Por Nicholas Casey
Nicholas Casey reportó desde México, en donde revisó material confidencial legal y entrevistó a fiscales, testigos y periodistas ocultos.
El 19 de octubre de 2021, Armando Linares López escribía notas de una entrevista cuándo su celular comenzó a vibrar, mostrando un número desconocido. Linares, de 49 años, fornido y con cabello negro que apenas comenzaba a mostrar algunos mechones grises, dirigía un sitio web de noticias en una pequeña ciudad mexicana llamada Zitácuaro; conocía su ritmo tan íntimamente que las llamadas desde números de teléfono desconocidos eran inusuales.
Pero el hombre al otro lado de la línea habló de una manera que le resultó reconocible de inmediato. Linares ya conocía ese tono agudo y amenazador tras años de roces con todo tipo de narcos mexicanos.
“Soy el comandante Águila”, dijo la voz. “De parte del Cártel Jalisco Nueva Generación”.
Durante años, Zitácuaro, en las colinas del estado de Michoacán, había sido conocida principalmente por sus huertos fértiles de aguacates y el bosque de pinos y encinos donde los turistas acudían para ver la llegada anual de las mariposas monarca. Pero su ubicación central la había hecho cada vez más atractiva para el tráfico de drogas. Los agricultores cultivaban marihuana y amapola real, la fuente de la heroína, en las montañas cercanas, y en los últimos años los cárteles internacionales de la droga habían estado utilizando Michoacán como estación de paso para los envíos de metanfetamina y fentanilo. El ascenso de Linares como periodista coincidió con el auge de las drogas, y pudo observar sus efectos devastadores en Zitácuaro: cabezas decapitadas arrojadas frente a un concesionario de automóviles, dueños de negocios secuestrados para pedir dinero por su rescate y un gobierno que parecía no querer o no poder hacer nada al respecto.
Linares decía con frecuencia que si México pretendía escapar de la violencia que la devoraba, la prensa debía ir tras los políticos que permitían y facilitaban el crimen. Es por eso que en 2019, junto con un puñado de amigos, Linares fundó un sitio web de noticias llamado Monitor Michoacán, el cual funcionaba en el piso de abajo de un despacho de abogados. Linares, quien se convirtió en el principal (y quizás único) periodista indagador de la ciudad, dominó en poco tiempo la conversación local. Por lo general publicaba grandes reportajes los lunes o martes —fraudes contractuales, sobornos y extorsiones policiales— y pasaba el resto de la semana publicando documentos de apoyo en Twitter y Facebook. Los viernes, se retiraba a un pequeño estudio al fondo de la sala de redacción para hablar en vivo con sus fuentes en su webcast semanal.
En 2021, la gran historia era Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, el joven y popular alcalde de Zitácuaro, quien 12 años antes había sido arrestado por agentes federales luego de que su nombre apareciera en la nómina de pago de un cártel de drogas local. El caso contra el alcalde se desmoronó, y este siguió en la política, consiguiendo varios cargos federales. Recientemente había logrado recuperar la alcaldía, esta vez con hombres armados con rifles de alto poder y sus rostros cubiertos con pasamontañas, haciendo guardia en sus eventos de campaña. Las fuentes de Linares dijeron que los hombres en cuestión pertenecían al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Y ahora, un comandante de ese cártel estaba del otro lado de la llamada en su celular, con ganas de conversar.
Linares puso dos dedos sobre el auricular y le hizo un gesto a otro periodista en la sala de redacción para que viniera rápidamente; necesitaba grabar la llamada. Linares agarró un cuaderno y una pluma, y puso el teléfono en altavoz. “¿Quién me habla?”, dijo.
El hombre que lo llamaba fue directo al grano: Monitor Michoacán tenía que dejar de estar “quemando” al gobierno local y a la fiscalía. Linares lo interrumpió. Le dijo que el medio no tomaba partido; su trabajo era documentar acontecimientos, nada más. Pero el comandante no buscaba debatir el papel del periodismo en una democracia. Le dijo a Linares que volvería a saber de él y luego colgó.
Dos semanas después, Linares se encontraba en su casa cuando su teléfono vibró, en esta oportunidad con un mensaje mucho más directo en WhatsApp. “Amigo, ya se le dijo que dejes de estar quemando al gobierno”, decía el texto. “Uno quiere ser tu amigo. Si no, te vas a ganar un problema con nosotros. Deja de estar quemando al fiscal”.
Linares se quedó viendo el mensaje en su teléfono, sin saber bien qué hacer. Monitor Michoacán estaba investigando las acusaciones de que el gobierno local le estaba pagando de más a contratistas cómplices para proyectos municipales de alumbrado y también había hecho algunos reportajes que establecieron vínculos entre el cártel de Jalisco y la fiscalía. Sabía que la amenaza era seria y que el “problema” prometido significaba con casi toda certeza la muerte, ya que, como me dijo otro periodista local, “matar a un periodista es muy fácil y muy económico”.
Linares también sabía que lo más probable era que el gobierno hiciera muy poco para protegerlo a él y a sus colegas. En México, los ataques a los periodistas casi nunca eran resueltos por los investigadores, quienes con frecuencia estaban aterrorizados o eran cómplices de los asesinos. Los periodistas estaban por su cuenta. Durante mucho tiempo, el editor había repetido una frase en la sala de redacción: “Nuestra única defensa es una pluma”. Linares puso su teléfono a un lado.
Monitor Michoacán seguiría publicando, como siempre lo había hecho.
‘Quién es quién en las mentiras’
El mundo se ha convertido en un lugar cada vez más peligroso para los periodistas, pero —aparte de la guerra en Ucrania— ningún lugar es más mortal para ellos que México. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, desde que el gobierno federal comenzó su brutal y caótica guerra contra el narcotráfico en 2006, al menos 128 periodistas han sido asesinados en el país, 13 de ellos solo en el último año, un récord escalofriante.
