Las asociaciones del sector hicieron un nuevo llamado al Gobierno por el billonario hueco que tienen hoy en sus finanzas y que, advierten, podría comprometer la prestación de los servicios de energía y gas, especialmente ante las amenazas de un nuevo Fenómeno de El Niño. ¿Qué hay detrás de esas deudas?
Por: Laura Lucía Becerra Elejalde
La situación financiera del sector energético está en cuidados intensivos, con un hueco de más de 9 billones de pesos que golpea a las empresas del sector, una bomba de tiempo que, si no se atiende, podría comprometer la prestación de los servicios de energía y gas natural para millones de colombianos.
Pero a esta crisis se le está sumando otro problema: la posibilidad de que este año se presente un nuevo Fenómeno de El Niño que ocasione sequías y el bajo nivel de los embalses afecte la generación de energía, o incluso, como advierten las asociaciones del sector, acercan al país a un apagón.
Los presidentes del comité intergremial del sector energético, conformado por seis asociaciones del sector, emitieron una alerta conjunta por la compleja situación del sector. Según sus cuentas, actualmente las empresas del sector enfrentan presiones financieras que ascienden a 9,2 billones.
Dentro de esa deuda, 3,5 billones provienen de las demoras en los pagos de subsidios que reciben los usuarios y el Gobierno debe girar a las empresas del sector, de los cuales 2,32 billones provienen del servicio de energía eléctrica y 1,15 billones para gas natural.
También hay una deuda de 2,2 billones por la opción tarifaria —un mecanismo que se utilizó en la pandemia para diferir en el tiempo los incrementos que se dieron en las tarifas de energía por la coyuntura—, una deuda la cual el Gobierno de Gustavo Petro se comprometió a asumir, pero no se ha saldado y la propuesta gubernamental es que la asuman los usuarios de estratos altos.
A eso se suman 1,4 millones de deuda de los usuarios oficiales, como la Policía, las escuelas, centros penitenciarios, entre otros, y 2,1 billones derivados de la crisis de Air-e, empresa encargada de prestar el servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, la cual está intervenida desde septiembre de 2024.
“Si no se hace nada, se nos viene un apagón para el año entrante. Y si se da un fenómeno de El Niño, no vamos a tener la cantidad de oferta de energía que se requiere: la demanda es muy superior”, alertó Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios (Andesco).
Según proyecciones de XM, el administrador del mercado eléctrico nacional, Colombia cerrará el año 2026 con un déficit de energía del 2 por ciento, y para 2027 ese desbalance aumentará a un déficit de 3,5 por ciento entre la oferta y la demanda de energía. Pero la preocupación por un nuevo Fenómeno de El Niño antes de finalizar el año agrava estas probabilidades.
Esta situación en que la demanda supera a la oferta de energía es lo que se conoce, en la práctica, como un apagón técnico. Por eso, en algunas regiones del país se ha reportado que hay plantas industriales que han vuelto a aprovechar energéticos como el diésel y el carbón, en lugar del gas, para generar energía.
El lío de los subsidios
El grueso del hueco en las finanzas que hoy está afectando al sector proviene de una deuda por los subsidios que asume (?) el Estado en las facturas de las familias de estratos 1, 2 y 3 en sus recibos del gas y la energía.
Históricamente, las empresas comercializadoras se han hecho cargo de esos saldos y al cabo de un par de meses el gobierno les reincorpora ese dinero. Pero desde hace más de dos años el Gobierno comenzó a ‘colgarse’ con los pagos, lo que terminó afectando la caja de las empresas.
Esto que está pasando es una especie de deja-vú. Hace cerca de un año las empresas distribuidoras estaban en la misma situación. A principios de 2025 la deuda por subsidios ascendía a 2,7 billones, y aunque a mediados de mayo del año pasado el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que se iban a poner al día, solo se giraron los pagos de 2024 en ese momento, y como una bola de nieve, la deuda volvió a cogerles ventaja.
“Estamos llegando al límite, y muchas empresas no van a poder seguir y terminarán financiando con su propio patrimonio una política pública que no les corresponde sostener solas”, acusó José Camilo Manzur, presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis).
Según Manzur, la situación se ha vuelto insostenible. Hoy, asegura, les deben el equivalente a casi dos años de ingresos brutos. “Estamos en una situación peor a la del año pasado por medidas adicionales que ha tomado el Gobierno, con decretos como el que incrementó la retención en la fuente, lo que afecta la caja de las empresas, e igual que el decreto del impuesto al patrimonio”, dice el dirigente gremial.
