Cecilia Orozco Tascón
La fundamentalista Isabel Cristina Zuleta, oriunda de Ituango, Antioquia, en donde se hizo conocer como lideresa de una organización civil que se opuso a la construcción de la central eléctrica Hidroituango, es senadora hasta julio de 2026 por el favor que le hizo Gustavo Petro cuando incluyó su nombre en la lista cerrada de sus candidatos al Congreso en 2022. Dicho de otra manera, Zuleta es parlamentaria gracias al bolígrafo del líder del Pacto Histórico, hoy jefe de Estado, quien la incluyó en la casilla número diez de esa lista, lugar de privilegio puesto que Petro y sus aliados calculaban que iban a elegir a por lo menos veinte de sus aspirantes a Senado y Cámara, como en efecto ocurrió (ver). En el sistema “cerrado” de elección parlamentaria, los votos se les van sumando a los candidatos según el orden en que se hayan presentado, no de manera individual. Por eso, es justo decir que Zuleta llegó al Capitolio en coche y que no existe prueba numérica del entusiasmo popular que la respaldaría.
Bien sea por el afán de mantener su curul en 2026, bien por ganarse el aprecio del mandatario, bien por su fanatismo ciego y pese a la notificación de que la Casa de Nariño no comparte ese propósito, Zuleta anda impulsando la reelección presidencial inmediata, que requiere modificar la Constitución tras un recorrido ‘culebrero’ y expuesto a sobrepasar los límites jurídicos permitidos, como lo demuestra la historia reciente de Colombia. No obstante que le han hecho saber que su proyecto le hace daño al presidente, ella insiste en ese dislate aunque su aprobación sea imposible a la luz de la realidad política actual; en vez de rendirle homenaje a su jefe, la congresista consigue poner en duda la palabra del mandatario y, sobre todo, su talante democrático. Paradójicamente, Zuleta intenta justificar su interés en la reelección de Petro con argumentos idénticos a los que dieron, hace 20 años, los lambones de Álvaro Uribe, en las antípodas ideológicas del actual mandatario y de su Pacto Histórico. En enero de 2004, Noemí Sanín, embajadora en España en el primer cuatrienio de Uribe Vélez, le asestó una grave herida a Colombia cuando, después de una cita con el presidente, abrió la puerta macabra en las escalinatas de la sede principal del Ejecutivo. “(Uribe) lo está haciendo muy bien (y) por eso quiero hacerles una pregunta: si el Gobierno va bien… ¿Por qué no planteamos la posibilidad de hacer una reforma que permita la ampliación del periodo (presidencial)?”. Rápidamente supimos que la cosa iba en serio. Fabio Echeverri Correa, el hombre más influyente de la época después del “eterno”, minimizó las implicaciones ominosas que todavía padecemos debido a la honda modificación del sistema democrático: “No es sino cambiar un articulito”, dijo (ver).
Con esa fuerte largada, se inició una vorágine de sucesos y de reuniones secretas o públicas con las cabezas políticas del país, sus bancadas, los presidentes de los gremios privados y directores de los grandes medios (los mismos que ahora se ofenden con la propuesta de Zuleta). Con su concurso y en solo diez meses, se transformó la Carta Política.
Pese a la alta popularidad de Uribe y a la concentración de poder en su figura, la extensión de su cuatrienio por otros cuatro años se aprobó mediante la comisión de delitos acumulados en el llamado escándalo de la “yidispolítica”: cohecho y tráfico de influencias. Intercambiaron favores ilícitos con los parlamentarios Yidis Medina, Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus, los ministros del Interior y de Protección Social (Salud y Trabajo) y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Alberto Velásquez. Todos ellos fueron condenados por la Corte Suprema con penas de varios años en prisión (ver). Se sumó, hace apenas una semana, la condena definitiva a Bernardo Moreno, sucesor en el Dapre de Velásquez (ver). A pesar de que Uribe consiguió permanecer en la Presidencia un segundo cuatrienio de manera ilegal según sentencias judiciales, intentó volver a hacer esa pirueta, en 2007, con similares visos de irrespeto al Estado de Derecho para continuar otros cuatro años, es decir 12 en total, en la sede gubernamental de la Octava. Esta vez, pero no sin poco esfuerzo, la Corte Constitucional que se doblegó ante el poderoso en 2004 con graves cuestionamientos a su decisión mayoritaria, le cerró el paso a la debacle total (ver). Juan Manuel Santos, el segundo presidente beneficiado con la reelección inmediata, logró su prohibición. Y ahora, una petrista purasangre, tal como los uribistas de recordación delictiva, ¿pretende reincorporarla? ¡Vivir para ver!
Entre paréntesis: “…Necesitamos (para la elección presidencial de 2026) líderes razonables y valerosos, no bichos raros, corruptos o ignorantes”. Daniel Samper Pizano.