Los periodistas mexicanos han enfrentado hackeos en sus teléfonos, amenazas de muerte, golpizas, torturas y, en una ocasión, ataques con granadas en su redacción. Se enfrentan a estos peligros en parte porque las autoridades, cuyo trabajo es protegerlos, en muchos casos han estado infiltradas por los cárteles desde hace mucho tiempo: por ejemplo, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, fue sentenciado en Estados Unidos este año por aceptar millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa a principios de la década de 2000, cuando era director de la Agencia Federal de Investigación, el equivalente mexicano del FBI. Y en 2014, agentes de la policía en la ciudad rural de Iguala secuestraron a 43 estudiantes en autobuses que se dirigían a una marcha en Ciudad de México y se los entregaron a un cártel de drogas que había asumido por error que formaban parte de un ataque de un rival. Este año, la revelación de varios mensajes de texto mostró que casi todas las ramas del gobierno en la región —incluidos soldados, la policía y un alcalde local— se comunicaban con el cártel, el cual asesinó a los estudiantes e incineró algunos de ellos en un crematorio.
Incapaz de proteger a los periodistas en donde trabajaban, México recurrió a esconderlos en casas refugios por todo el país. Tras años de involucrarse cada vez más con grupos criminales, el gobierno mexicano está en cierto sentido en una batalla contra sí mismo, con caso tras caso en los que el gobierno está, o al menos parece estar, tan involucrado en el crimen como en el castigo. A veces la conexión es clara. En 2017, Miroslava Breach Velducea, una periodista en el estado norteño de Chihuahua, fue asesinada a tiros por un cártel de drogas tras haber pasado años reportando e informando sobre grupos criminales y corrupción. Hugo Amed Schultz Alcaraz, un exalcalde sobre el que Breach había escrito, admitió luego haber facilitado grabaciones de la periodista a miembros del cártel que la asesinó y fue sentenciado a ocho años de prisión por su participación en su muerte.
Pero las preocupaciones sobre la complicidad del gobierno suelen ser ignoradas. En 2014, Rubén Espinosa, un fotógrafo de 31 años, comenzó a recibir amenazas luego que de la revista Proceso publicara una fotografía que Espinosa había tomado de Javier Duarte de Ochoa, en ese momento gobernador del estado de Veracruz, en un artículo que proclamaba a la entidad como un “estado sin ley”. En 2015, tras huir de Veracruz, Espinosa fue asesinado a disparos junto a otras cuatro personas en un apartamento en Ciudad de México. Al menos 17 periodistas de Veracruz fueron asesinados mientras Duarte ocupó el cargo, un récord macabro. El exgobernador está actualmente en prisión por cargos relacionados con asociación delictuosa y lavado de dinero, pero nunca ha sido acusado en relación con alguno de los asesinatos. De 105 investigaciones de asesinatos de periodistas en México desde 2010, solo seis han culminado en sentencias por homicidio, según Human Rights Watch.
Lejos de defender a los periodistas, algunas de las autoridades más prominentes del país se han puesto en su contra. En 2021, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agregó un nuevo segmento semanal en su conferencia de prensa matutina llamado “Quién es quién en las mentiras”. En diciembre, el presidente puso en la mira a tres periodistas, incluido Ciro Gómez Leyva, un conocido presentador de televisión, al afirmar que “si los escucha uno mucho, hasta le puede salir a uno un tumor en el cerebro”. Al día siguiente, Gómez Leyva iba manejando hacia su casa tras salir de su programa cuando dos hombres en una moto comenzaron a dispararle a su auto. El presentador sobrevivió solo porque su coche estaba equipado con ventanas antibalas.
Armando Linares sabía que investigar al gobierno local podría ser riesgoso en muchos niveles. En su anterior trabajo, en un periódico de publicación diaria llamado El Despertar, había pasado meses investigando vínculos entre la fiscalía del estado y los cárteles de la droga que debía supuestamente erradicar. Sus colegas le habían advertido que el periódico dependía de los anuncios publicitarios del gobierno local. Poco después, en efecto, el fiscal general del estado convocó una reunión con el dueño del periódico para que cesaran los reportajes. Cuando Linares se enteró de la reunión, confrontó al dueño y poco después se fue del diario, según me dijeron varios de sus colegas, aunque no se sabe con certeza si fue despedido o si renunció a modo de protesta.
Uno de sus excolegas me describió a Linares como el tipo de periodista de calle que estaba tan bien conectado que en ocasiones llegaba a las escenas del crimen antes que la policía. Pero también había tenido problemas con la bebida y años antes había estado en rehabilitación por adicción a las drogas. Estaba casado pero tenía años sin vivir en la misma casa que su esposa y tres hijos. Joel Vera Terrazas, su colega en Monitor Michoacán, me dijo que el periodismo era lo que había salvado a Armando de sus demonios personales. Cuando Vera, un reconocido abogado en Zitácuaro, se encontró a Linares en un temazcal en las afueras de la ciudad tras su salida de El Despertar, dijo que pudo ver el impacto que los últimos meses le habían causado a su amigo. Fue entonces cuando Vera le hizo a Linares una propuesta: financiaría un nuevo medio noticioso en la ciudad con Linares al mando.
La mañana de un lunes en 2019, el equipo de Monitor Michoacán se reunió en su redacción, una pequeña oficina debajo del despacho de abogados de Vera. Entre ellos se encontraba Roberto Toledo Barrera, un exconductor de autobuses que entró a trabajar allí como camarógrafo y fotógrafo. Wilberth Sebastián Joven, un abogado del bufete de Vera, fue contratado como investigador de medio tiempo. Vera se encargaría de la parte de los negocios y escribiría su propia columna semanal. Y Linares, como había prometido Vera, era ahora el editor y escritor principal del medio. Vera, tiempo después, le compró un traje y zapatos a juego a Linares, e insistió en que los usara durante las entrevistas. Pero más allá de eso, le dijo Vera a Linares, no interferiría con su trabajo.
