El presidente de Colombia, Gustavo Petro, quiere incluir a todos los actores del conflicto armado en su ambiciosa propuesta de paz total. Tanto a los del presente como a los del pasado. Así lo dejó en claro el pasado domingo, cuando anunció que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso será gestor de paz. Está convencido de que esto es necesario para lograr “la completa paz” y sellar un proceso que, según él, quedó inconcluso pese a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 2003 y 2006. “El proceso de paz entre el Gobierno de [Álvaro] Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad”, justificó. La apuesta, sin embargo, tiene riesgos elevados.
Mancuso, un hacendado de Montería (Córdoba) convertido en señor de la guerra, está acusado de dirigir 139 masacres en las que fueron asesinadas 800 personas. Detenido en Estados Unidos, en mayo profundizó sobre los nexos entre los paramilitares y el Estado como parte de su estrategia para acceder a los beneficios judiciales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). “Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos”, comentó en referencia al asesinato, en 2003, del entonces alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz. “Nos entregaban listados y entonces íbamos y golpeábamos a las casas y los matábamos porque nos decían que eran guerrilleros”, dijo sobre su rol como jefe de un grupo que integraban policías y miembros del Ejército.
El Ejecutivo no ha esperado a la decisión de la JEP y ha optado por nombrar a Mancuso como gestor de paz, una figura que está pensada para gestionar acuerdos con grupos ilegales y que puede implicar el levantamiento temporal de ordenes de captura. Para Luis Trejos, investigador de la Universidad del Norte, la designación llama la atención porque la negociación con las AUC terminó hace más de 15 años y Mancuso ya no participa de una organización militar. “Se fuerza un poco la figura para incluirlo dentro de la estrategia de paz del Gobierno actual”, comenta por teléfono.
La justificación del presidente es que el proceso con las AUC, bandera del Gobierno de Álvaro Uribe, aún está inconcluso. “Las haciendas entregadas se han perdido en manos del Estado, recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo”, explicó en Twitter. “Muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados”, añadió. El exjefe paramilitar, por su parte, afirmó el lunes que mantiene su “convicción” de aportar a la paz total y que su tarea tiene que ver con asegurar la no repetición de los horrores del pasado. Le agradeció a Petro por la designación: “Cerrar el capítulo de las AUC con la firma de un acuerdo que ha sido inexplicablemente pospuesto, honra su palabra de que la paz es una política de Estado y no del Gobierno de turno”.
La oposición, sin embargo, no lo ha visto de la misma manera. Rafael Nieto, viceministro de Justicia durante la Administración de Álvaro Uribe, señaló que es un “nuevo premio a los criminales” y “un pésimo mensaje para los ciudadanos de bien”. El expresidente, en tanto, declaró en Twitter que aún espera “las pruebas de calumnia de Mancuso” y que hay otros líderes paramilitares que deberían acceder a los mismos beneficios. “Que el presidente lo nombre gestor de paz no importa, lo grave es que mienta y que haya discriminación”, agregó.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, por su parte, reiteró el lunes que Mancuso debe ser extraditado desde Estados Unidos y pidió que la JEP sea informada de que varias de las revelaciones de mayo no son novedosas. Asimismo, el fiscal general, Francisco Barbosa, dijo en Caracol Televisión que no levantará las ordenes de captura contra el exjefe paramilitar. El funcionario, rival político de Petro, se ha negado de manera reiterada a tomar estas acciones con miembros de grupos a los que no se les reconoce un carácter político —desde las disidencias de las extintas FARC hasta grupos herederos de los paramilitares—. Alega que se necesita la ley de sometimiento a la justicia, que ya naufragó en el Congreso.
“Una señal de confianza”
La estrategia de Petro trae varias interpretaciones. León Valencia, presidente de la Fundación Paz y Reconciliación, la ve como un movimiento “audaz” que cumple con dos propósitos: la búsqueda de la verdad en el pasado y la expectativa de que, ahora, Mancuso pueda ayudar a desmovilizar y someter a los herederos de los paramilitares. Está en sintonía con el representante Alirio Uribe, del Polo Democrático, que sostiene que el nombramiento puede ser “una señal de confianza” para los miembros de grupos sucesores de las AUC, como el Clan del Golfo. Ambos consideran que es importante recuperar la confianza que se perdió cuando el expresidente Uribe extraditó a Estados Unidos a 14 líderes paramilitares.
Uribe asegura que la extradición de Mancuso “nunca fue para ocultar la verdad”
Trejos no coincide. Para el investigador, es importante recordar que Mancuso lideró una facción de las AUC y que ya pasó mucho tiempo: no cree que tenga incidencia en los actuales líderes de los grupos del crimen organizado que nacieron tras la desmovilización de los paramilitares. Las cúpulas se han renovado y las organizaciones ya no tienen su base en las regiones del norte que controlaba Mancuso —el Clan del Golfo, por ejemplo, tiene una fuerte presencia en el Urabá—. “Uno se preguntaría si los de ahora tienen incentivo para seguir ese camino [de la búsqueda de la verdad]. Más teniendo en cuenta que no hay ley de sujeción a la justicia que incentive a los grupos a dejar las armas”, señala.
Una incógnita es cómo la designación del exjefe paramilitar afectará las relaciones con el expresidente Uribe, quien ha sorprendido por reunirse varias veces con Petro y por pedir a sus seguidores que respeten al actual mandatario. “Mancuso tiene capacidad de destruir el legado político de Álvaro Uribe”, considera Trejos, que aparte expresa su preocupación por la relación con la asociación de ganaderos (Fedegán) y la cooperación de estos con la reforma agraria ―José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, es además uno de los negociadores con el ELN―. Valencia, por su parte, matiza que Petro ha buscado involucrar a todos los sectores y que no tiene intención de utilizar a Mancuso contra Uribe. Reconoce, no obstante, que puede ser que los uribistas teman “una venganza dura” por la extradición de 2008.
Las razones de Mancuso para cooperar son otra incógnita. Valencia cree que no tiene que ver con los beneficios jurídicos, sino con los intentos del exjefe paramilitar de legitimarse ante la opinión pública. “Como todo ser humano, busca legitimar su historia y su vida”, dice el politólogo en una llamada teléfonica. El representante Uribe está de acuerdo: “El beneficio no es tanto en términos judiciales, sino en mostrar buena fe para que la JEP lo reciba”. Trejos, por otro lado, remarca que Mancuso quedaría libre en Colombia si la JEP lo admite dentro de la justicia transicional y que ser gestor de paz implica que se levanten las ordenes de captura.
Este último incentivo, que Barbosa asegura que denegará, es parte de la lucha política entre el fiscal y Petro. Valencia resalta que Barbosa terminará su mandato en unos meses y que el estatus de gestor de paz se le ha otorgado a “gente de todas las características”, desde alias Karina de las extintas FARC hasta los jóvenes de la Primera Línea. “El tipo de gente no es únicamente de marcado carácter político. El fiscal le hace oposición a Petro”, afirma. Para Trejos, habrá tensiones: “Es posible que Barbosa meta palos en la rueda para no levantar las ordenes de captura”.
El representate Uribe, además, agrega que el Gobierno está considerando no radicar un nuevo proyecto de ley de sometimiento a la justicia. La intención es modificar el sistema de Justicia y Paz para que incluya a los grupos sucesores de los paramilitares y para que tenga un mandato que concluya en cinco años (y no sea indefinido como ahora). Esto permitiría que se reduzcan las penas de los líderes de los grupos del crimen organizado que colaboren con la justicia y desmantelen sus estructuras.
