Un operativo de rescate, una alerta de la Policía Judicial de Francia y un proxeneta griego fueron las pistas de las autoridades colombianas para condenar a 84 meses de prisión a Carlos Augusto Fernández Raigosa (40 años), un expolicía que integraba una red de trata de mujeres. Fernández reconoció su responsabilidad en el crimen y logró así reducir su condena, que se definió el pasado 13 de septiembre, a la mitad. EL PAÍS accedió al expediente completo, que muestra cómo varios otros policías utilizaron el poder de su cargo en el comando de Policía del Valle de Aburrá, ubicado en pleno centro de Medellín, para captar víctimas.
En agosto de 2022, una mujer sin empleo se acercó a esa estación. Alejandra [nombra cambiado para proteger su identidad] Buscaba vender allí las boletas de una rifa, en la que era su forma desesperada de reunir fondos para vivir. Según ha contado a las autoridades judiciales, allí le ofrecieron trabajar como modelo webcam en Francia, a cambio de recibir pagos que arrancaban en mil euros a la semana. En los documentos consta que el primero en hacer la oferta fue Carlos Augusto Fernández, quien tenía el grado de intendente (el tercer escalafón en el nivel operativo, por encima de patrullero y subintendente) y se pensionó de la institución meses después. Fernández no trabajaba solo. La Fiscalía ha identificado a dos cómplices, Diego Cárdenas Gaitán y Jorge Restrepo Lemus, quienes consolidaron la red en Medellín, este último bajo el uniforme de la Policía Nacional.
La Fiscalía colombiana ha explicado que Fernández adelantaba “labores de coordinador de actividades de la estructura criminal”. Por ejemplo, no solo captaba a las mujeres, sino que les exigía a los otros miembros de la banda que le enviaran fotos de las mujeres en ropa interior. El argumento para pedirlas a las víctimas era que necesitaban ver si se ajustaban a los perfiles que pedían como webcamers. Fernández también se encargaba de su traslado a Europa. En el expediente, se da cuenta de que él fue el encargado de transportar a Alejandra hasta el aeropuerto internacional de Rionegro, en septiembre de 2022. Lo hizo en el carro de su esposa. Ahí le entregó las indicaciones del viaje, le dijo quién la recibiría en Europa y le advirtió, en varias ocasiones, que “no podía arrepentirse”.
Era un tiquete sin regreso. Aunque el compromiso verbal eran que podían desvincularse de la organización cuando quisieran, con el único requisito de devolver el dinero que el grupo había gastado en los tiquetes aéreos, apenas pisaban suelo europeo los criminales publicaban las fotos en ropa interior, sin su consentimiento, en páginas de prostitución que funcionan como catálogos sexuales, y con lo que su imagen ya quedaba expuesta. Además, los proxenetas las encerraban y les confiscaban el pasaporte tan pronto llegaban, para así evitar que escaparan de su control.
El enlace en Francia era Georges Kalliterakis, un griego conocido como “León”. Él las recibía en los aeropuertos y las llevaba hasta los lugares en los que serían encerradas. Gracias a varias conversaciones vía WhatsApp que ella y otras mujeres mantuvieron con los expolicías, la Fiscalía colombiana determinó que ellas sufrían maltratos físicos y abusos sexuales.
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