Linares contaba ahora con un tipo de libertad que no había sentido antes, algo que pocos periodistas en México han podido disfrutar: estaba a cargo de su propio medio y tenía independencia editorial. “No vendas tu pluma”, le dijo a la redacción.
‘Temo por mi vida’
En los dos años en los que Monitor Michoacán había estado publicando, durante decenas de investigaciones, Linares nunca había recibido una amenaza tan frontal como las que recibió con la misteriosa llamada y el mensaje de WhatsApp. Vera decidió buscar ayuda de las autoridades, pero nadie en la redacción confiaba en los funcionarios de Zitácuaro. En su lugar, Vera viajó con Linares a Ciudad de México, donde se reunieron con funcionarios de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. Dicha unidad depende de la Fiscalía General de la República, la cual tiene amplios poderes para proteger periodistas, como gestionar la “extracción” hacia casas refugios del gobierno.
Durante una hora, Vera le explicó a un funcionario el trabajo que Monitor Michoacán venía haciendo y las amenazas que había recibido; proporcionó una lista de nueve políticos, entre ellos el alcalde de Zitácuaro y el fiscal local, quienes la redacción creía podrían estar detrás de la amenaza. Pero el funcionario, me contó Vera, pareció no darle mucha importancia a la historia, y afirmó que ese tipo de amenazas sucedían a menudo y que lo más probable era que el asunto se calmaría solo. Vera y Linares salieron de la oficina con las manos vacías, sin alguna gestión para la extracción ni ninguna otra medida de protección.
Linares no le contó a nadie más en Zitácuaro sobre las amenazas, ni siquiera a su esposa. Siguió con sus investigaciones, y publicó historias sobre los contratos de alumbrado municipal inflados y sobre un detective que, según las fuentes de Linares, le cobraba a las víctimas de crímenes hasta 10.000 pesos, unos 480 dólares en ese momento, para investigar. “Si no hay dinero, no hay investigaciones”, escribió.
Poco después, la situación con el comandante Águila empeoró: el jefe del cártel volvió a llamar para exigir un pequeño “apoyo” monetario al grupo, y luego una y otra vez. El monto solicitado variaba en cada llamada, pero Águila al final se decidió por una suma de 500.000 pesos, unos 24.000 dólares. Linares y Vera comprendieron que ahora estaban atrapados en el mismo tipo de plan de extorsión que llevaban años reportando.
Buscaron maneras de ganar tiempo, y Vera llamó a un conocido que era instructor de artes marciales para conseguir algunos consejos de seguridad; el instructor sugirió instalar cámaras de video, así como una segunda puerta en la entrada de la redacción, la cual pudiera ser abierta solo por un interruptor luego de que las personas hayan pasado la primera puerta. Las puertas debían ser de acero, reforzadas para soportar impactos de bala. Incluso si los intrusos lograban pasar la primera puerta, se encontrarían con una puerta cerrada con llave entre ellos y la sala de redacción.
Vera sabía que el pago era inevitable si quería que la redacción siguiera segura. Él y su esposa sacaron dinero de sus ahorros, y algunos miembros del personal organizaron una colecta entre amigos. A mediados de diciembre, Linares acordó un día para hacer la entrega. Pero la locación del encuentro fue inusual: Águila quería reunirse en la plaza frente a la alcaldía. Los fajos de dinero no cabían en un sobre, por lo que Linares tuvo que buscar una bolsa de papel para guardar allí los 500.000 pesos. A las 10 a. m., Toledo llegó con la bolsa de dinero mientras Linares observaba desde una esquina y Sebastián desde un auto estacionado. Llegaron dos hombres del cártel y se estacionaron en lugares reservados para empleados gubernamentales. Sus rostros estaban cubiertos, por lo que fue imposible saber si el comandante Águila había ido o había enviado a dos de sus tenientes.
Lo que sea que el pago haya logrado, no pudo evitar la llegada de una nueva amenaza, mucho más grave. Una cuenta falsa de Facebook publicó la foto de perfil de WhatsApp de Linares, la cual lo mostraba de pie junto a una mujer. Eso fue algo preocupante. Sin embargo, lo más preocupante fue el hecho de que la publicación afirmaba que la mujer en la foto estaba relacionada con un líder de Cárteles Unidos, rivales del cártel del comandante Águila, y que Linares tenía una alianza con ellos. El peligro fue inmediatamente evidente para todos en la redacción: en el pasado, antes de algún ataque sangriento contra periodistas, solían surgir mensajes misteriosos que vinculaban a los periodistas con cárteles. A veces los funcionarios mexicanos incluso exageraban las supuestas conexiones con poca evidencia. Esto permitía que el asesinato pareciera otra disputa entre miembros de cárteles y ofrecía una excusa fácil para evitar una investigación.
Vera se reunió con otros miembros de la redacción un momento, para deliberar los siguientes pasos. Linares se enfiló hacia el cuarto de transmisión. Toledo lo siguió, mientras prendía la cámara y ambos se preparaban para iniciar una emisión en directo por Facebook Live. Linares llevaba una chaqueta acolchada amarilla y un cubrebocas, el cual se quitó antes de comenzar a hablar. “Muy buenas noches, amigos de Monitor Michoacán”, comenzó. Explicó la misteriosa publicación de Facebook y dijo que la mujer en la foto no tenía nada que ver con ninguna organización criminal. Los falsos perfiles en línea buscaban propagar información falsa y generar una distracción de las noticias reales que el medio estaba publicando. “Utilizando la lógica normal, sabemos que los ataques vienen directamente de la administración pública”.
Linares continuó: “En los últimos días y las últimas semanas ha habido asesinatos de periodistas, quienes han señalado a gobiernos corruptos”, dijo. “Lo mismo está pasando aquí en Zitácuaro Michoacán”, dijo, antes de añadir, “hoy puedo decir: temo por mi vida y estaré solicitando la protección federal”.
