Por Simon Romero, Emiliano Rodríguez Mega y Paulina Villegas
Reportando desde Ciudad de México
Para algunos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es un reformador que dirigió el país hacia el progreso durante sus seis años de presidencia. Para otros, es una aplanadora que socavó las instituciones democráticas y está dejando una infinidad de problemas a su sucesora.
Sin embargo, a medida que se acerca el final de su mandato, sus críticos y partidarios coinciden en gran medida en una cosa: López Obrador transformó su nación, más que ningún otro líder en la historia reciente del país.
“Esta es definitivamente una presidencia que ha cambiado el rumbo del país”, dijo Andrew Paxman, historiador del Centro de Investigación y Docencia Económicas de México, quien está escribiendo una biografía de López Obrador.
Mezclando una retórica populista con tácticas de línea dura, López Obrador amplió su propia influencia. A lo largo de la última década, ha forjado un movimiento político que reflejó sus propias reivindicaciones personales y aprovechó el deseo de cambio de los ciudadanos. Fusionando ideales nacionalistas y de izquierda, prometió traer el cambio a este país de 130 millones de habitantes.
Y en muchos ámbitos cumplió su promesa, y dejará el cargo con índices de aprobación superiores al 70 por ciento.
El martes, López Obrador se hará un lado y cederá el puesto a su protegida desde hace años, Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno de Ciudad de México. La aplastante victoria en junio de Sheinbaum —la primera mujer presidenta de México— fue vista por muchos como un claro voto de confianza en López Obrador y Morena, el partido que fundó en 2014. Las elecciones de junio también dieron a Morena amplias mayorías legislativas nunca vistas en México desde la transición a la democracia en 2000.
“Sentamos las bases de la transformación que necesitaba el país”, dijo López Obrador a una multitud de simpatizantes en su último informe de gobierno sobre el Estado de la Unión este mes. “Dejamos de manifiesto que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás”.
López Obrador casi triplicó el salario mínimo y sacó a millones de personas de la pobreza. Tanto analistas como partidarios afirman que, al convertir la desigualdad en un tema importante de conversación nacional, también empoderó a millones de mexicanos que sentían haber sido desatendidos por la clase política durante décadas y les infundió un sentimiento de validación.
Al mismo tiempo, fue excepcionalmente divisivo y recibió críticas por buscar venganza contra sus críticos, socavar los controles y equilibrios democráticos y no lograr impedir la violencia generalizada de los cárteles.
Invirtió miles de millones de dólares en proyectos de infraestructuras en el subdesarrollado sur del país que crearon puestos de trabajo y redujeron el desempleo, pero sus iniciativas también generaron enormes sobrecostos, causaron importantes daños medioambientales e incurrieron en graves desafíos legales.
En una de sus últimas acciones como presidente, López Obrador le hizo cambios al sistema judicial, que había frustrado algunas de sus propuestas más ambiciosas, como la de frenar el organismo de vigilancia electoral que contribuyó a que México dejara de ser un país unipartidista. La medida hará que el poder judicial pase de un sistema basado en el nombramiento y la formación a otro en el que los votantes deberán elegir a los jueces.
Según el presidente y sus partidarios, el cambio era necesario para modernizar los tribunales, así como para infundir confianza en un sistema plagado de corrupción, tráfico de influencias y nepotismo.
Pero la propuesta se topó con una feroz resistencia por parte de trabajadores judiciales, expertos en derecho, inversores, políticos de la oposición y otros. La determinación de López Obrador de aprobarla mantuvo en vilo a los mercados financieros y provocó una disputa diplomática con los embajadores de Estados Unidos y Canadá.
Los críticos advirtieron que el plan haría poco por librar al poder judicial de sus problemas. En cambio, dijeron que socavaría la independencia judicial en un país donde presentarse a las elecciones puede ser una sentencia de muerte y permitiría al movimiento político de López Obrador concentrar el poder.
‘Primero los pobres’
Si López Obrador gobernó como un outsider, es porque lo era.
En una cultura política en la que los herederos de familias prominentes han ocupado durante mucho tiempo posiciones de poder, López Obrador procedía de una familia de pequeños comerciantes de Tabasco, un estado del sureste de México. Su contacto desde muy joven con algunas de las personas más pobres de México configuró su enfoque de la política, según los analistas.
Después de la universidad, pasó años viviendo y trabajando con los mayas chontales, una comunidad indígena, para mejorar sus condiciones de vida antes de dedicarse a la política.
