Por Erich Wagner
Un grupo de 16 senadores demócratas solicitó el lunes a la Oficina de Administración de Personal (OPM) que retire su plan para recopilar datos de salud a nivel de reclamaciones de empleados y jubilados federales, expresando su «grave preocupación» de que la medida violaría la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) y los principios básicos de la confidencialidad médico-paciente.
En diciembre pasado, la OPM publicó en el Registro Federal una solicitud de recopilación de información que obligaría a las aseguradoras que participan en los programas de Beneficios de Salud para Empleados Federales y Beneficios de Salud del Servicio Postal a proporcionar informes mensuales con datos de salud identificables de sus afiliados, lo que generó inquietud tanto entre los expertos en ética de la salud como entre los proveedores de atención médica. El aviso exigiría la recopilación de datos sobre visitas médicas, recetas y tratamientos, y no exige a las aseguradoras que eliminen la información personal identificable.
En una carta dirigida al director de la OPM, Scott Kupor, el lunes, más de una docena de senadores, encabezados por los senadores Adam Schiff (demócrata por California) y Mark Warner (demócrata por Virginia), exigieron que la agencia revocara su solicitud, argumentando que la justificación general de «supervisión» de la agencia es insuficiente, dada la naturaleza extraordinaria de la solicitud de la OPM.
«Tal acceso generalizado a la información personal de salud violaría los principios fundamentales de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA), que se promulgó para regular estrictamente cómo se puede divulgar la información de salud protegida y garantizar que los datos de los pacientes se compartan solo para fines limitados y claramente definidos», escribieron. «El acceso masivo y centralizado a los registros médicos identificables, sin consentimiento individualizado, necesidad clara o autoridad legal específica, socava esas protecciones y carece de una base legal válida».
Tras más de un año de intentos por parte de la administración Trump de reducir la plantilla federal mediante despidos, renuncias y jubilaciones forzadas, los legisladores afirmaron que los datos a nivel de reclamaciones podrían utilizarse para atacar aún más a los empleados y sus familias.
«Desde enero de 2025, los empleados federales han sido forzados a jubilarse anticipadamente, despedidos ilegalmente, demonizados, han visto debilitadas sus protecciones laborales y mucho más», escribieron. «Esta propuesta es un paso más en el objetivo declarado de traumatizar a la plantilla federal, esta vez exigiendo que la información médica más sensible sobre los empleados federales y sus familias se comparta con la OPM. Nos preocupa profundamente que esta información se utilice en acciones laborales, incluidas las relacionadas con la contratación, las evaluaciones de idoneidad, las apelaciones, las reducciones de personal, las solicitudes de adaptación por discapacidad, las relaciones laborales y las evaluaciones de desempeño».
En un comunicado de este mes, el presidente nacional de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, Everett Kelley, señaló que los datos a nivel de reclamaciones podrían permitir a la administración continuar su cruzada contra las personas transgénero en Estados Unidos.
“Expertos legales ya han señalado que estos datos podrían usarse para disciplinar o perseguir a los trabajadores que no cumplan con las directivas políticas de la administración”, afirmó. “Podrían usarse para identificar a los empleados que han buscado atención médica que esta administración ha convertido en un objetivo específico de su agenda política, incluyendo la atención de la salud reproductiva y los tratamientos de afirmación de género. Y estarían en poder de una agencia que, en 2015, sufrió una de las mayores filtraciones de datos federales en la historia de Estados Unidos, comprometiendo los registros personales de aproximadamente 22 millones de personas”.
La semana pasada, el representante Robert Garcia, demócrata por California y principal demócrata del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, junto con algunos demócratas de Maryland y Virginia, enviaron una carta a Kupor y al director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, exigiendo que la OPM detuviera sus esfuerzos por recopilar datos de salud de los trabajadores y jubilados federales, señalando que la falta de medidas de seguridad publicadas sobre los datos genera preocupaciones adicionales a la luz del ciberataque de 2015 y las supuestas filtraciones al Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos.
“El año pasado, según informes, la OPM permitió que un servidor de naturaleza y origen desconocidos se agregara a su red y accediera a datos gubernamentales confidenciales”, escribieron los legisladores de la Cámara de Representantes. “Unos meses después, empleados del DOGE dentro de la OPM supuestamente enviaron archivos electrónicos altamente confidenciales a direcciones IP fuera del gobierno federal, lo que podría permitir que actores privados o gobiernos adversarios accedieran a datos confidenciales. Al recopilar los datos que actualmente poseen 65 aseguradoras en una sola base de datos, ampliar el acceso de la OPM a los datos de los empleados para incluir información detallada sobre la salud personal aumentaría significativamente el riesgo de uso indebido, divulgación no autorizada o explotación por parte de actores malintencionados”.
En lugar de incluir la lista detallada de preguntas con la que los legisladores suelen concluir sus cartas a las agencias, la carta del lunes termina con una simple súplica para que se revierta el rumbo.
“Por estas razones, les instamos encarecidamente a que dejen de considerar esta propuesta”, escribieron los senadores. “Nuestros empleados federales trabajan incansablemente para nosotros”.
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