Hace más de una década que el caso Odebrecht expuso uno de los mayores esquemas de corrupción transnacional del mundo. La empresa constructora con sede en Brasil admitió haber pagado millones en sobornos a funcionarios de alto nivel a cambio de importantes contratos en diez países de América Latina y dos en África. Sin embargo, el escándalo sigue causando revuelo.
Esta semana, Alejandro Toledo, expresidente de Perú, fue sentenciado a 20 años de prisión por colusión y lavado de dinero. Las autoridades alegan que aceptó US$35 millones en sobornos de Odebrecht para un contrato de autopistas. Según el fiscal ad hoc para el caso Odebrecht, se pueden probar al menos US$30 millones en sobornos. Toledo también está bajo investigación por el caso Ecoteva, que involucra a una empresa costarricense vinculada a él que supuestamente utilizó el dinero de Odebrecht para comprar propiedades en Perú. Él ha negado las acusaciones, y su abogado confirmó sus planes de apelar la sentencia.
El expresidente peruano (2001-2006) Alejandro Toledo en la foto durante una audiencia judicial en Lima. Foto: Renato Pajuelo/AFP
En otros países, los avances siguen siendo mínimos, con investigaciones estancadas y marcadas por reveses. A principios de este año, Transparencia Internacional Brasil alertó sobre la suspensión de una multa multimillonaria contra Novonor (antes Odebrecht).
Mientras tanto, Transparencia Internacional Colombia presentó una demanda colectiva contra Odebrecht ante los tribunales por violar los derechos de los ciudadanos, y nuestro capítulo de México criticó a los tribunales por retrasar las investigaciones vinculadas al caso.
El escándalo y sus consecuencias subrayan la necesidad urgente de una acción más firme contra la corrupción transfronteriza. El soborno internacional y otras formas de corrupción transnacional tienen inmensos costos y consecuencias para los países y las comunidades de todo el mundo, socavando el desarrollo sostenible y contribuyendo al aumento de las desigualdades.
Las principales economías del mundo, como las que conforman el G20, tienen un papel importante en la lucha contra la corrupción transfronteriza y los flujos financieros ilícitos, sobre todo porque los perpetúan. A lo largo del año, hemos aprovechado todas las oportunidades para presionar al G20 para que asuma compromisos significativos y deje de tratar la lucha contra la corrupción como un asunto compartimentado, especialmente teniendo en cuenta su innegable impacto en las prioridades del G20 de este año: el desarrollo sostenible y la desigualdad.
En años anteriores, el hecho de que los líderes no hayan priorizado las iniciativas anticorrupción debilitó la capacidad del G20 para hacer frente a los desafíos globales. La próxima cumbre ofrece una oportunidad para avanzar en la transparencia. Enlace Foto: Pablo Porciuncula/AFP
Dada esta necesidad crítica de una acción más firme, nos decepcionó leer la Declaración Ministerial Anticorrupción del G20 de ayer. A pesar del papel y la responsabilidad vitales del G20 en la coordinación de las iniciativas contra la corrupción transfronteriza, la declaración no cumple con todos los requisitos y ni siquiera cumple con los compromisos previos.
El G20 tiene una última oportunidad este año para corregir el rumbo, y esperamos que la Cumbre de Líderes en Río el mes próximo eleve la lucha contra la corrupción al centro de su agenda. Instamos a los líderes del G20 a que reconozcan que las iniciativas contra la corrupción son esenciales para lograr el desarrollo sostenible y reducir la desigualdad. Ahora es el momento de dar a todos los países una oportunidad justa contra la desigualdad mediante acciones audaces y coordinadas para abordar la corrupción transfronteriza y los flujos financieros ilícitos.
Si tomamos las medidas adecuadas, podemos exigir responsabilidades a los implicados en el caso Odebrecht y evitar escándalos futuros.