En 2000, fue elegido jefe de gobierno de Ciudad de México y comenzó a promover programas sociales como pensiones de vejez y ayudas económicas para madres solteras. En 2006 se presentó por primera vez a las elecciones presidenciales. Tras perder por un estrechísimo margen, se negó a aceptar los resultados y celebró una gran ceremonia pública para autoproclamarse “presidente legítimo” de un gobierno paralelo.
López Obrador volvió a presentarse en 2012 y perdió. Dos años después, en 2014, fundó su propio partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, o Morena. Con este movimiento logró una aplastante victoria presidencial en 2018, prometiendo mejorar la vida de los pobres, reducir la delincuencia y erradicar la corrupción.
Reviviendo un eslogan de su campaña de 2006, “Por el bien de todos, primero los pobres”, López Obrador se dispuso rápidamente a hacer lo que los gobiernos anteriores no pudieron —o, según algunos mexicanos, no quisieron— hacer.
En seis años, casi triplicó el salario mínimo y más que duplicó las pensiones de vejez, distribuidas cada dos meses a personas mayores de 65 años.
“Hizo una cosa muy enorme: nos sacó del abismo de la pobreza”, dijo Gilgenio López Aguilar, de Pueblo Nuevo Solistahuacán, en el sureño estado de Chiapas. López Aguilar, de 76 años, dice que ya no tiene que vender estiércol seco de caballo para apenas ganar lo suficiente para comprar frijoles y tortillas.
Además de la pensión de más de 300 dólares que López Aguilar recibe cada dos meses, su familia también recibe un subsidio escolar para su nieto y una pensión de incapacidad para su nieta, que nació con un trastorno metabólico, todos estos beneficios introducidos por López Obrador.
El número de hogares cubiertos por al menos uno de los programas sociales del presidente alcanzó niveles récord durante su mandato, y unos 5,1 millones de personas salieron de la pobreza, según datos del gobierno. Las transferencias de dinero ayudaron a reducir la disparidad de ingresos.
Pero la estrategia tuvo consecuencias imprevistas: las políticas del gobierno llegaron a menos familias pobres de México, mientras que los hogares más ricos tuvieron el triple de cobertura, según varios estudios.
En la actualidad, México sigue siendo muy desigual. Con López Obrador, la riqueza de las personas más acaudaladas de México ha aumentado, mientras que 46,8 millones de personas siguen viviendo en la pobreza, según Oxfam México.
Sin embargo, la atención prestada por López Obrador a los pobres ayudó a explicar por qué decenas de miles de personas acudieron en masa este mes al Zócalo, la plaza principal de Ciudad de México, para verlo pronunciar su último discurso sobre el Estado de la Nación.
Algunos sollozaban mientras hablaba; otros cantaban o coreaban en adulación. “¿Quién dirá que en este país no cambió nada?”, se preguntaba Vanessa Romero Rocha, abogada y comentarista política, en un artículo publicado en El País.
“Los cambios entre 2018 y 2024 están ahí, a plena luz. Aunque algunos prefieran no verlos. Y, menos aún, comprenderlos”, dijo Romero Rocha.
Cifras y balances débiles
López Obrador dejará el cargo con uno de los índices de aprobación más altos del mundo. Sin embargo, sus críticos afirman que su mandato ha dejado al país en una situación vulnerable.
Trató de debilitar el organismo electoral de México, asestando un duro golpe a una institución que contribuyó a alejar al país del régimen de partido único a principios de siglo. También debilitó la Comisión Federal de Competencia Económica, el organismo encargado de velar por la libertad de información y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Además, le otorgó a un ejército con muy poca supervisión y un largo historial de abusos contra los derechos humanos una responsabilidad mucho mayor en la seguridad pública y le confió la gestión de los puertos y aduanas de la nación, la construcción de una línea de tren de 1600 kilómetros e incluso la distribución de medicamentos.
“Es una lógica que va deslegitimando el quehacer de la administración pública, genera dependencia de largo plazo, genera cotos de poder que son después difíciles de desmantelar”, dijo Fernando Nieto Morales, profesor especializado en gobierno y administración pública en El Colegio de México, sobre la responsabilidad otorgada a los militares.
