GINEBRA Colombia debe garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición en su agenda de paz y justicia transicional respetando los estándares internacionales, dijo hoy un experto de la ONU*.
«Colombia ha hecho progresos encomiables en el establecimiento de un mecanismo integral de justicia transicional y en el esclarecimiento de la verdad sobre las graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas en el contexto del conflicto armado, en particular con la publicación del informe final de la Comisión de la Verdad», afirmó Fabián Salvioli, relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, en una declaración al término de una visita de 10 días al país. Instó a las autoridades a redoblar esfuerzos para avanzar en los aspectos pendientes de su agenda de justicia transicional e implementar las recomendaciones del informe.
Salvioli advirtió que Colombia asiste a un preocupante recrudecimiento del conflicto armado en vastos territorios del país, especialmente en aquellos previamente afectados y en sus poblaciones. «La insuficiente implementación de las garantías esenciales de no repetición contenidas en el Acuerdo de Paz ha alimentado la situación», dijo.
El experto también señaló los retos y retrasos en la implementación de las reparaciones financieras y la rehabilitación psicosocial, a pesar de la adopción de un fuerte mecanismo institucional para proporcionar reparaciones al gran número de víctimas registradas en el país. «La flexibilización de los requisitos para el registro de las víctimas y el diseño de mecanismos de financiación que complementen el presupuesto nacional existente serán cruciales para abordar estas cuestiones», dijo.
El Relator Especial señaló que Colombia ha adoptado numerosos procesos para promover la rendición de cuentas de miembros de grupos paramilitares, grupos armados y fuerzas de seguridad acusados de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
«Sin embargo, existen retrasos en la judicialización de los casos y preocupaciones sobre el papel de las víctimas en la definición de las sanciones a imponer a los perpetradores ante la Jurisdicción Especial para la Paz, y el tipo de sanciones», dijo.
Salvioli destacó los renovados esfuerzos del Gobierno para avanzar en las negociaciones de paz con los grupos armados y criminales y para implementar las agendas de paz y justicia transicional.
«Entiendo las dificultades en la implementación de algunos aspectos de la agenda de paz y la brecha de implementación heredada del Gobierno anterior», dijo el experto.
«La respuesta de Colombia debe incluir estrategias para una presencia efectiva del Estado en las zonas más afectadas por el conflicto, la reparación integral de las víctimas -incluida la restitución de tierras- y condiciones sostenibles para el retorno de las víctimas, la reintegración de los excombatientes y la labor de los defensores de los derechos humanos, incluidos los líderes sociales», dijo.
Un informe completo de la visita será presentado al Consejo de Derechos Humanos en septiembre 2024.
