Por Elisabeth Ungar Bleier, Bogotá
Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), entre enero y lo que va corrido de septiembre de 2020 han sido asesinados en Colombia más de 152 líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y exmiembros de las Farc.
La mayoría de estos últimos le apostaron a la paz y a la dejación de las armas, pero el Estado les falló. Ha habido 61 masacres en las que murieron 246 personas, muchas de ellas jóvenes, sin contar los 22 muertos entre el 19 y 23 de este mes.
Mientras el país observa con estupor esta tragedia que parece no encontrar fin, las autoridades prometen investigaciones exhaustivas que en su mayoría no han arrojado resultados que permitan esclarecer quiénes son los autores y cuáles son las motivaciones detrás de estos hechos. En paralelo presentan planes de acción que fundamentalmente proponen incrementar la presencia del ejército y la policía, pero no enfrentan las causas reales que hay detrás de estos asesinatos. Entre ellas, la ausencia del Estado y el abandono en el que se encuentran las regiones más impactadas por la violencia son evidentes.
