El Ministerio Público determinó que los investigados incurrieron en falta disciplinaria al no realizar los estudios de necesidad, conveniencia y oportunidad para la suscripción del Contrato de Prestación de Servicios No.634 de 2014, que se adelantó sin un debido análisis del sector económico y generó un detrimento patrimonial para el municipio.
El negocio jurídico celebrado con la empresa G&H Investments SAS, tenía por objeto «contratar la prestación de los servicios profesionales para asesorar, apoyar y acompañar el proceso de enajenación de 4’419.183 acciones ordinarias del Banco Popular de propiedad del municipio», por valor de 350 millones de pesos, valor que resultó excesivo, en casi un 64%, para cubrir los honorarios del intermediario bursátil.
El ente de control señaló que hubo un incumplimiento de deberes por parte de los exfuncionarios, que permitió pagos excesivos en la adquisición de un servicio.
La falta fue calificada como gravísima a título de culpa grave.
Contra el fallo de primera instancia procede el recurso de apelación.
Está pendiente la investigación sobre la negociación adelantada por Diego Escobar que como alcalde del puerto cundinamarqués traspasó a una empresa particular el Hospital Municipal San Rafael.
