Por Daniel Coronell
Esta es la historia de la última conversación de un hombre desesperado y también la de una periodista cumpliendo con su deber de investigar e informar con seriedad, con consideración humana y sin estridencias. El jueves de la semana pasada, 1 de junio de 2023, la periodista de CAMBIO Sylvia Charry recibió la primera información sobre interceptaciones ilegales en el caso de la niñera Marelbys Meza.
Una fuente de su confianza le contó que en febrero, usando una orden legal de la Fiscalía falsamente motivada por la Dijín de la Policía, fueron chuzadas la niñera y otra empleada doméstica de Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro. Las interceptaciones empezaron poco después del robo de una suma en efectivo en la casa de Sarabia, hurto que ella denunció en la Fiscalía.
Sylvia no cedió a la tentación de la chiva. La versión inicial, como suele suceder, era imprecisa y aproximativa. Necesitaba ser verificada, complementada y contrastada por otras fuentes. Casi tres horas después de conocer la primera información, un alto funcionario la confirmó agregando detalles y precisiones: un investigador de la Dijín en Quibdó, Chocó, había solicitado las interceptaciones señalando que, según una fuente humana, los celulares pertenecían a dos personas del entorno de Wilmer Antonio Quiroz, el abatido cabecilla del Clan del Golfo conocido con el alias de Siopas.
Con la corroboración, Sylvia publicó la noticia. Minutos después otra alta fuente entregó nuevos detalles sobre el trámite de la solicitud, la identidad del fiscal que ordenó las escuchas, el hecho de que un analista de la Dijín en Bogotá advirtió que esas líneas no estaban aportando información relacionada con el Clan del Golfo y la demorada cancelación de las interceptaciones por parte del fiscal local que las había pedido.
La periodista no se conformó con haber publicado la primera noticia y siguió averiguando. El patrullero de la Dijín que pidió la interceptación mantiene su versión según la cual los números telefónicos fueron entregados por un informante que en el pasado ha suministrado datos certeros para golpear al Clan del Golfo. Le pregunté expresamente al investigador de la Dijín si había recibido orden de algún superior suyo de la Policía para “plantar” esos números en el caso. A su no rotundo agregó que él mismo le pidió al fiscal local retirar esos teléfonos cuando el analista de sala advirtió que no había información relevante.
Sylvia habló con miembros de los equipos de la Fiscalía que adelantaban las pesquisas sobre las chuzadas y conoció una hipótesis de la mayor gravedad que empezó a investigar. Una hipótesis es una teoría informada pero no comprobada de un caso.
Según esa teoría, la decisión de las interceptaciones partió de dos coroneles que hacen parte de la Jefatura para la Protección Presidencial, una dependencia de la Casa de Nariño que reportaba directamente a Laura Sarabia. De acuerdo con la hipótesis, los dos oficiales contactaron a un tercer coronel que ha pertenecido a la Dijín, pidiéndole el favor de colar los números de las empleadas en alguna investigación en curso.
La periodista revisó si las personas mencionadas existían y habían estado en los cargos que les atribuían los investigadores. Cuando tuvo evidencia de eso buscó a los tres oficiales. Habló por teléfono con uno de ellos, el que había pertenecido a la Dijín. Él le negó la hipótesis y señaló que por esos días estaba en vacaciones y no tuvo contacto con ninguno de los coroneles de la Presidencia.
Este viernes, 9 de junio, a las 4:17 de la tarde, Sylvia Charry llamó a otro de los mencionados en la hipótesis: el teniente coronel Óscar Darío Dávila Torres, coordinador de protección anticipativa de la Presidencia de la República, es decir el jefe de las avanzadas de seguridad del presidente Gustavo Petro.
No se trataba de una conversación “off the record” con una fuente reservada. Era una comunicación para obtener la versión de los mencionados en la hipótesis de los investigadores de la Fiscalía. La periodista lo trató con respeto y consideración, grabó la conversación con el propósito de transcribirla fielmente en su reportaje. Los detalles y la grabación están en el artículo de portada de CAMBIO.
Hacia las seis de la tarde Sylvia trabajaba desde su casa en la redacción del texto, labor que interrumpió porque era hora de dormir a su bebé. Dejó el teléfono al lado del teclado y cuando volvió, media hora después, encontró una llamada perdida del coronel efectuada a las 6:13 minutos.
A las 6:48 le envió este texto: “Hola, Coronel ¿Me marcó?”. No hubo respuesta. A esa hora, el señor coronel Oscar Darío Dávila Torres ya se había disparado usando el arma de su conductor escolta.
Un día antes se había reunido en el Hotel La Fontana de Bogotá con el abogado Miguel Ángel del Río, a quien le pidió que lo representara ante la justicia. Del Río recuerda que el coronel se veía muy preocupado y le contó que sentía que la Fiscalía lo tenía en la mira. Además, afirmó que la actitud del funcionario del CTI que dirigió inspección judicial al piso 13 del Edificio Sendas, donde funcionaba la sede de las avanzadas de seguridad, lo dejó muy asustado.
El abogado le dijo que no veía inminente una acción judicial en su contra. Le explicó que la Justicia Penal Militar tendría la competencia preferente para revisar cualquier conducta suya y creyó que estaba más tranquilo. Tristemente los hechos demostraron lo contrario.
Jamás sabremos lo que el coronel Dávila quiso decirle a la periodista en la llamada no respondida.