México tiene leyes muy estrictas respecto a las armas, pero muchas personas las portan de manera ilegal. Ese otoño, Vera había adquirido un arma gracias a un amigo. Primero intentó dársela a Linares, quien la rechazó. Se la ofreció entonces a Toledo.
“Ten, Roberto”, dijo Vera. “Carga. Tú eres el que más está afuera”. Pero Toledo también la rechazó; argumentó que él disparaba fotos, no balas.
“No, licenciado. Usted téngala”, dijo, regresándole el arma a Vera. “Pase lo que pase, soy el primero que hago frente, y caigo para defenderte”.
‘Somos del ayuntamiento’
Toledo comenzó la mañana del 31 de enero de 2022 con una parada en la fiscalía. Monitor Michoacán llevaba un recuento continuo de visitas sorpresa que realizaba a varios edificios municipales para ver si los trabajadores estaban presentes durante sus horas de oficina publicadas. Como de costumbre, no encontró mucho que ver, por lo que Toledo tomó una foto de los escritorios vacíos. Su teléfono sonó, y era Vera, quien le tenía una petición: ¿podía Toledo hacer el favor de llevar un par de botellas de Coca-Cola a la oficina? El fotógrafo se detuvo en una tienda de la esquina y luego prosiguió en dirección a la sala de redacción.
Al mismo tiempo, varios hombres en motos se acercaron a la sede de Monitor Michoacán y se estacionaron en una calle lateral con vista a la entrada. Dos de los hombres se acercaron al edificio mientras Toledo, con los refrescos en la mano, tocaba el timbre. A través del interfono, Vera le preguntó a los extraños por qué estaban allí. “Somos del ayuntamiento”, dijo uno de los hombres. Pero esto no lucía para nada como una visita oficial: uno de los hombres vestía una sudadera gris con la capucha bajada y el otro llevaba una gorra de béisbol. Solo se les podía ver los ojos sobre sus cubrebocas. Vera le abrió la primera puerta a Toledo, y los dos hombres entraron detrás de él.
Sebastián abrió la segunda puerta, y la cerró de inmediato cuando vio armas. “Hágale, hágale”, dijo el hombre de la sudadera con capucha.
Se escucharon disparos. Toledo levantó los brazos por instinto, como si pudiera bloquear las balas. Estas atravesaron sus antebrazos y le perforaron el torso.
Vera vio todo esto, petrificado, a través del circuito cerrado de cámaras de video. Luego reaccionó y tomó el arma de su escritorio, dirigiéndose al frente de la sala de redacción. Se agachó y tomó posición de disparo con el dedo en el gatillo. Se escuchó otra ráfaga de balas que impactó la puerta varias veces. La puerta resistió. Se oyeron más palabras afuera y luego el sonido de una motocicleta alejándose a toda velocidad. Finalmente, Vera bajó su arma.
Alguien llamó a una ambulancia. Sebastián corrió afuera. Por un segundo, Toledo parecía el mismo de siempre: sus zapatillas deportivas negras todavía en los pies, sus cigarrillos y su bolígrafo Bic todavía en el bolsillo. Pero estaba sobre un charco de sangre. Tenía tres entradas de bala en su estómago y otras en su brazo, esternón y hombro. Le quedaron alojados fragmentos de bala en su corazón, hígado e intestinos. Toledo estaba diciendo algo, pero nadie podía oírlo. Vera se acercó. “Ya me dieron”, fue todo lo que pudo escuchar. “Ya me dieron”.
Los paramédicos se llevaron a Toledo al hospital. Por un momento, solo hubo silencio en la redacción. Linares entró, tras haber regresado a toda prisa de una entrevista en otra parte de la ciudad. Excepto por él y Toledo, todos estaban en sus escritorios cuando llegaron los hombres armados. El arma de Vera no habría servido de mucho, pensó Vera; si hubieran logrado entrar, todos en la redacción habrían sido asesinados. Fue el único pensamiento esperanzador que Vera pudo generar en ese momento. Pero incluso ese pequeño consuelo se hizo añicos cuando sonó el teléfono: Toledo había fallecido camino al hospital.
Luego vino otro golpe. Detectives de la fiscalía —las mismas personas que Linares llevaba una carrera denunciando como corruptos— estaban ahora allí, desplegando cinta policial y recolectando casquillos. Los funcionarios pidieron una declaración, y Linares se negó, alegando que no confiaba en ellos. Luego se fue a su oficina, lloró, recuperó la compostura y, finalmente, se acercó a Vera.
“Podemos hacer una transmisión”, dijo, en voz baja.
Vera miró a Linares. Anunciar el tiroteo en línea se sentía como una idea terrible. “Ya dejemos en paz todo esto”, dijo. “Ya nos acabaron. Ya nos acabaron, viejo. No hagas la transmisión, para evitarnos problemas”.
Pero a Linares no le importó. Entró al cuarto de transmisión y comenzó a presionar los interruptores de las computadoras y los micrófonos. Le resultaba tan natural, era un proceso tan rutinario que por un momento olvidó que su operador de cámara estaba muerto. “Roberto, las luces”, dijo, antes de darse cuenta de su error.
“Muy bien amigos, vamos a hacer esta transmisión y va a ser una transmisión bastante breve”, dijo frente a la cámara. “Hoy asesinaron a uno de nuestros miembros de nuestro equipo”. Su sitio web había investigado a la élite política de la ciudad y había recibido a cambio amenazas de muerte, dijo. Ahora la redacción había pagado el precio. Pero no dejarían de trabajar, dijo; tenían una lista de nombres de los responsables del ataque y pronto, advirtió, “la información va a seguir fluyendo”.
“Nosotros no estamos armados, no traemos armas, nuestra única defensa es una pluma, un lapicero y una libreta”, dijo, levantando el cuaderno de espiral que tenía al lado. “Lamento que las cosas sean así, y que se trate de coartar la libertad de expresión y la información veraz y oportuna. Ya había señalado a algunas personas y algunos políticos. Hoy lo vuelvo a reiterar, lo sigo señalando, sigo reiterando a los mismos”.
