Las medidas planteadas en el marco de las emergencias económicas tienen implicaciones que van más allá del recaudo inmediato y afectan la estructura misma del sistema financiero.
En un análisis sobre los efectos de las dos emergencias económicas decretadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro, la Asociación Bancaria expresó en la revista gremial «Banca y Economía», que las medidas son preocupantes en un momento en el que la confianza, la estabilidad macroeconómica y el crecimiento enfrentan retos exigentes.
En diciembre del año pasado, el Gobierno Nacional decretó su primera emergencia económica en un contexto marcado por la no aprobación de la ley de financiamiento y por niveles de deuda pública que alcanzaron máximos históricos. Diversos analistas han señalado que el déficit fiscal del año habría cerrado entre 6,7% y 7,2% del PIB, mientras que la deuda pública se habría ubicado cerca del 59%, según estimaciones oficiales de Crédito Público. Este escenario de crecientes requerimientos fiscales, sumado a la suspensión de la Regla Fiscal y a la decisión de no realizar un ajuste oportuno y proporcional del gasto en el Presupuesto General de la Nación, derivó en la declaratoria de emergencia por parte del Ejecutivo.
En una primera etapa, dicha emergencia introdujo cinco nuevos impuestos a la economía. Para el sistema financiero, ello implicó una sobretasa al impuesto de renta del 10%, elevando la tasa nominal hasta niveles cercanos al 50% y ubicando a Colombia como el país con la carga tributaria más alta del mundo para este sector. No obstante, en semanas recientes, la Corte Constitucional suspendió esta primera declaratoria al considerar que no estaba motivada por hechos sobrevinientes, que no se configuraba una situación real de emergencia económica, sino que lo que había eran circunstancias previsibles dentro de la gestión fiscal ordinaria.
Posteriormente, como consecuencia de la emergencia invernal que ha afectado a varios departamentos del Caribe (en particular Córdoba, Bolívar y Sucre), el Gobierno decretó una segunda emergencia económica. En esta ocasión, con el objetivo de recaudar cerca de 8 billones de pesos, se han planteado nuevas herramientas (porque no se pueden usar las que están en estudio por parte de la Corte), entre ellas un impuesto al patrimonio del 1,2% para personas jurídicas. En el caso del sistema financiero, y aun sin conocerse un borrador definitivo de los decretos, se ha mencionado la posibilidad de un incremento adicional en la tarifa de este impuesto, así como la reintroducción de esquemas de inversiones forzosas, un “déjà vu” del que la política económica parece no poder escapar, según el gremio de los banqueros.
La política fiscal, el detonante de la emergencia
Mirando los antecedentes que dieron lugar a la adopción extraordinaria de la declaratoria de la emergencia económica , la agremiación enfatiza que la política fiscal del gobierno fue el detonante.
«El deterioro de la situación fiscal no surgió de manera súbita, pero en el último año alcanzó un punto de inflexión evidente, destaca el documento.
La política fiscal, según los banqueros, entró en una fase particularmente exigente, caracterizada por una programación presupuestal apoyada en supuestos de ingresos excesivamente optimistas y por una dinámica de gasto que no se ajustó con la misma velocidad a las condiciones macroeconómicas.
El resultado fue un desbalance que superó los límites establecidos por la regla fiscal en materia de déficit, debilitando la principal ancla institucional que durante años había orientado la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Si bien el sector bancario observa la inoperancia del Congreso para evaluar las propuestas que en materia fiscal ha llevado el ejecutivo a su consideración, la no aprobación de las reformas propuestas, indujo al gobierno a echar mano de medidas extraordinarias.
Sin embargo, destaca que en esas circunstancias «Cuando las soluciones excepcionales se vuelven recurrentes, el desafío deja de ser exclusivamente financiero y adquiere una dimensión institucional.»
Las medidas planteadas en el marco de las emergencias económicas deben evaluarse no solo por su potencial recaudatorio inmediato, sino por sus efectos estructurales sobre el sistema financiero y la economía real. Las inversiones forzosas y el impuesto al patrimonio, especialmente bajo escenarios de alta tributación, inciden directamente sobre el ahorro de los colombianos y sobre el capital que respalda la expansión del crédito. En un sistema donde el patrimonio constituye la base de la solvencia y la estabilidad, gravarlo implica reducir la capacidad de intermediación y elevar el costo del financiamiento.
Cuando se afectan simultáneamente el rendimiento del ahorro y las condiciones de acceso al crédito, el impacto termina trasladándose a hogares, empresas y al ritmo de crecimiento económico. Por ello, cualquier decisión en esta materia debe ponderar cuidadosamente el equilibrio entre la urgencia fiscal y la sostenibilidad financiera. El desafío consiste en fortalecer las finanzas públicas sin debilitar el sistema que canaliza el ahorro hacia la inversión productiva, preservando la estabilidad, la inclusión y la capacidad del crédito para acompañar el desarrollo económico del país.
«Las medidas planteadas en el marco de las emergencias económicas deben evaluarse no solo por su potencial recaudatorio inmediato, sino por sus efectos estructurales sobre el sistema financiero y la economía real. Las inversiones forzosas y el impuesto al patrimonio, especialmente bajo escenarios de alta tributación, inciden directamente sobre el ahorro de los colombianos y sobre el capital que respalda la expansión del crédito. En un sistema donde el patrimonio constituye la base de la solvencia y la estabilidad, gravarlo implica reducir la capacidad de intermediación y elevar el costo del financiamiento.
«Cuando se afectan simultáneamente el rendimiento del ahorro y las condiciones de acceso al crédito, el impacto termina trasladándose a hogares, empresas y al ritmo de crecimiento económico. Por ello, cualquier decisión en esta materia debe ponderar cuidadosamente el equilibrio entre la urgencia fiscal y la sostenibilidad financiera.
Para el sistema bancario colombiano «el desafío consiste en fortalecer las finanzas públicas sin debilitar el sistema que canaliza el ahorro hacia la inversión productiva, preservando la estabilidad, la inclusión y la capacidad del crédito para acompañar el desarrollo económico del país.«