La apuesta de López Obrador por modificar el sistema judicial expuso a la economía de México a réplicas, marcadas por una caída del 16 por ciento desde principios de junio en el valor de la moneda, el peso. Muchos inversores se preocupan por cómo la medida podría afectar la imparcialidad judicial necesaria para resolver disputas entre las empresas y el gobierno.
La economía mexicana provoca otras preocupaciones. La enorme apuesta de López Obrador por los combustibles fósiles transformó a Pemex, el gigante petrolero controlado por el Estado, en la empresa petrolera más endeudada del mundo, suscitando temores de que podría desencadenar un caos económico en caso de impago, a menos que siga recibiendo rescates multimillonarios.
Y aunque México se benefició del traslado de fabricantes de China en un auge de “cuasi deslocalización”, el crecimiento económico del país fue apenas del 0,9 por ciento anual de media durante el mandato de López Obrador, el más bajo de todos los presidentes en los últimos 30 años.
En una de sus tácticas más astutas, López Obrador celebró conferencias de prensa televisadas a diario, aprovechando su carisma y su don para la comunicación para reforzar la conexión personal con sus partidarios. También utilizó el foro para dirigir la narrativa política, a menudo distorsionando los hechos para adaptarlos a su agenda, como la falsa afirmación de que México no produce fentanilo. En ocasiones intimidó a periodistas, grupos de derechos humanos y políticos, exponiendo a veces sus datos financieros o de contacto privados, lo que provocó el acoso de sus partidarios.
Carlos Loret de Mola, un conocido periodista mexicano, desató la ira de López Obrador tras informar sobre sus hijos, incluida una historia sobre una mansión ocupada por el mayor en Houston. López Obrador reveló públicamente los ingresos del periodista y también fotos de su casa. Una unidad especial de la Secretaría de Hacienda de México comenzó a investigar el lugar de trabajo de Loret de Mola, LatinUS, por presuntos delitos de blanqueo de dinero y corrupción, dijo el jefe de la unidad. No se han presentado cargos.
Loret de Mola dijo que López Obrador envió así un mensaje a otros periodistas o a cualquiera que se atreviera a cuestionarlo: ahora ya sabían lo que les pasaría si se metían con él.
López Obrador tuvo menos éxito en otras áreas, especialmente en la lucha contra la delincuencia. En 2018, prometió revisar la estrategia del país en materia de inseguridad, haciendo hincapié en abordar la pobreza que empuja a los jóvenes a unirse a las bandas en lugar de enfrentarse agresivamente a los cárteles en las calles.
El plan, que denominó “Abrazos, no balazos”, coincidió con un descenso de los asesinatos masivos provocados por enfrentamientos de las fuerzas de seguridad con grupos armados, aunque informes recientes muestran que ha habido excepciones. Los homicidios disminuyeron modestamente y las encuestas muestran que los habitantes de las ciudades se sienten más seguros.
Pero los cárteles de la droga mantienen su dominio sobre grandes partes de México, marcado por desplazamientos masivos de mexicanos expulsados de sus ciudades, una temporada electoral en la que decenas de aspirantes a cargos públicos fueron asesinados y el resistente flujo de fentanilo hacia Estados Unidos. Apenas en la última semana, las luchas territoriales entre cárteles convirtieron zonas de los estados de Michoacán y Sinaloa en lo que parecían zonas de guerra.
La violencia actual subraya la sombría percepción de que algunas cosas parecen no cambiar nunca, especialmente para quienes lloran la pérdida de seres queridos en la crisis de desapariciones de México, en la que unas 100.000 personas siguen desaparecidas.
Esta cifra incluye a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que fueron tiroteados por la policía, obligados a subir a patrullas y entregados a un cártel de la droga hace una década en el sur de México, en 2014, un caso que conmocionó al país y se convirtió en emblema de su persistente impunidad.
Durante su campaña presidencial en 2018, López Obrador prometió resolver el caso y dar un cierre a las familias.
Clemente Rodríguez, de 56 años, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, contó que estaba lleno de esperanza y que se dijo a sí mismo que López Obrador era uno de los suyos, que venía del pueblo, y que iba a resolver lo que pasó con sus muchachos.
Esa esperanza pronto se desvaneció. Una década después, las familias de los 43 estudiantes siguen sin recibir respuestas.
Rodríguez dijo que López Obrador les falló y que se sentía completamente decepcionado.
Miriam Castillo colaboró con reportería desde Ciudad de México, y Argenis Esquipula desde Pueblo Nuevo Solistahuacán, México.
