Andres Osorio
Editor de newsletter de El Espectador
Días difíciles para este lado de la política colombiana. Fue una semana de varios debates de control político, de marchas de la oposición, y ahora, para terminar la semana, el Consejo de Estado anuló la personería jurídica a Fuerza Ciudadana y a la congresista María José Pizarro, que tendrá que salir de la vicepresidencia del Senado.
La narrativa y el argumento que por ahora sobresale es el de una presunta persecución política desde estrados judiciales. El presidente Gustavo Petro, que sugirió que detrás de todo esto hay intenciones de cara a las elecciones de 2026, aseguró que “¿Por qué cuando éramos minorías y oposición nunca se falló a favor de estar en la primera vicepresidencia del Senado, y ni siquiera en las mesas directivas?, ¿por qué para quitarnos de las mesas directivas del Congreso si somos del Pacto Histórico y no de sus partidos constitutivos, pero para quitarnos las curules sí somos de los partidos constitutivos y no del Pacto Histórico? Creo que se deberían brindar estas claridades”.
Como ya lo hemos dicho, una de las premisas que resume el oficio del poder es que la política es dinámica, pues no escatimó en cuestionar al mismo tribunal que en 2017 ratificó la legalidad de sus derechos políticos al anular las decisiones de la “transparente” Procuraduría de Alejandro Ordoñez.
Lo que cuestiona Petro, tal como se lee en el artículo que aquí les comparto, es la “decisión que determinó que la senadora Pizarro no hace parte de una minoría política en el Congreso y que, por lo mismo, no debería asumir la dignidad de vicepresidenta en el Senado. Y aunque la legisladora y el grueso de las colectividades que conforman el Pacto Histórico rechazaron la medida, el Consejo de Estado –al menos en esta instancia del proceso– no les da la razón”.
Según el Consejo de Estado, la situación contradice lo dicho en el artículo 40 de la Ley 5 de 1992. “Las minorías tendrán participación en las Primeras Vicepresidencias de las Mesas Directivas de Senado y Cámara, a través del partido o movimiento mayoritario entre las minorías”, dice la norma que rige el funcionamiento del Congreso.
María José Pizarro, la afectada por la decisión del alto tribunal, dijo en su cuenta de X que: ““Actualmente, soy la única mujer en las mesas directivas de las plenarias del Senado y la Cámara. También la primera mujer de la izquierda progresista en la historia del país en presidir el Senado. Hoy desde la vicepresidencia en la que continúo y mañana desde cualquier espacio defenderé mis convicciones, nuestro proyecto político y la agenda del cambio”.
Alirio Uribe, representante, también se unió al argumento de la persecución política, pues señaló que ““El Consejo de Estado nos tumbó el Presidente del Congreso, Roy Barreras, a varios congresistas, el último Alexander López Maya, y ahora anuló la elección de María José Pizarro como primera vicepresidenta del Senado. Siento un tufo de persecución al Pacto Histórico”.
El otro punto es el fallo que anuló la personería jurídica a Fuerza Ciudadana, partido liderado por Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena. El alto tribunal considera que era un error considerar que Fuerza Ciudadana podía volverse partido al haber hecho parte de la coalición que logró los ocho millones de votos para Petro en las elecciones de 2018.
Al respecto, David Racero, también representante, afirmó que: “cuando quieren somos coalición y nos toman como bancada única para negar elección en vicepresidencia del Senado; cuando quieren somos partidos independientes y aplica doble militancia para sacar a nuestros senadores. Les falta decir que somos oposición”.
Habrá que ver cómo se moverá la izquierda y qué tanta fuerza “tienen los recursos que vienen en camino para intentar revertir las dos decisiones del Consejo de Estado que –en plata blanca– sí impactan en la izquierda, y de qué forma el relato político les da respaldo en momentos en que la oposición les muestra músculo popular en las calles con marchas y en el Congreso frenando los debates de las reformas”.
