Germán Duque Ayala
En el último mes, el Juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Clarence Thomas y su esposa Virginia -Ginni Thomas-, figuran en las noticias más destacadas de Washington, por diferentes motivos.
De un lado, está el caso que involucra al Juez por viajar de vacaciones a lo largo de los últimos 20 años, por cuenta del millonario de la industria inmobiliaria de Texas, Harlan Crow, gran donante del Partido Republicano.
Por el otro, está su esposa Ginni, involucrada en las acciones orientadas a mantener en el poder al expresidente Trump, gestionando la anulación de los votos electores de Biden, en varios Estados.
En el centro de los acontecimientos, está el Presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien mantiene su silencio respecto a su colega Thomas, al tiempo que se niega a comparecer ante el Congreso para hablar del asunto, y se opone al trámite de un código de ética para el alto tribunal.
Seis de los nueve integrantes de la Corte, son republicanos y han sido nombrados por presidentes del mismo partido. Detrás de ellos, se encuentra una organización conocida como Sociedad Federalista, que promueve las doctrinas ultraconservadoras en este país, y tiene su origen en las facultades de Derecho de las Universidades de Yale, Harvard y Chicago. Se estima que tiene alrededor de 70.000 abogados afiliados, entre los cuales se eligen futuros jueces y altos cargos del gobierno.
Para completar los titulares, se reveló ésta semana que la esposa de Thomas recibió honorarios a través de organizaciones vinculadas a dicha Sociedad, durante los años 2011 y 2012. Antes había liderado otra entidad, -Liberty Consulting-, dedicada a combatir las políticas “izquierdistas” del Presidente Obama.
Se reveló, asimismo, que el millonario de Texas también pagó dos años de escuela a un sobrino apadrinado por Clarence Thomas, a un costo de US$6.000.oo/ mes.
En su carrera como juez del alto tribunal, Thomas se ha opuesto a regulaciones que buscan colocar topes a la financiación privada de campañas políticas, lo mismo que a la divulgación de los nombres de los donantes.
Más recientemente, se pronunció a favor de suspender la ayuda del gobierno, a los inquilinos que quedaron desempleados, producto de la pandemia.
Fuentes: Organizaciones independientes, ProPublica, The Lever, CREW. Medios: Washington Post, Vanity Fair
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