Cecilia Orozco Tascón
La sorprendente decisión de la Fiscal Primera Delegada ante la Corte Suprema, Marlenne Orjuela, relacionada con la toma guerrillera y retoma militar del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, uno de los crímenes más sanguinarios de nuestra historia reciente, puede marcar negativamente la gestión de la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo, no solo en el patio nacional, sino –y sobre todo– en el marco de la justicia internacional de derechos humanos. Sería paradójico, puesto que Camargo cuenta con prestigio de jurista proba y defensora de derechos. Orjuela Rodríguez, por su parte, es funcionaria bien reputada y ha sido mencionada en la prensa, recientemente, porque fue designada por la actual administración para enfrentar a Álvaro Uribe y a sus apoderados en el juicio en su contra. Ella deberá probar que el expresidente es culpable de haber sobornado, mediante su autodenominado “abogángster” Diego Cadena, a varios presos con el fin de que mintieran, a su favor, cuando los llamaran a declarar (ver). Tal es la confianza que la fiscal general le otorga a Orjuela. No obstante, la resolución que esta expidió hace unos días, en la que decide que no es necesario detener a tres militares de alto rango procesados por el asesinato del magistrado Carlos Horacio Urán que trabajaba en el Palacio de Justicia en esa fecha nefasta, amenaza con ser un tiro en el pie de Orjuela y de la propia Camargo. Pero lo más grave de la resolución firmada por la Fiscal Primera Delegada va por otro lado diferente al de mantener libres a los implicados, generales Jesús Armando Arias, Rafael Hernández Pérez y al mayor Carlos Alberto Fracica que dirigieron, ordenaron ejecutar y ejecutaron las atrocidades cometidas durante la retoma. En su escrito, Orjuela sesga gravemente sus conclusiones porque ignora por completo todas las pruebas que estudió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y que ese tribunal internacional aceptó como verdaderas y contundentes para fallar en contra de Colombia por los crímenes cometidos por los militares con el fin de recuperar el Palacio (ver).
Páginas enteras de esa decisión interamericana estuvieron dedicadas al asesinato del magistrado. Dice la Corte IDH en su fallo de 2014 que “el señor Carlos Horacio Urán fue desaparecido forzadamente…” y “[que] fue [asesinado] mientras se encontraba en custodia de agentes estatales [el Ejército] lo cual constituyó una ejecución extrajudicial”. Estos dos delitos, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, no merecieron una línea en la resolución de Orjuela. Entre otras evidencias, la Corte IDH acogió como válidos los testimonios de varios civiles (peatones, periodistas, funcionarios y hasta un magistrado sobreviviente) que vieron salir con vida a Urán, a quien dos uniformados llevaban semicargado y cojeando; cuatro videos de distintas fuentes periodísticas en que aparecía la víctima, reconocida por su esposa Ana María y por otras personas; el hallazgo, aún sin explicar, de su billetera y otras de sus pertenencias en instalaciones de la Brigada XIII; las contradicciones de los dictámenes de la justicia de este país y la negativa de los sucesivos gobiernos a investigar la brutalidad militar.
No sabe uno cómo una fiscal con el rango de delegada ante la Corte adonde no llegan, presuntamente, sino los mejores juristas, acogió, sin más ni más y solo con el débil argumento de que los videos no son claros, la versión que Colombia ha sostenido durante 38 años, versión que todavía padecen, en carne viva, su esposa Ana María y sus cuatro hijas: la de que el magistrado Urán murió dentro del Palacio por culpa de no se sabe quién, si de un guerrillero o un militar, “imposible de determinar porque todos usaron las armas de Indumil”. No sabe uno cómo la fiscal Orjuela da por cierta otra versión increíble: que Carlos Horacio Urán perdió la vida a las 3 p.m. en punto; que se hizo el levantamiento del cadáver a las 4 p.m. en punto; que a las 5 en punto su cuerpo ingresó a Medicina Legal y que a las 11 de la mañana del día siguiente ya estaba lista la necropsia cuyo dictamen salvaba la responsabilidad oficial. Si este proceso judicial no ha concluido 38 años después, ¿es creíble tal rapidez y precisión en medio del caos del 6 y 7 de noviembre de 1985? Orjuela ni siquiera supo o quiso saber que los técnicos de Medicina Legal tuvieron que buscar el cuerpo del magistrado en el lugar en donde depositaron los cadáveres de los guerrilleros porque no se encontraba con los restos de los demás civiles. ¿Ella se preguntó si cualquier uniformado obseso confundió a Urán con un guerrillero del M-19 y por eso lo ejecutó? ¿Orjuela en contra del fallo de la Corte Interamericana? Ya veremos cómo nos va en la próxima audiencia citada por la Corte para supervisar el cumplimiento de su sentencia, a la que ya fue convocado el gobierno de Colombia para el próximo 23 de septiembre. Allí se examinará si el Estado “ha llevado a cabo las investigaciones para esclarecer la verdad, determinar, juzgar y sancionar a todos los responsables…” de las víctimas del Palacio, entre ellas, Carlos Horacio Urán (ver). Podríamos delegar a la doctora Orjuela para que ella ponga la cara por nuestra justicia, porque nadie más querrá hacerlo.