Linares añadió: “Vamos a llevarlo hasta las últimas consecuencias”.
‘El pueblo me va a proteger’
La transmisión de Linares acababa de comenzar a circular por las redes sociales cuando emergió otra información: los investigadores en la escena del crimen habían encontrado dos notas, escritas en cartulinas coloridas, al lado del cuerpo de Toledo. Una de ellas, firmada por el Cártel Jalisco Nueva Generación, decía: “Esto es lo que va a pasar a todos los abogados que llevan casos de La Familia Michoacana”, un cártel rival.
De pronto, Vera se encontró en una posición defensiva. Muchos abogados por todo México habían trabajado con narcotraficantes, a veces de forma legal, defendiendo a sus miembros ante los tribunales contra cargos, pero a veces de forma ilegal, creando empresas fantasma para lavar dinero proveniente de las drogas, por ejemplo. Vera había representado varios intereses comerciales en Zitácuaro a través de los años, incluido una de sus compañías de autobuses, pero nunca, afirmó, algo vinculado con el crimen organizado. Si hubiera existido algún vínculo, me dijo, habría sido evidente para los periodistas de Monitor Michoacán: su redacción compartía una oficina con su despacho.
Para Vera fue evidente que las notas formaban parte de una campaña más grande esa noche, cuando el propio Ixtláhuac concedió una entrevista a periodistas de Milenio Televisión, un canal de noticias de televisión abierta. “Primero hacer unas precisiones”, dijo el alcalde sobre el asesinato. “La información que tenemos preliminar es que no es un periodista”. Durante la intervención del alcalde, este repitió varias veces que el ataque había ocurrido en una oficina de abogados, y nunca mencionó a Monitor Michoacán por su nombre. Héctor Zamarrón, uno de los periodistas, se mostró escéptico, y dijo que Toledo trabajaba en Monitor Michoacán. El alcalde respondió que no había encontrado el nombre de Toledo registrado en el gremio de periodistas.
La otra periodista, Paola Barquet, señaló que Toledo había recibido amenazas de muerte por la labor que había realizado. “No sé si había recibido amenazas o no”, respondió el alcalde.
Periodistas de Ciudad de México comenzaron a llamar a Vera en busca de comentarios. ¿Toldedo era, después de todo, un periodista o no? ¿Qué pensaba Vera de los mensajes que al parecer el cártel había dejado para él? Las preguntas lo enfurecieron: si estos periodistas de la capital hubieran cubierto Zitácuaro antes, habrían visto a Toledo trabajar cuando estaba vivo. Pero Monitor Michoacán había sido uno de los pocos medios activos en la calle y el único en investigar la alcaldía. Si Ixtláhuac y sus funcionarios municipales habían realmente ordenado el ataque para detener la cobertura negativa, entonces afirmar que Toledo no era un periodista era simplemente una manera de oscurecer el motivo.
Vera pensó en los mensajes que habían dejado los atacantes. La evidencia en una escena del crimen en México es por lo general confidencial antes de un juicio, sin embargo muchos periodistas ya parecían conocer la existencia de las notas que aseguraban que Vera trabajaba para un cártel de la droga. Vera sospechó que había sido la fiscalía la que había filtrado la información, para desacreditarlos. Monitor Michoacán, sin rumbo en las horas posteriores al ataque a su redacción, ya no tenía el control del ciclo informativo en Zitácuaro. El control lo tenía ahora el gobierno. Y la narrativa era que el ataque a la redacción no había tenido nada que ver con su periodismo.
La historia parecía solidificarse en los niveles más altos. Esa tarde, Jesús Ramírez Cuevas, portavoz de López Obrador, había condenado “el asesinato del periodista Roberto Toledo” en un comunicado del despacho de la presidencia. Sin embargo, esa noche, emitió un nuevo comunicado: “De acuerdo con investigaciones judiciales, el ciudadano Roberto Toledo, asesinado el día de hoy, se desempeñaba como auxiliar de un despacho de abogados, no como periodista”.
Vera decidió que iba a tener que posponer la tarea de corregir la información para otro día. Mientras él y su equipo estuvieran en Zitácuaro, sus vidas seguían corriendo peligro. Llamó a Linares y le dijo que tenían que salir de la ciudad de inmediato.
“Los dejaríamos ganar”, respondió Linares. Para ese momento, el gobierno federal le había ofrecido a Linares la posibilidad de extracción a una casa refugio. Pero ponerse en manos de una rama del gobierno para protegerse de otra parecía no solo absurdo sino además una apuesta potencialmente mortal.
Vera fue insistente: quien sea el que haya atacado la redacción ya había ganado. Monitor Michoacán no iba a poder seguir publicando con seguridad, dijo. Ninguna historia valía sus vidas. Sin embargo, Linares alegó que su vida no estaba en peligro. “No seas necio”, le replicó Vera, quien ya en ese punto estaba gritando.
“¿Qué voy a hacer?”, preguntó Linares. “¿Cómo podría ganarme la vida?”.
Vera, al entender que su amigo quedaría devastado si perdía su trabajo, dejó de presionarlo. Linares vivía solo con dos perros; en algunos días, sus fuentes eran su único contacto humano. Vera y Sebastián se fueron de Zitácuaro, y decidieron que intentarían luego convencer a Linares de que se les uniera.
Linares —cumpliendo su promesa de “llevarlo hasta las últimas consecuencias”— había pasado la tarde preparando una larga serie de entrevistas de radio y televisión en las que vinculó al gobierno local con el asesinato. En una de ellas, Linares repitió su acusación de que la alcaldía estaba detrás de las amenazas, añadiendo que apenas media hora antes había aparecido otra en su teléfono. No escondió su decisión de permanecer en Zitácuaro. “Unos de nuestro equipo se fueron el día de hoy, pero nosotros tenemos que seguir esta lucha”, dijo.
