Por Vitor Gaspar, Raphael Lam, Paolo Mauro y Mehdi Raissi
(English)
La pandemia de COVID-19 se está acelerando en muchos países y la incertidumbre es inusualmente elevada. Se necesitan acciones públicas contundentes para garantizar una distribución ágil y amplia de las vacunas, proteger a los hogares más vulnerables y empresas viables, y promover una recuperación duradera y sostenible.
Muchos países han continuado dando apoyo a personas y empresas en medio del resurgimiento de infecciones y nuevas restricciones, mientras calibran sus respuestas a la evolución de la situación económica. La actualización del informe Monitor Fiscal de enero de 2021 ofrece una visión general de tales iniciativas y describe qué otras medidas pueden tomar los gobiernos para lograr una recuperación más verde, más justa y más duradera.
El apoyo público ha ayudado a personas y empresas
El apoyo fiscal mundial llegó a casi USD 14 billones a fines de diciembre de 2020, un aumento del orden de los USD 2,2 billones desde octubre de 2020. Incluye USD 7,8 billones correspondientes a gasto adicional o (en menor proporción) medidas que resignan ingresos y otros USD 6 billones correspondientes a garantías, préstamos e inyecciones de capital (información detallada de países aquí).
Este apoyo no ha sido uniforme entre los países, ya que ha dependido del impacto de los shocks relacionados con la pandemia y de la capacidad de los gobiernos para endeudarse. En las economías avanzadas, las acciones fiscales abarcan varios años (superan el 4% del PIB en 2021 y años subsiguientes). En cambio, en los países en desarrollo y en mercados emergentes las medidas de apoyo se tomaron inmediatamente, y una gran proporción de ellas están venciendo. Este apoyo, sumado a la contracción económica que genera una menor recaudación de ingresos, ha provocado un aumento de los déficits y del endeudamiento público. La deuda pública promedio en el mundo llegó a un 98% del PIB a fines de 2020, frente a un 84% proyectado antes de la pandemia para esa misma fecha.
Los mayores aumentos de los déficits fiscales y de deuda se registraron en las economías avanzadas, debido a un mayor gasto y a la disminución de los ingresos. En los mercados emergentes, el aumento de los déficits obedeció principalmente a la depresión de los ingresos tributarios a raíz de la recesión económica. En los países de bajo ingreso, la respuesta de la política fiscal ha sido más acotada, debido a las limitaciones de financiamiento y a un menor desarrollo de los programas de bienestar social. Por ese motivo, se corre el riesgo de que la pandemia deje un impacto duradero, lo que incluye mayores niveles de pobreza y desnutrición en estos países.
El apoyo fiscal debe estar disponible hasta que la recuperación esté encaminada
La cooperación mundial para producir y distribuir ampliamente tratamientos y vacunas es fundamental. La vacunación es un bien público mundial que salva vidas y, eventualmente, ahorrará dinero de los contribuyentes en todos los países. Cuanto antes concluya la pandemia mundial, más rápido podrán las economías volver a la normalidad y las personas necesitarán menos apoyo público.
Debido al nivel inusualmente alto de incertidumbre, las políticas deben responder de manera flexible al cambio en las condiciones de la economía y de la pandemia, según sea necesario y con la diferenciación adecuada. La mayoría de los países tendrán que hacer más con menos, en vista de las limitaciones cada vez mayores de sus presupuestos. Esto implica centrarse en los más afectados y más vulnerables, incluidos los sectores pobres, las mujeres y los trabajadores informales, y en empresas que probablemente sigan siendo viables después de la crisis y que tienen importancia sistémica para la economía.
Muchos países de bajo ingreso enfrentarán dificultades, incluso tras haber hecho los deberes. Necesitarán asistencia adicional, que incluya donaciones, financiamiento en condiciones concesionarias, la prórroga de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda o, en algunos casos, la reestructuración de su deuda. Será esencial poner rápidamente en funcionamiento el Marco común para el tratamiento de la deuda y ampliar los criterios para que los países deudores puedan acceder.
La política fiscal debe permitir una transformación verde, digital e inclusiva de la economía una vez superada la pandemia de COVID-19. Las prioridades incluyen:
- La inversión en sistemas de salud (incluidas vacunas), educación e infraestructura. Una campaña de inversión pública verde coordinada por los países con espacio fiscal podría fomentar el crecimiento mundial. Los proyectos —idealmente con la participación del sector privado— deben apuntar a mitigar el cambio climático y facilitar la digitalización.
- Contribuir a que las personas vuelvan al trabajo y cambien de trabajo, de ser necesario, mediante subsidios para la contratación, una mejor capacitación y programas de búsqueda de empleo.
- Fortalecer los sistemas de protección social para ayudar a combatir la desigualdad y la pobreza.
- Reformular los sistemas tributarios para promover una mayor equidad y ofrecer incentivos para proteger el entorno.
- Recortar el gasto inútil, afianzar la transparencia de las iniciativas de gasto y mejorar las prácticas de gobierno para aprovechar plenamente los beneficios del apoyo fiscal.
Las autoridades económicas tendrán que buscar el equilibrio entre dar mayor apoyo a corto plazo para garantizar una recuperación sólida y mantener la deuda en niveles controlables a largo plazo. En este punto será fundamental el desarrollo de marcos plurianuales creíbles para ingresos y gasto (que incluyan cómo fortalecer las posiciones fiscales a mediano plazo), en especial en aquellos países con alto endeudamiento y limitaciones de financiamiento.
En síntesis, los gobiernos deben ganar la carrera de la vacunación, responder con flexibilidad a los cambios en las condiciones económicas y preparar el terreno para una recuperación más verde, más justa y más duradera.
