“Tenemos corte, tenemos justicia”, dijeron unos, “llegamos al gobierno de los jueces”, expresaron otros, muy pocos vieron la democracia y los derechos amenazados, en un país en el que los gobiernos eliminan los pesos y contrapesos, para manejar las cosas a su manera.
La Corte se pronunció sobre los derechos constitucionales que tiene la gente para protestar pacífica y ordenadamente.
Como buenos leguleyos, hemos salido a favor y en contra del pronunciamiento de la CSJ, ante el exceso de fuerza que la policía y el Esmad han aplicado a los manifestantes. En Colombia cada vez se afianza el miedo ante unas fuerzas que fueron creadas para la defensa de los ciudadanos y no para impedir que se pronuncien y rechacen dudosas actuaciones de los gobiernos. Hay que recordar la famosa construcción de especies de estadios para que solo allí se pudieran expresar en contra del Estado. O la conformación de grupos con millones de “informantes, orejas, sapos o soplones”, que han propuesto para controlar la inconformidad social. Y qué decir de las extralimitaciones del gobierno Duque para arrogarse funciones aprovechando la pandemia, con un congreso virtualizado y enmermelado, y una justicia intimidada. Pasada la emergencia económica, aún hay normas, decretos y protocolos que castigan a los colombianos y les violan sus derechos.
Todo eso y lo que fustiga y constriñe a la ciudadanía, obligan a la gente a expresarse y manifestarse.
A estas marchas y protestas, hay que reconocerlo, infiltran de parte y parte, revoltosos expertos en sabotaje, revueltas y saqueos. La revolución de las cámaras ha cambiado las cosas. Ellas registran la brutalidad de unos y otros. Puñados de maleantes y provocadores, son detectados, y sus acciones justifican la intervención de Esmad y policía con excesos de fuerza, torturas y muerte.
Utilizan armas prohibidas internacionalmente y desmedidas acciones, apoyadas con “perfiladores” y “chuzadores”. Parecen tener licencia para el desenfreno, que se les manifiesta en los pocos rasgos que dejan ver sus caras. “Sus actuaciones son personales”, dijo el gobierno. No parecen haber recibido entrenamiento y preparación para controlar las protestas ciudadanas y la utilización de armas, que solo por acá se utilizan. El propio Presidente, tal vez sin haber observado la brutalidad de esas actuaciones les da total respaldo y hasta se disfraza para abrazarlos.
Por fortuna, en esta democracia existe una CSJ, con independencia que, ratifica los derechos de la ciudadanía, explicando que las manifestaciones deben ser pacíficas, al tiempo que le notifica al Estado que el control, debe ser racional y ajustado a la normatividad. No más muertes de manifestantes y acciones desenfrenadas de la fuerza pública. En “choque de trenes”, el Estado replica y pide a la Corte Constitucional revisar lo actuado por la CSJ. Califica de actuaciones personales los procederes de policía y Esmad, cuando se apartan de las normas. Ni una palabra de pedir disculpas.
BLANCO: El Procurador dice que tutela de la CSJ es de cumplimiento obligatorio.
NEGRO: ¿Por qué quieren sacar al Gerente del Banco de la República?
