Cecilia Orozco Tascón
“… A mí no me importa que condenen al Estado ¡Con lo que demora un proceso! ¡Notifíqueme en la tumba (porque) cuando salga el resultado de ese pleito (pues) ya voy a estar muerto!” Esas frases llenas de prepotencia con que el ministro Álvaro Leyva maltrató a Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado hasta hace dos días, no solo reflejan la patanería de quien debería dar ejemplo de finura y cortesía como corresponde a quien ostenta un alto cargo de Estado, canciller del país ni más ni menos; revelan su descontrol ante el enredo que han armado en el Gobierno con la licitación y adjudicación por tres años del contrato para el suministro de pasaportes con un presupuesto de cerca de $600 mil millones de pesos, uno de los de mayor valor que deberá entregar esta administración. A la grosería de Leyva en contra de quien merece ser respetada por su condición de mujer, pero, ante todo, por sus credenciales jurídicas, se sumó de manera irreflexiva el presidente Petro, que tomó partido desde Dubái a favor del agresor, al parecer sin conocer el contexto de los hechos con lo cual podría equivocarse hondamente en su intento de realizar un proceso licitatorio equilibrado entre varias firmas que se enfrenten a la dominante Thomas Greg & Sons, capítulo Colombia.
El mandatario creyó la mentira que el ministro le dijo, también a él, cuando le negó lo que varios funcionarios oyeron y vieron, pues el ministro no se expresó en tono bajo: vociferaba y gesticulaba de modo que no podía pasar desapercibido. Petro incurrió en el mismo error que, a veces con razón, le echa en cara al ejercicio periodístico de unos medios, de no contrastar una parte de historia con la contraparte, en este caso, no consultar la versión de quien había sido su abogada de confianza: por serlo, Zamora fue nombrada por él como su secretaria general en la Alcaldía de Bogotá y, ahora, como su directora en la citada agencia. Por si no fuera suficiente, el presidente sugirió, con el peso enorme de su influencia, que su exfuncionaria se puso del lado del conglomerado privado. “No hubo gritos del canciller ni permito que una institución pública se utilice para defender intereses privados”, sentenció, sin sopesar la gravedad de esa afirmación que podría tener connotaciones penales para una acusada sin juicio. Después, el presidente reiteró su equivocado manejo de este asunto que no es de poca monta cuando respondió, de nuevo sin meditarlo, que el abrupto retiro de Zamora se debía a “problemas diferentes” que se relacionarían con que “tengo mi distancia sobre la manera como se ha llevado la defensa de la Nación en varios temas”. Es raro que diga eso porque hace solo tres meses estaba, muy satisfecho, en un acto de perdón del Estado, sentado al lado de ella, quien había logrado llegar a un acuerdo de solución amistosa con la familia del niño grafitero, Diego Felipe Becerra, asesinado por un policía cuya responsabilidad fue ocultada por esa institución en Bogotá (ver).
El propósito del presidente respecto de realizar licitaciones y entregar adjudicaciones mediante procesos transparentes es plausible. En las contrataciones oficiales reside la corrupción de cuello blanco que se mimetiza en clubes exclusivos y en alianzas políticas de alto perfil. En concreto, el conglomerado Thomas Greg & Sons se ha convertido, a lo largo de los sucesivos gobiernos, en el único ganador de billonarias adjudicaciones públicas para el suministro de pasaportes y para el manejo de los resultados de las elecciones, en la Registraduría Nacional, entre otros meganegocios. Es cierto, también, que corren muchos rumores sobre presuntos pactos secretos entre los socios de esa firma y un expresidente de la República, así como entre ellos y aliados en el Congreso y en los partidos tradicionales. Una fotografía de sus gestiones, elaborada juiciosamente por el medio virtual Cuestión Pública pinta la magnitud de los contratos que han obtenido los famosos hermanos Bautista (ver). Extremar la vigilancia sobre el proceso actual en la Cancillería es, por tanto, lo que haría un mandatario decente. Pero, precisamente por ser el máximo responsable del Estado, Petro debe actuar con los más altos estándares del derecho y de los derechos públicos y particulares. No puede ser que la poderosa firma termine, por vía de un gran litigio, cobrándonos a los pobres que sostenemos el país con nuestro esfuerzo, $110 mil o más miles de millones por los chismes, las ligerezas y las rabietas de quienes podrán haber fallecido cuando se haga efectiva la deuda, aunque sus herederos también paguen las consecuencias. Serenidad y sabiduría, presidente.
