SANTIAGO TORRADO
La diplomacia colombiana se ha vuelto a estrellar con la hostilidad del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, que ahora afirma desconocer a la Cancillería sudamericana. El Gobierno de Gustavo Petro expresó el sábado su “preocupación” ante la confiscación de la jesuita Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA), que se había convertido en el último reducto de libertad de pensamiento en un contexto de brutal represión, y condenó con vehemencia “todas las medidas que limitan la libertad religiosa, de cátedra y de expresión” en el país centroamericano. Nicaragua rechazó casi de inmediato esa “posición intervencionista” en un pronunciamiento cargado de descalificaciones, en el que advirtió que “no reconoce al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia como autoridad alguna”.
La Cancillería centroamericana señala en ese inusual comunicado diplomático el “servilismo” de Bogotá hacia los “amos imperiales”, además de invitar a “ver la paja en el ojo propio y no en el ajeno, para evitar inmiscuirse en lo que no les concierne ni les concernirá, porque en Nicaragua somos libres y jamás volveremos a ser esclavos”. La UCA, la universidad privada más importante del país centroamericano, ha tenido que traspasar por orden judicial sus activos, muebles e inmuebles, así como sus cuentas bancarias, al Estado de Nicaragua, después de haber sido acusada de delitos de terrorismo, todo en medio de una arremetida contra la iglesia católica y los centros de pensamiento.
Desconocer a la Cancillería no es una figura que exista en relaciones internacionales, explica Sandra Borda, de la Universidad de Los Andes. “Eso legalmente no equivale a nada, no es una ruptura de relaciones, no corresponde a ninguno de los movimientos reconocidos internacionalmente como gestos para frenar una relación bilateral, o para ponerla en pausa. Es más una movida política que una de carácter legal”, apunta la académica, autora de ¿Por qué somos tan parroquiales? Una breve historia internacional de Colombia. “Los comunicados diplomáticos de los países autoritarios son todos muy parecidos. Terminan acabando con la institucionalidad en materia de política exterior, que es la que conoce y usa los lenguajes moderados para las relaciones internacionales”, señala. También destaca que es un intercambio entre cancillerías, que no menciona al Ejecutivo, con lo que de momento evita un enfrentamiento entre presidentes.
Nicaragua ha sido desde hace tiempo un campo minado para la diplomacia de Colombia, a su vez un país con una notable presencia de la comunidad jesuita. Las tensas relaciones entre Bogotá y Managua son un asunto sensible, pues ambas capitales han mantenido por años un agrio diferendo limítrofe en el mar Caribe que involucra las aguas que rodean el archipiélago colombiano de San Andrés y Providencia.
A mediados de julio, la Corte Internacional de Justicia en La Haya falló a favor de Colombia en el tercer proceso de ese añejo diferendo marítimo –que se remonta a 2013–, con lo que negó a Managua su pretensión de extender su plataforma continental mar adentro. Dos fallos previos habían sido más favorables a las aspiraciones de Nicaragua, y Petro prometió un acercamiento para alcanzar un acuerdo. “Hablaremos con Ortega sobre cómo podemos hacer que los pueblos del Caribe, los pueblos raizales, puedan tener derecho a la pesca sin ser molestados”, declaró el pasado 20 de julio, desde la propia isla de San Andrés, en el marco de las celebraciones por el Día de la Independencia.
El fallo, recibido con alivio en Colombia como un notable logro diplomático, también hizo olvidar la polémica en torno al embajador de Bogotá en Managua, el político León Fredy Muñoz, que una semana antes de la esperada decisión de La Haya participó en una marcha en celebración de la Revolución Sandinista de 1979, y en apoyo del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Hasta el momento, Muñoz no se ha pronunciado sobre el nuevo desencuentro.
En ese contexto enrarecido, y a pesar de algunas salidas en falso, el Gobierno de Petro ha acabado por sumarse a la amplia condena internacional a Ortega, luego del destierro de centenares de presos políticos en febrero. La Cancillería colombiana rechazó en su momento “los dictatoriales procederes de quien hace traer a la memoria los peores momentos de la dictadura de Anastasio Somoza”, en referencia al autócrata al que derrocó la Revolución Sandinista, liderada por Ortega. Colombia incluso le ofreció en esos días la ciudadanía al escritor Sergio Ramírez, parte de los más de 300 opositores nicaragüenses despojados de su nacionalidad, y el canciller Leyva informó que el novelista, ganador del Premio Cervantes y exvicepresidente de Nicaragua, la había aceptado emocionado y agradecido.
