Tutela de Uribe ¿fue escrita por un exempleado de Granados?

Cecilia Orozco Tascón

Operación descrédito es el título que se ajusta, a la perfección, a la multicampaña emprendida por el uribismo militante, la prensa afín a esa causa política, varios columnistas con vitrina diaria, los apoderados del exmandatario a los que se suman muchos abogados aparentemente ajenos a su defensa, y hasta algunos miembros de la rama judicial. El objeto central de ese movimiento de opinión es el desprestigio del juicio que enfrenta Uribe Vélez, quien ha tenido que mostrarse en el estrado, una especie de cadalso público en donde su imagen de personaje invencible se desdibuja cada día. Por este suceso innegable y porque peligran los cálculos electorales del ala derechista del país que cuenta con su superhéroe para recuperar la Casa de Nariño, no será suficiente la prescripción a la que también juegan. Cuando todo termine sin condena ni absolución “porque el tiempo no alcanzó”, hacia el 8 de octubre de este año, las votaciones para Congreso y Presidencia estarán a pocos meses de su celebración. Entonces, exhibir a un líder del que siempre se dudará si cometió los delitos que la Fiscalía le imputó no tendrá atractivo de masas. Una vitrina mucho mejor es, sin duda, la representación de “la víctima de una conjura”. Vean y escuchen con atención los videos y mensajes en las redes, las bodegas y el inframundo digital uribista, así como las declaraciones formales del Centro Democrático, su bancada en Senado y Cámara y, además, el entorno social del inculpado: todos, hasta el propio encartado, coinciden en la construcción de la idea “del montaje judicial”, “la infamia de los enemigos”, “la parcialidad del magistrado Barceló o del magistrado Reyes” (de las salas Penal y de Instrucción de la Corte Suprema); “la carga política impresionante de las dos juezas y de un tribunal que negaron la preclusión” de Barbosa. Y “los sesgos de la juez Heredia”. Conquistarán su meta una vez que en el imaginario colectivo se instale, si logran su cometido, la figura del “prohombre perseguido por sus principios de seguridad y patria”.

La decisión de suspensión inmediata del juicio Uribe ordenada hace unos días por una sala de tutela de la Corte Suprema, en la que el magistrado Jorge Hernán Díaz Soto era el ponente, adquiere sentido en el contexto de la multicampaña descrita. Hoy, cuando una juez diferente a la supuestamente “sesgada” Heredia, falló a favor de esta funcionaria debido a que “las consideraciones emitidas [por ella], además de garantizar los derechos de los sujetos procesales, se han ajustado a los principios de independencia e imparcialidad”, no parece trascendente la medida de interrupción que promovió ese togado. Pero sí lo es y mucho: dejó la sensación de hostigamiento judicial a Uribe, el objetivo preciso de la campaña. Díaz Soto, ya se ha dicho, no parece tener reparos de conciencia si se trata de ayudar a los amigos. Su ética se silenció cuando archivó un proceso por el delito de tráfico de influencias endilgado, con prueba concluyente, a su superior jerárquico en la Fiscalía, el tristemente célebre Gabriel Jaimes. Se cae de su peso que un subalterno no debe tomar decisión en un asunto penal cuando el comprometido sea su jefe directo. Pues bien, el magistrado Díaz no creyó importante respetar el principio de independencia e imparcialidad que le exigió a la jueza Heredia.

De Díaz Soto se sabe que fue magistrado auxiliar de Jorge Aníbal Gómez Gallego en la Sala Penal de la Suprema durante cinco años (de 2002 a 2007) y que, fuera ya de la corte, trabajó a su lado en la defensa del exministro de Uribe, Andrés Felipe Arias, “el uribito”, candidato presidencial designado por el gran jefe para sucederlo y cuya condena a 14 años en prisión frustró su futuro. Gómez Gallego, además, fue el candidato de Uribe a la Fiscalía en 2010, en tiempos en que apoderaba a Arias (ver). Pese a su evidente compromiso profesional, el magistrado Díaz no se apartó de la decisión de tutela que incidiría en el juicio del exmandatario. Aparentemente, su moral es elástica: no solo archiva casos a sus superiores; también parece facilitarles oportunidades profesionales a sus hijos: Carlos Andrés Gómez, hijo de su exjefe Gómez Gallego, es hoy conjuez de la Sala Penal en la cual Díaz es titular. Y la perla, espejo del círculo vicioso del clientelismo judicial, sucede en su despacho, el de Díaz Soto, en donde labora como su auxiliar Andrés Felipe Orjuela Villamil, a quien el propio magistrado nombró en agosto del 2023 (ver página 30). En la hoja de vida de Orjuela Villamil figura esta línea de información: “Abogado senior Jaime Granados Peña & Asociados SAS. Diciembre 2010–septiembre 2017. 6 años, 10 meses” (ver). Como se sabe, Jaime Granados es el abogado principal del enjuiciado Uribe ¿El exempleado de Granados trabaja con el magistrado que decidió la tutela que le interesaba al expresidente? Pues sí. Así de sencillo. En los pasillos de la corte se ha escuchado que Orjuela Villamil proyectó la decisión que firmó Díaz dándoles gusto –aunque temporal– a Granados, empleador de uno, y a Uribe, el nominador de un cliente del otro. ¡Ver para creer!