Por Carlos Alberto Ospina M.
A diferencia de las ideas desordenadas, las alucinaciones y la exposición de varios temas sin fundamento en hechos para Human Rights Watch, la Defensoría del Pueblo e Indepaz, la situación actual de violencia en Colombia supera los indicadores de 2022 que, fue el peor año, después de la firma del acuerdo con las Farc.
El informe publicado el pasado 3 de julio por el Observatorio de DDHH, Conflictividades y Paz, con corte al 21 de junio, registra 53 masacres con 170 víctimas en los primeros seis meses de 2023 en comparación con el año anterior que alcanzó la escalofriante cifra de 94 masacres y 300 víctimas. (sic – Instituto de estudios para el desarrollo y la paz, 3 de julio de 2023).
Aquí no se salva el apuntador de oficio ni el más recalcitrante progre que sigue las pistas a la embaucadora quimera, dizque, del gobierno del cambio y la ‘paz total’. La espiral de violencia e inseguridad que padece el país rebasa el espejismo de lo posible, puesto que estos acontecimientos mantienen a la población en permanente aflicción y desesperanza.
“…la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos disidentes de las FARC y grupos sucesores de los paramilitares siguen cometiendo graves abusos. Defensores de derechos, líderes indígenas y afrocolombianos y otros activistas comunitarios enfrentan amenazas y violencia constantes. La violencia asociada al conflicto armado ha desplazado por la fuerza a millones de personas, y la impunidad por abusos graves sigue siendo motivo de grave preocupación. (sic – Web Human Rights Watch).
Al respecto, el pensamiento profundo y ecuánime tocó la puerta de esta ONG que, durante las asonadas entre 2019 y 2021, calificó la legítima respuesta de la policía como “uso brutal de la fuerza”. En el tiempo actual, HRW, mira desde la barrera la transición a un peor estado de las cosas. ¡Alce la mano quien perciba lo contrario!
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, aseguró que “los grupos armados con los que el Gobierno pactó el cese al fuego bilateral no acatan el Derecho Internacional Humanitario, lo que pone en grave riesgo los derechos, la integridad y la vida de la población civil… Estos grupos armados ilegales mantienen el interés de expandirse en los territorios y apoderarse o mantener el control territorial y social, lo que genera más violencia y el riesgo de agudizar las afectaciones de los derechos de las comunidades, así lo hemos evidenciado en las distintas Alertas Tempranas que hemos emitido desde la Defensoría del Pueblo” (Monitoreo defensorial, situación de DD. HH. y DIH, ceses al fuego decretados para tres grupos armados ilegales: Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central de las antiguas Farc y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) – Sexto boletín, 8 de julio de 2023).
El presunto sociópata Gustavo Petro y el pusilánime ministro de Defensa, Iván Velásquez, pasan por alto las alertas tempranas de la defensoría, las reiteradas denuncias de los líderes sociales amenazados y el desesperado llamado de auxilio por parte de múltiples comunidades afro e indígenas que se hallan en fase de destierro. Es evidente la indolencia de este gobierno enfrente del desplazamiento de disímiles poblaciones, el secuestro, la extorsión, los homicidios, los paros armados, las repetidas masacres y el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes.
Petro, cuando no se inventa un viaje al exterior, escurre el bulto hasta llegar al perjurio. Como si nada pisotea la carta de derechos, agradeciéndole a los narcoterroristas del ELN que ejercen el control social y territorial en varios departamentos, la ‘creación’ de un corredor humanitario que permita llevar víveres y medicinas a los ciudadanos que sufren la pena de confinamiento perpetrada por esos delincuentes de siete suelas.
¿De qué lado está el exguerrillero? Ahí duele decir, evalúe sus acciones en contra de la mayoría de colombianos. También es obvia la respuesta al ver la negativa de Gustavo Francisco Petro Urrego a calificar como secuestro lo ocurrido con la sargento Karina Ramírez y sus dos hijos que, dicho sea de paso, la niña fue instrumentalizada por una combatiente elena que la cogió de la mano al momento de posar para las cámaras. Esos malhechores no tienen escrúpulos ni consideración alguna. ¡Tal para cual!
En cabeza de quién cabe aceptar que las organizaciones armadas ilegales hagan campañas de registro de vecinos, cobren mil pesos diarios a los estudiantes de primaria para poder ingresar a ciertas escuelas, suspendan la ejecución de obras públicas, impidan la comercialización de distintas cosechas, lleven a cabo ‘pescas milagrosas’ y ejecuten actos terroristas; entre otras infamias. ¿Quién produce más temor opresor, un presidente aparentemente flojo en presencia de los depredadores de la nación o los grupos al margen de la ley actuando a sus anchas? La farsa de la ‘paz total’ soltó los perros de la violencia feroz en contra de la sociedad civil. El camb
