Edicio del Capitolio de Colombia.
Foto GUILLERMO LEGARIA SCHWEIZER/GETTY IMAGES
Este artículo fue publicado en la revista científica Sciencie
Por Kata Karath
Con la ayuda de una agresiva campaña en las redes sociales, una coalición de científicos en Colombia convenció esta semana a los legisladores para que retiraran una propuesta que, según dicen, habría limitado severamente el uso de animales en la investigación de laboratorio y de campo. Ahora, los investigadores están presionando a los legisladores para que retiren una segunda propuesta similar.
La controversia se centró inicialmente en la legislación presentada a fines de julio por los legisladores encabezados por Juan Carlos Lozada Vargas, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia en representación del Partido Liberal. Respaldado por grupos de derechos de los animales, incluidos People for the Ethical Treatment of Animals y Animal Rights International, el proyecto de ley tenía como objetivo fortalecer las regulaciones de bienestar animal de la nación. Pero muchos científicos, conservacionistas y otros lo encontraron demasiado extremo. Una disposición establecía que “bajo ninguna circunstancia” podría “utilizarse la vida silvestre en educación o estudios biológicos”. Otro sugirió que la investigación sobre animales salvajes debería permitirse solo si una especie estaba en peligro de extinción o si la investigación era necesaria para abordar una emergencia de salud pública, como una pandemia.
Para resaltar la necesidad de la legislación, algunos partidarios señalaron el reciente cierre de un centro de investigación de primates en el sur de Colombia, financiado por los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU., que presuntamente maltrataba a los monos. Lozada Vargas dijo que el proyecto de ley también se inspiró en las propuestas legislativas de EE. UU., como la Ley de Modernización 2.0 de la FDA, que pondría fin a los requisitos de pruebas en animales para nuevos medicamentos y tratamientos.
Los críticos del proyecto de ley argumentaron que era tan vago y estaba redactado de manera tan amplia que podría cerrar una gran parte de la investigación, incluido el trabajo de campo destinado a monitorear especies en peligro de extinción o brotes de enfermedades. Un problema es que la legislación no definía claramente términos clave como “animal” y “experimento”, dice la bióloga conservacionista Nataly Castelblanco Martínez, vocera de Biodiversos, un grupo formado para oponerse al proyecto de ley de julio. “Estoy bastante segura de que [los legisladores] no estaban pensando en tenias, garrapatas, corales o pepinos de mar, sino en conejitos, ratones y monos en laboratorios” cuando buscaron regular la investigación con animales, dice ella.
El entomólogo Dimitri Forero de la Universidad Nacional de Colombia temía que el proyecto de ley le impidiera recolectar insectos para mostrárselos a sus estudiantes y podría bloquear los estudios de biodiversidad. “Es irónico que, viviendo en uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, todavía sea muy difícil realizar investigaciones al respecto”, dice.
Esta semana, luego de que el proyecto de ley se debatiera en el Congreso, científicos colombianos acudieron a las plataformas de redes sociales para exigir que los legisladores retiren la propuesta. Cientos de investigadores pidieron unirse a Biodiversos.
Inicialmente, los partidarios del proyecto de ley se negaron a eliminarlo. Lozada Vargas, por ejemplo, dijo que la propuesta solo necesitaba ligeras modificaciones, como aclarar que muchas restricciones se aplicaban solo a la investigación “biomédica”. El jueves, sin embargo, anunció que retiraría el proyecto de ley y mantendría conversaciones con científicos y otros antes de publicar una nueva propuesta.
Sin embargo, los investigadores colombianos dicen que su batalla no ha terminado. El 17 de agosto, Forero y otros científicos emitieron un comunicado en el que se oponían a una propuesta similar que aún está pendiente en el Congreso.
