¿Un senador uribista involucrado en desaparición forzada?

Cecilia Orozco Tascón

El eufemístico nombre Centro Democrático, del partido que fundó Uribe Vélez para defenderse y defender sus intereses, esconde una mentira tan grande como una catedral: no es de centro ni mucho menos democrático. Pero esta realidad no es un secreto para nadie. Otra cosa es que buena parte del país la pase por alto y dé la espalda a las gravísimas señales que indican que su máximo jefe, y no pocos de sus voceros políticos, estarían dispuestos a traspasar la frontera de los derechos y las leyes con tal de imponerles sus objetivos a los demás. El juicio que enfrenta el expresidente por un par de delitos menores –si se les compara con otros que le endilgan– ha dejado al descubierto la madeja interminable de artimañas que él y sus abogados usan para impedir que las audiencias avancen y, en últimas, que la verdad –sobre su intento de comprar testigos para crearle un falso caso judicial a su contradictor, Iván Cepeda– prospere. Por la conducta torticera del exmandatario, que ya es constatable gracias a la transmisión abierta del juicio, y por sus veleidades extremistas, no es raro que haya avalado para integrar su bancada en el Congreso a un individuo tachado del crimen mayor de desaparición forzada, ni que le haya mantenido su apoyo aún después de que la Corte Suprema le abriera investigación formal por ese hecho.

El nombre del sujeto no le dice nada a la opinión: poco se sabe de él en los debates parlamentarios o en los medios periodísticos. Pero en Arauca, la región en donde fungió como agente de policía (“aunque se veía que tenía más poder que el sargento y que sabía lo de la vuelta”, según un testigo paramilitar), conocen de lo que sería capaz quien hoy es senador del uribismo. Se llama José Vicente Carreño Castro y sigue las órdenes del expresidente, como todos los de su partido. En el periodo pasado (2019-2022) fue representante a la Cámara a nombre del Centro Democrático. Una semana después de que Carreño fuera elegido senador, en marzo de 2022, la inigualable magistrada Cristina Lombana, mayor (r) del Ejército para más señas, proyectó la apertura de instrucción en su contra, que fue aprobada por la sala respectiva de la Corte Suprema (ver). Pero, fiel a las desviaciones antijurídicas que la impulsaron a hacer maromas para sacar de la cárcel a Arturo Char en cuestión de días, en el caso Carreño, que afecta a Uribe, Lombana se “olvidó” de llamar a indagatoria al investigado, paso siguiente para adelantar el proceso. Tres años han pasado después de la apertura formal del caso y Carreño vive felizmente impune. Lombana dirá que eso no importa, mientras que la esposa de la víctima y su madre le suman 36 meses al intenso sufrimiento que padecen por la desaparición de su marido e hijo en fecha que tienen en su mente: 6 de febrero de 2003, hace ya 22 años.

Se llamaba Alejandro Santiesteban Alarcón y vivía en un barrio humilde en las afueras de Tame. Un sábado en la noche departía con el dueño de una tienda y un familiar de este cuando llegaron varias camionetas y motos de paramilitares. Se llevaron a los paisanos porque alguien dijo que eran “auxiliadores de la guerrilla”. Santiesteban nunca volvió. La fiscalía local descubrió que el Bloque Vencedores de las AUC, al cual pertenecían los ilegales, tuvo apoyo de la policía de la estación de Tame, en donde estaba destacado el entonces patrullero, actual senador José Vicente Carreño Castro. Según declaraciones posteriores de tres exmiembros de esa banda, ellos les pidieron “permiso” a los policías para secuestrar a los señalados. “Dijeron que sí, que había 15 minutos [para hacer la operación]…”, reveló un paramilitar. Y otro añadió: “El contacto directo del comandante mío, alias 03, era el patrullero Carreño”. La víctima Santiesteban Alarcón fue degollado y desmembrado y sus restos fueron lanzados al río para que nunca pudieran encontrarlos, de acuerdo con un tercer testimonio.

El hermano del senador se llama Campo Elías Carreño Castro. Este se acogió a Justicia y Paz y confesó, en 2005, que delinquía con el Bloque Vencedores, la misma banda que asesinó al civil Santiestaban con el presunto consentimiento del policía, hoy senador. Campo Elías fue condenado por concierto para delinquir, cuatro homicidios en persona protegida, acto sexual violento, secuestro simple agravado y 12 desplazamientos forzados (ver), el mismo tipo criminal por el que ahora se investiga al honorable parlamentario. Pero si ya no fuera escandalosa esta historia que tiene al protagonista en el Capitolio, la Fiscalía compulsó copias contra el senador Carreño en diciembre pasado, por el ofrecimiento que le habría hecho al subdirector de la Policía, general Nicolás Zapata, de $3.500 millones, a través de un miembro de su grupo de trabajo. La fabulosa coima se haría efectiva si Zapata le direccionaba el contrato de adjudicación de las pólizas de la Policía que vale $120 mil millones de pesos (ver). Y todo pasa: el autodenominado Centro Democrático y su jefe solo hablan de la corrupción ajena. ¿Y de la viga en el ojo propio qué?