Con el paso de los días, Vera logró convencer a Linares de que hiciera una declaración a las autoridades federales en Ciudad de México. La haría para los mismos funcionarios federales que los devolvieron con las manos vacías tras las amenazas anteriores, pero Linares entendió que no tenían muchas otras opciones. Durante cerca de una hora brindó su declaración ante los investigadores de la unidad de delitos contra la libertad de expresión, y ofreció una lista de las autoridades en Zitácuaro quienes, según él, eran responsables de los mensajes amenazantes. Señaló que el cártel había sido claro en que la amenaza se producía porque Monitor Michoacán estaba “quemando al gobierno”. Y, una vez más, afirmó que Toledo había sido un periodista.
“Es mi deseo manifestar que siento miedo, temor de que vayan a atentar en contra de mi persona”, concluyó. “Siendo todo lo que deseo agregar”.
Las autoridades, nuevamente, parecieron no inmutarse. A Linares le ofrecieron gestionar su salida de Zitácuaro, pero cuando rechazó la propuesta, no se le proporcionó alguna otra medida, como un guardaespaldas del gobierno o un botón de pánico, los cuales se proporcionan con regularidad a los periodistas que desean permanecer en sus lugares de origen. Las autoridades le agradecieron su testimonio y le dijeron que estarían en contacto si tenían más preguntas.
Tras la entrevista, Linares y Vera, quien lo había acompañado para apoyarlo, fueron a un café cerca de la fiscalía. Vera intentó una vez más persuadirlo para que se fuera de Zitácuaro. Linares dijo que le iría bien en donde estaba. Tenía seguidores allí, especialmente en la comunidad indígena. “El pueblo me va a proteger”, afirmó.
Más tarde ese mismo mes, los investigadores liberaron los restos de Toledo de la custodia, y Vera pagó para que regresaran a su estado natal, Morelos, a unas cuatro horas en automóvil desde Zitácuaro. Vera, quien seguía escondido, observó a través de una llamada de Zoom cómo una banda de mariachi tocaba. El hijo de Toledo levantó su teléfono para que Vera pudiera ver cómo el ataúd de su amigo era sepultado.
Solo en la redacción, Linares intentó crear una apariencia de normalidad. Hizo una transmisión desde la plaza central del cercano municipio de Ocampo, para entrevistar al alcalde sobre la remodelación del techo del ayuntamiento. Condujo hacia el norte de Zitácuaro para reportar sobre la escena del crimen de un tiroteo ocurrido en la noche. Pero Linares seguía asustado y Vera seguía temiendo por él.
Finalmente, en marzo, un amigo logró convencer a Linares. Tomaría solo unos días reunir el dinero y luego se iría de allí.
‘No te lo van a agradecer’
El 15 de marzo, dos hombres en una moto comenzaron a merodear la zona alrededor de la casa de Linares. Era poco antes de la hora de la comida y un vendedor de comida cercano vendía tacos y elotes. La moto tomó una dirección, lentamente, por el norte de la calle Dr. Emilio García y luego, un minuto después, retrocedió. El hombre que iba atrás, se bajó. Estaba buscando a Linares, le dijo a uno de los vecinos. Era un aficionado del fútbol y quería publicar algo en Monitor Michoacán. Alguien debe haberle señalado la puerta de Linares.
Alrededor de las 6 p. m., Linares publicó un artículo sobre un accidente de motocicleta, y se fue a su casa. Mientras se acercaba a su puerta, un hombre se le acercó, vestido con un traje negro y una corbata roja. El hombre saludó a Linares, quien volteó a verlo y lo saludó de vuelta. Se dieron la mano y hablaron unos instantes antes de ingresar al apartamento de Linares. Unos cinco minutos después, el hombre del traje fue visto huyendo del edificio.
Nunca sabremos sobre qué conversaron los dos hombres. Nunca sabremos con exactitud cuándo el hombre de la corbata roja sacó el arma que escondía para dispararle a Linares. La policía encontró su cuerpo acribillado con ocho balazos. Habían pasado 43 días desde el asesinato de Toledo.
Escondido, Vera se sintió desamparado. La policía le había dicho que no hablara sobre Monitor Michoacán para evitar atraer la atención de los grupos criminales. Sin embargo, necesitaba un lugar donde sacar su ira. Muchas veces, él y Linares habían discutido la importancia del periodismo en aras del interés público. Alguna vez se llamaron a sí mismos “soldados de periodismo”. Pensaron que había habido un entendimiento de que si Monitor Michoacán se veía amenazado, aquellos a quienes habían defendido saldrían en su defensa. Se realizarían marchas. Afiches de protesta frente a la alcaldía. Algo pasaría, pensaban. Y sin embargo, en su momento de necesidad, Linares murió solo y asustado, acusado de tener vínculos con narcotraficantes.
“Puedes hacer una nota, dando la vida, y no te lo van a agradecer”, me dijo Vera. “¿Vale la pena publicar algo que ponga en riesgo tu vida? Digo, hasta ahora lo estoy analizando. Porque antes decíamos ‘a darle’, ‘vamos a hacer esto’. Pero ahora digo: ‘¿valdrá la pena con dos compañeros muertos?’”. El día después de la muerte de Linares, Vera decidió cerrar Monitor Michoacán. Ya no habría más visitas al ayuntamiento, ni más emisiones en directo desde el cuarto de transmisión. No habría más sitio web, más allá de una página de Facebook. Los años de investigaciones en Zitácuaro desaparecerían de internet. Quienes los habían atacado habían ganado.
La noticia del asesinato de Linares comenzó a propagarse. Otro periodista local empezó a oír rumores de que iban a matar a más periodistas. Luego de ver motos circulando por el vecindario, el periodista se dio a la fuga. Poco después, otro periodista local hizo lo mismo. La prensa en Zitácuaro se estaba reduciendo.
