por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien habló en el encuentro. Allí se centró en las estrategias del “oxígeno” y dijo que cada vereda o zona rural se acomodará a la que más se adapte a sus necesidades y territorio. “Una de ellas es hacerlos beneficiarios de predios de la reforma agraria; la otra es para aquellos que tienen hoja de coca en lugares protegidos [como los parques naturales]: el Estado está dispuesto a pagarles un salario digno si cambian la actividad de cultivar hoja de coca por plantas propias de la selva y que esta se recupere. Es decir, si pasan de cocaleros a guardabosques; permanecer en los territorios y sustituir la hoja por algún otro producto agrícola para lo cual tendrán auxilios; y la cuarta opción, seguir cultivando coca pero con usos lícitos”, dijo. El ministro también afirmó que la política de drogas es “solidaria con los consumidores para lograr una política pensada en la protección de la vida”, y dura e inflexible con las mafias del narcotráfico.
Aunque los campesinos agradecieron la participación en la construcción de la política y el cambio de narrativa, no están de acuerdo en todos estos puntos. En el que sí hay consenso es en la descriminalización que beneficiaría, según cifras del Ministerio de Justicia, a 32.000 personas que están en cárceles del país por delitos relacionados con droga —casi la mitad son mujeres. “Hemos visto algunos vacíos y problemáticas: la libertad de los presos detenidos por portar una sustancia o por llevar 2 libras de marihuana. El Congreso debe tramitar un proyecto de ley para eso”, dijo Buenaventura Opocué, líder de los cultivadores de marihuana del norte del Cauca. Por ahora, como anunció el viceministro Camilo Umaña, trabajan para que 3.500 madres cabeza de familia en esa situación puedan cumplir su pena con trabajo social y no privadas de la libertad.
Un cultivo de coca en Suárez (Cauca), el 19 de septiembre.ERNESTO GUZMÁN (EFE)
La Coordinadora nacional de cultivadores de hoja de coca y marihuana (Coccam), que agrupa a unos 200.000 cocaleros, también criticó algunos aspectos de la política. “En este documento no encontramos recogido efectivamente el acuerdo final de paz; se sigue manteniendo la erradicación forzada en nuestros territorios y eso no es conveniente para avanzar con los programas de sustitución de cultivos”, le dijo Ancizar Barrios a Petro. Agregó que les preocupa la militarización de la vida social en las comunidades y que la política no incluya por igual a la guardia campesina y a la indígena.
Son sus líneas rojas, dijo también José William Orozco, de la ATCC y de Coccam. “No es un capricho. Nosotros sí necesitamos que desaparezca la palabra ilícito, por lo menos en relación con los cultivadores, que se diferencie: somos cultivadores agrarios de la hoja de coca”.
Desde el Pacífico nariñense, donde se vive una guerra cruenta, también le hicieron exigencias al Gobierno para que la política no se quede en palabras y vuelvan a sufrir la frustración por el fracaso que explican fue el Programa nacional de sustitución de cultivos ilícitos (PNIS). “Estamos preocupados porque muchos de sus funcionarios están como ruedas sueltas. La invitación es a articular”, dijo Nilson Estupiñán, líder del Pacífico nariñense para quien esta política es sobre todo un “punto de partida”.
Uno de los temas en los que hay consenso es en el fomento de los usos lícitos de la hoja de coca. “Las plantas no son las responsables de que alguien les haya metido la nariz. Nosotros llevábamos años diciendo a los gobiernos que podíamos hacer productos como harina de coca y se reían de nosotros. Yo les digo: la harina de coca puede alimentar este país. Ahí hay un negocio para los campesinos”, añadió César Julián Díaz Morales, líder de la Fundación orográfica del macizo colombiano (Fundecima).
De eso mismo habló Petro. “¿Cómo podemos coger la hoja de coca y volverla fertilizante? Porque yo no satanizo la hoja de coca”, dijo el mismo presidente, que le pidió al secretario general de las Naciones Unidas (António Guterres) que saque la hoja de coca de las llamadas sustancias prohibidas. “La hoja de coca no tiene la culpa. Es la transformación industrial de unos mercaderes lo que produce el efecto negativo”.
