Editorial
La disolución de la Asamblea Nacional de Ecuador dictada por el presidente Guillermo Lasso este pasado miércoles constituye una drástica decisión destinada a interrumpir de forma abrupta la legislatura y fija un horizonte para el final de su mandato. Lasso tomó la decisión durante el debate de una moción de censura que abría la puerta a su probable destitución por un presunto caso de malversación de fondos. El veterano político, un exbanquero conservador en lo social y neoliberal en lo económico, optó por adelantarse al resultado adverso recurriendo por primera vez en la historia democrática de Ecuador a una figura consagrada en la Constitución y conocida como “muerte cruzada”.
El cierre del Parlamento implica su fin como presidente pero también el de los parlamentarios y la convocatoria, en el plazo de una semana, de elecciones presidenciales y legislativas. Lasso podrá gobernar por decreto por un período máximo de seis meses (y ya ha aprobado una rebaja de impuestos), y los ganadores permanecerán en el poder hasta culminar el período presidencial en 2025.
Lo sucedido en Ecuador está lejos de ser una improvisación:Lasso intentó negociar hasta última hora sin lograr la seguridad de un resultado favorable ante la moción y optó por la disolución del poder legislativo en una muestra clara de la incapacidad del también jefe de Estado para gestionar la crisis sin llevarla tan lejos. El mecanismo legal utilizado plantea una suerte de borrón y cuenta nueva, y devuelve la palabra a los ciudadanos. El presidente habló de “conmoción interna” y ciertamente se refería a la profunda polarización del país, al grave problema de seguridad y a la determinación de la oposición de acabar con su mandato. La acusación que motivó el juicio político es su supuesta tolerancia ante el desfalco causado por un contrato entre la empresa pública de transporte de petróleo, Flopec, y Amazonas Tanker, que supuso unas pérdidas millonarias.
Lasso niega rotundamente las acusaciones mientras su popularidad registra una caída en picado, entre otras cosas por una de las peores escaladas de violencia de la región. Tras su llegada al poder en 2021, acusó el primer castigo de las urnas el pasado febrero en los comicios locales, cuando la izquierda se impuso en las principales plazas, representada por el partido del expresidente Rafael Correa, Revolución Ciudadana. Su movimiento ha demostrado haberse recuperado de la derrota de las presidenciales, y es el que ahora más celebra el adelanto de unas elecciones previstas para finales de agosto.
Tampoco hubo protestas de otros actores políticos de Ecuador y ni siquiera la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) optó por impulsar las movilizaciones que había anunciado. Quizá solo los ciudadanos siguen perplejos ante la inédita decisión del presidente Lasso de disolver la Asamblea y dar inicio así a la precampaña.
