Por Salvador Álvarez
Colombia escandaliza al mundo con unas «chuzadas» que enfrentan al ejecutivo con la oposición que lo ataca desde las otras dos ramas del poder público.
El reciente escándalo tiene como protagonistas a la más alta funcionaria cercana al Presidente de la República, un embajador que representa a Colombia y a su gobierno en el exterior y a un Fiscal General que, en representación de sus jefes, ejerce la oposición política al gobierno en nombre de la rama judicial.
Los hechos del escándalo son escenificados en los medios de comunicación que cada día alimentan a la opinión pública con la cuota de sangre de la inseguridad, la corrupción generalizada y maximizan supuestos fracasos de las políticas sociales y económicas del gobierno del Presidente Gustavo Petro, y no por él, sino porque los empresarios y la vocación conservadora de la mitad de los colombianos siguen asustados con la llegada de la izquierda al poder.
Pocos, ninguno de los medios tradicionales se ocupa de revisar por qué el país no se ha desarrollado a pesar de haber aplicado durante más de seis décadas las fórmulas económicas y «sociales» del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Colombia se está gastando la fortuna de la bonanza petrolera en la masiva importación y subsidio de alimentos (19 millones de toneladas al año) que la población más pobre no puede adquirir para calmar el hambre.
Al tiempo que se habla de la necesidad de proteger el trabajo formal de los colombianos con una reforma laboral, los grandes almacenes importan tecnologías para suspender los empleos de los cajeros, de los telefonistas, de las secretarias y hasta de los mensajeros que hacían parte de la nómina.
Volviendo al tema, los protagonistas del último escándalo le dieron papaya a la derecha que usa el dinero de los impuestos que financian los sueldos de sus cargos públicos en la Procuraduría y en la Fiscalía para ejercer la oposición sin miramientos al rabo de paja en que están sentados.
Las «diligentes» investigaciones de la Procuradora y del Fiscal no se han ocupado de las averiguaciones que les encargó la opinión pública por los escándalos de corrupción que salpicaron al anterior gobierno y a ellos mismos.
Los medios de comunicación que en Colombia ya no son la inspiración de familias periodísticas, se han sumado a la corrupción cuando no dicen la verdad de lo que está pasando, lo callan o lo disfrazan para mantener vigentes y rentables sus intereses.
