Por William Giraldo C.
Las tres ramas del poder público tienen en Colombia el desafío de equilibrar el derecho a la protesta pacífica con los derechos fundamentales y colectivos de movilidad, trabajo, salud y abastecimiento de alimentos, seriamente afectados con los bloqueos de vías y acciones vandálicas que atentan también con el derecho a la propiedad.
Las soluciones que se están buscando no deben caer en el juego de la llamada polarización ideológica que ha sembrado la desconfianza en las instituciones democráticas, peligrosos límites a la libertad de prensa o cercenar la libertad de expresión.
Del tema se han estado ocupando en los últimos años las tres ramas, pero por razones políticas y electorales muy poco han avanzado los gobiernos y las dos cámaras del Congreso cuando de por medio están la limitante Constitucional y el respeto del ordenamiento jurídico señalado reiteradamente por los tribunales de justicia que advierten que ningún derecho es absoluto y que debe buscarse una solución integral y equilibrada.
Para la Corte Constitucional, por ejemplo, la respuesta a la protesta que busca soluciones a problemas comunitarios, la respuesta no puede basarse en la represión policial con lo cual las acciones de la policía para restablecer la movilidad en el transporte por los bloqueos, que han causado graves daños a la economía, el abastecimiento de alimentos, la atención médica de los enfermos e incluso la asistencia a clases de los estudiantes, quedaron legalmente anuladas..
Yendo más allá y por respeto a los derechos humanos reclamados por las comunidades y las organizaciones humanitarias defensoras de éstos, los integrantes de la fuerza pública han quedado sometidos, secuestrados en algunos casos, por campesinos apoyados por grupos armados de los carteles del narcotráfico, cuando intentaron cumplir órdenes de erradicación de cultivos de coca.
Los repetidos bloqueos de las comunidades indígenas del Cauca han afectado en gran medida los derechos colectivos y fundamentales de los habitantes de su propio departamento y sus vecinos Nariño, Valle del Cauca y el Huila. Conductores y pasajeros quedan varados en la carretera Panamericana por largo tiempo como consecuencia de las llamadas “mingas” indígenas.
Son multimillonarias las pérdidas generadas a la industria y al comercio de la región suroccidental de Colombia que con esos movimientos de protesta quedan sin combustibles, distribución de alimentos y suministro de materias primas para la producción que, por otro lado, han tenido que suspender o despedir a sus trabajadores.
Los sectores agropecuario y avícola afrontaron en los últimos 20 años grandes crisis por la pérdida de la producción de alimentos como leche, huevos, carnes, papa, hortalizas y verduras en general.
En otros lugares, centros urbanos importantes como Cali o Bogotá, el vandalismo contra locales comerciales, bancos, e instalaciones de transporte público ha desbordado los parámetros de la protesta ciudadana, pero se respalda en ella para que los responsables de los desordenes no sean procesados y condenados.
El gobierno de Abelardo de la Espriella tiene listo un proyecto de decreto que busca regular no el derecho, sino el ejercicio pacífico de la protesta como lo manda la Constitución Nacional en un marco normativo que, como lo señala la Corte Constitucional, no vulnere de manera desproporcionada los derechos de los demás ciudadanos.
El texto del borrador del decreto ha sido expuesto por el Ministerio del Interior ante la opinión pública para que se hagan observaciones, recomendaciones o se propongan reformas a su contenido y algunos expertos juristas han considerado insuficiente, en algunos casos, los mecanismos de concertación y discusión de soluciones de los problemas sociales o comunitarios como protocolos preventivos para evitar o impedir la protesta so pena de la acción policial para hacer respetar los derechos de las mayorías.
El gobierno debe demostrar su carácter fundamentalmente democrático con la protección a quienes reclaman soluciones y protestan como a quienes quieren continuar sus actividades diarias, la salud, la economía, el trabajo y la educación.
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