Esto enfrenta a las empresas a una encrucijada. A falta de la remuneración por los subsidios que han asumido y entregado a los usuarios en los últimos meses, han tenido que balancear su capacidad financiera entre esta obligación que han asumido y los costos de propio de su operación, es decir, comprar la energía a los generadores. Por eso —dicen las asociaciones del sector—, no pagar está abriendo el camino para un apagón financiero, que podría derivar en un apagón físico.
Aunque el grueso de la deuda del sector viene por el lado de los subsidios en las facturas de energía eléctrica, con 2,32 billones, en el servicio de gas natural también hay un impacto considerable, pues el gobierno les adeuda 1,15 billones a los distribuidores de ese servicio.
Luz Stella Murgas, presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), comenta que parte del problema que enfrentan los distribuidores de gas natural es que no se han liquidado los subsidios que el año pasado ya se hicieron efectivos en las facturas, lo que implica el atraso de todo el año pasado en eso giros.
“Nos preocupa que la deuda lleva un año de retraso, normalmente financiamos un trimestre, pero la deuda sigue creciendo, y los subsidios no benefician a las empresas, sino a los usuarios. Estamos pidiendo que se nos paguen subsidios que ya entregamos. Si las empresas no reciben ese pago, estamos nosotros subsidiando al estado”, comenta Murgas.
De acuerdo con la presidenta de Naturgas, mensualmente se está causando un saldo de alrededor de 110.000 millones de pesos por concepto de subsidios, y los retrasos no solo están afectando las finanzas de las empresas, sino también la sostenibilidad y la confianza en el sistema.
“Necesitamos que el Ministerio de Minas y Energía expida las liquidaciones oficiales —giros efectivos que conducen a los pagos—, pues no se han expedido las liquidaciones de 2025, y eso es requerido para que el MinHacienda pueda hacer los pagos”, acusó la ejecutiva gremial.
El riesgo para las nuevas inversiones
La bomba de tiempo que representan estas deudas billonarias podría pasarle factura al sector. A las deudas por la opción tarifaria, los giros pendientes de los subsidios y deudas de los usuarios oficiales ahora se sumó otro elemento: la crisis de Air-e.
A pesar de que la empresa lleva cerca de un año y siete meses intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos, la compañía, responsable de prestar el servicio de energía en 57 municipios a 1,3 millones de usuarios entre hogares, pequeñas empresas, entidades o industrias, no parece estar cerca de solucionar sus problemas financieros, sino que cada vez se complican más.
El crecimiento de la deuda de Air-e compromete la sostenibilidad del sistema eléctrico y por eso los generadores de energía le han pedido al gobierno que asegure el pago de estas obligaciones, ya que estos continúan suministrando energía pero no están recibiendo todos los pagos por ella.
“Esto pone en riesgo el capital de trabajo que requieren los agentes de la cadena para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de electricidad y se mitigue el riesgo sistémico”, cuestionó Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg).
Pero el sector no solo enfrenta problemas financieros, sino que también hay varios problemas estructurales que requieren atención, como la necesidad de inversiones en infraestructura y la entrada de nuevos proyectos de generación, que se están viendo afectados por las señales negativas que está enviando el gobierno a las empresas e inversionistas.
La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) advierte que hoy hay un atraso de aproximadamente 11 a 13 años en las líneas de transmisión, lo que resulta fundamental para que la energía llegue desde las plantas de generación a los usuarios.
Según la presidente de Acolgen, y actual presidente del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, el sector necesita inversiones entre 10 y 13 billones de pesos para seguir manteniendo la atención a la demanda, pero advierte que las nuevas inversiones se están viendo afectadas por la inestabilidad regulatoria que ha enfrentado el país en este Gobierno.
“Las señales de los últimos decretos que ha sacado el Gobierno son casi de expropiación, y no lo decimos solo nosotros: lo ha dicho incluso Fitch Ratings, que señaló que los cambios propuestos al cambio por confiabilidad podrían afectar los flujos de caja, desincentivando la inversión. No es un discurso de los gremios, nos están bajando las calificaciones, y si perdemos confianza inversionista y perdemos todos”, afirmó la presidenta de Acolgen.
Que el sistema energético se apague, o que el país enfrente en los próximos años problemas en el suministro de energía, es un lujo que no puede permitirse el país pues afectaría a millones de personas, industrias y sectores. Es un llamado que llevan haciendo las asociaciones del sector desde hace meses, y que requiere atención del gobierno. Sin embargo, con la compleja situación financiera que acarrea hoy el país parece difícil que el Gobierno pueda sanear una deuda de 9,2 billones de pesos.