El velorio de Linares se realizó el día después de su asesinato, en una casa funeraria ubicada a pocas cuadras del panteón municipal. Era un día caluroso para ser marzo y el aroma de rosas y lirios flotaba en el aire. La mayoría de los asientos de la capilla estaban vacíos. Vera envió una corona; él y Sebastián, una vez más, desde sus casas refugio, vieron la ceremonia a través de una transmisión en directo. La esposa de Linares, Rosa Elena Pedraza, asistió junto a sus hijos. Cuando un camarógrafo de una estación de noticias nacional se le acercó para una entrevista, Pedraza le dijo que hablaría, pero no frente a la cámara. “Sabía que su vida corría peligro, pero su pasión por decir la verdad lo impulsó a no callarse”, dijo.
Las pocas personas que habían llegado no se quedaron mucho tiempo y salieron en fila para permitirle a la familia de Linares un último momento junto a su ataúd. Ellos también se marcharon, dejando atrás a un puñado de periodistas que habían venido a cubrir el funeral.
Minutos después, cuatro hombres desconocidos llegaron al velorio. Uno llevaba una chaqueta de cuero y un pasamontañas para cubrirse la cara. Con una pistola, se acercó a los periodistas y les dijo: “Si no se retiran en dos minutos se van a valer”.
El hombre no disparó. Los periodistas abandonaron la funeraria.
‘No he sido autor intelectual’
En febrero, justo después del aniversario de la muerte de Toledo, me reuní con Vera en Ciudad de México. Llevábamos varios meses conversando; solíamos reunirnos por Zoom luego de su desayuno y hablábamos durante una o dos horas antes de hacer planes para volver a hablar. Nos enviamos felicitaciones navideñas y preguntamos por las familias de cada uno. Pero cuando le pregunté si podíamos encontrarnos en su casa refugio, me dijo que prefería viajar a la capital. Vera quería que su paradero siguiera siendo desconocido, incluso para mí.
Sonó el timbre de la oficina donde habíamos acordado encontrarnos, y Vera entró, con una enorme pila de documentos legales en sus manos. En el año que había pasado desde que huyó de Zitácuaro, se había convertido en una especie de investigador privado, intentando reunir toda la información que pudiera sobre las muertes de Linares y Toledo. Había sido obligado a vivir bajo la sombra de una incertidumbre enorme. Por un lado, dijo, creía que las autoridades gubernamentales locales de Zitácuaro habían orquestado los asesinatos de sus colegas. Por otro lado, el gobierno federal gestionaba la casa refugio en la que vivía actualmente.
Vera insistió en que no se podía confiar en ninguno de ellos para que resolvieran los casos de asesinato; no había habido arrestos y había pocas señales de que se estuviera haciendo una investigación. Vera dijo que quería mostrarme de qué lado estaba realmente el gobierno. Sacó un documento y lo deslizó sobre la mesa: una resolución judicial sobre una intervención telefónica solicitada por los investigadores federales antes de la muerte de Linares. Pero las autoridades no solo habían pedido escuchar los teléfonos del hombre del cártel que los había amenazado. Querían intervenir los teléfonos de Vera y Linares. Un juez negó la solicitud, pues afirmó que las víctimas de un crimen no debían ser vigilados de esta manera.
Vera estaba convencido de que los investigadores estaban intentando recopilar cosas negativas de él y Linares que de alguna manera los perjudicara. “Hemos sido victimizados dos veces. Primero, directa, por el hecho: el ataque, la muerte, todo. Y ahora el Estado nos victimiza poniéndonos en duda nosotros”, afirmó. “Tú debes investigar a los políticos, no debes investigar a Armando y Joel”.
A la mañana siguiente, tomé un autobús hasta la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, el mismo lugar donde Vera y Linares emitieron sus denuncias originales. Mucho había cambiado desde su visita inicial, cuando regresaron a Zitácuaro con las manos vacías; con dos periodistas del mismo medio asesinados, el caso de Monitor Michoacán se había convertido en uno de los más conocidos en llegar a la oficina en años.
Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, el joven fiscal que dirige la fiscalía especial me saludó formalmente y me ofreció una descripción del funcionamiento interno de su unidad. Al departamento se le había encargado, entre otras tareas, hacerse cargo de las investigaciones de ataques a periodistas en los que los investigadores locales o los funcionarios electos pudieran ser ellos mismos cómplices. Me dijo que en este caso en particular, un grupo de expertos había examinado el trabajo de Monitor Michoacán, las amenazas y la evidencia de las escenas del crimen. Lo que dijo después me tomó por sorpresa. “Se determinó la no atracción en ese momento del caso”, dijo, refiriéndose a la muerte de Toledo. “Lo que te puedo decir es que el análisis determinó que hasta este momento no hay nada que él hubiera publicado, escrito, opinado en su carácter de periodista, que haya vinculado a las circunstancias del homicidio”. Lo mismo sucedió con el caso de Linares.
Interrumpí al fiscal un momento. Le dije que tenía una copia del expediente del caso del fiscal del estado, el cual contenía varias páginas de amenazas de parte de un presunto comandante de un cártel que afirmaba que Monitor Michoacán tenía que dejar de criticar al gobierno o si no habría consecuencias. Contenía capturas de pantalla del teléfono de Linares con los mensajes de WhatsApp. Sánchez parecía estar sorprendido de que tuviera los documentos y me advirtió que eran confidenciales. Volvió a decirme que había pocas pruebas de que el crimen tuviera un vínculo con el periodismo y que no era necesario que él se hiciera cargo del caso. El fiscal de Michoacán era quien estaba gestionando el caso.
Eso pareció concluir la conversación. Pero mientras se preparaba para ir a una audiencia, le recordé a Sánchez que las amenazas contra Monitor Michoacán fueron enviadas para que detuvieran las investigaciones de corrupción hacia la misma fiscalía que ahora estaba asignada para resolver sus asesinatos. Linares había señalado repetidas veces que la oficina que investigaba el caso era uno de los sospechosos de haber cometido los ataques. ¿Realmente se podía confiar en ellos para que resolvieran un crimen que el propio medio los había acusado de haber planificado?
Sánchez me dijo que solo estaba cumpliendo con la ley. “No puedo cambiar las competencias federales que están en la Constitución”, me dijo mientras iba saliendo.
La fiscalía del estado nunca contestó mis solicitudes para una entrevista. Pero Ixtláhuac, el alcalde, aceptó contestar mis preguntas escritas sobre las acusaciones de Linares de que él había ordenado los ataques. “No he sido autor intelectual o material de amenazas contra Monitor Michoacán o cualquier otro medio de comunicación, de igual forma no tengo relación ni he tenido comunicación con nadie que se haga llamar ‘El águila’”, escribió Ixtláhuac. De hecho, escribió, ningún investigador lo había interrogado jamás sobre el caso.
Ixtláhuac ofreció sus condolencias a las víctimas y dijo que las críticas de Monitor Michoacán sobre el gobierno local en ocasiones habían señalado problemas legítimos que intentó solucionar como alcalde. (Su oficina luego envió un comunicado en el que llamó a la mayoría de las acusaciones realizadas por el medio como mentiras). En cuanto a los hombres armados del cártel que habían sido vistos en eventos durante su campaña, Ixtláhuac escribió que las elecciones habían sido justas y que “si tal afirmación de vinculación con grupos armados tuviese algún sustento real, el resultado electoral habría cambiado”. Durante mucho tiempo había sido objeto de una campaña de política sucia por parte de sus oponentes, escribió, incluso durante su detención inicial por supuestamente trabajar con un cártel, en 2009. El exsecretario de Seguridad Pública que impulsó su arresto ahora estaba detenido en Estados Unidos por su colaboración con grupos de cárteles, escribió el alcalde, refiriéndose al caso de García Luna, mientras que él seguía siendo un hombre libre.
Sabía que la declaración del alcalde era cierta al menos en un aspecto: el gobierno de México había sido corrupto en casi todos los niveles. México es un salón de espejos para cualquier periodista. Es muy difícil saber quién dice la verdad porque la línea entre combatiente del crimen y criminal se ha vuelto tan borrosa que a menudo deja de existir. Las personas que se suponía debían aclarar esa línea eran los periodistas locales de Monitor Michoacán, pero, por supuesto, ellos también habían desaparecido.
‘Zitácuaro es una zona de silencio’
En los últimos meses solo se han acumulado más casos. El 8 de julio, se encontró el cuerpo sin vida de Luis Martín Sánchez Iñiguez, corresponsal del periódico La Jornada, con “signos de violencia”, según las autoridades en el estado de Nayarit. Una semana después, Nelson Matus Peña, fotógrafo y editor en Acapulco, fue asesinado a tiros dentro de su automóvil. Conocía a Matus desde que tomó fotografías para un artículo que escribí sobre los ataques de las bandas de narcotraficantes en 2011.
Una tarde de agosto, revisaba los periódicos locales de México cuando me encontré con un titular: la policía había capturado a un sospechoso en el asesinato de Linares. Al parecer había sucedido por accidente. Fue capturado junto a otros dos miembros del cártel cuando su camioneta fue vista infringiendo el límite de velocidad frente a una estación de policía. Cuando la policía buscó su nombre —Carlos Gerardo Sánchez Mendoza— en el sistema, encontró una orden de arresto de la fiscalía de Michoacán, buscándolo en relación con el asesinato. Las autoridades dijeron que utilizaba el alias 02 como miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Poco después, recibí un mensaje de Sebastián, el investigador de Monitor Michoacán que estuvo del otro lado de la puerta cuando Roberto Toledo fue asesinado a balazos. Habíamos estado en comunicación varias veces durante mi investigación y quise saber si la noticia le había dado alguna sensación de calma. Me respondió que no. Tal vez Sánchez había apretado el gatillo, dijo. Pero si él era el asesino a sueldo, ¿quién había ordenado el ataque?
El arresto no era la única razón por la que Sebastián había solicitado conversar esa noche. Quería contarme que la agencia gubernamental a cargo de la casa refugio en la que se alojaba le había notificado que ya no iba a necesitar protección. La decisión se había tomado antes del arresto de Sánchez, por lo que no quedaba para nada claro cómo el gobierno había concluido que ya no existía ninguna amenaza.
Sebastián hizo una pausa al otro lado de la línea, como si él también necesitara asimilar de nuevo la noticia. Había estado escondido durante casi dos años, y su esposa y su hijo de tres años llevaban la misma vida precaria junto a él. Había sentido un llamado superior para ser periodista, pero eso se había desvanecido hace mucho tiempo y en su lugar existía un simple deseo de sobrevivir. En muchos sentidos, lo mismo ocurría actualmente en Zitácuaro. Algunos periodistas habían dado un paso al frente para llenar el vacío dejado por quienes huyeron, y alguien incluso había comenzado a publicar de manera regular en la página de Facebook de Monitor Michoacán. Pero el tono era distinto: “Las palomas de Zitácuaro también forman parte de la imagen de nuestro municipio” era lo que se podía leer sobre una serie de fotografías de las aves en la plaza principal de la ciudad. No había señales del periodismo de investigación arriesgado por el que era conocido el medio. “Ahora, Zitácuaro es una zona de silencio”, dijo Sebastián.
Sebastián ya no era periodista, pero conservaba el humor negro que se ha vuelto tan común entre los periodistas en México. Tenía planeado impugnar la decisión de finalizar la mayor parte de su protección, dijo. Pero incluso si perdiera acceso a su casa refugio, todavía conservaría el botón de pánico que le había proporcionado el gobierno. “Cuando el sicario llegue y me quiera matar otra vez, le voy a decir: ‘A ver, permíteme por favor, sicario, presionar mi botón”.
