Entre las 9:00 de la noche del jueves y las 5:00 de la mañana de este viernes se realizó la tercera reunión entre representantes del Gobierno y transportadores en medio del paro por el incremento en el precio del diésel que generó problemas de abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles en todo el país.
Finalmente hubo acuerdo. Fue una jornada tensa, no solo por las diferencias entre las partes, sino también por los desencuentros entre los transportadores. Hasta último minuto hubo enfrentamientos, acusaciones y gritos entre los representantes de los gremios.
Los ministerios de Transporte, Hacienda, Trabajo, Minas y Energía e Interior acordaron que el diésel subirá $400 ahora y $400 el 1° de diciembre, el incremento que ya se había hecho (de $1.904) se elimina. Los incrementos adicionales que había planteado el Gobierno quedan suspendidos hasta que no se dé una discusión sobre los temas estructurales del sector.
También quedó por escrito que se solicitará ante las autoridades correspondientes el archivo de procesos penales y cancelación de sanciones administrativas que se hayan impuesto con ocasión del ejercicio del derecho legítimo a la protesta y la creación de varias mesas de trabajo para resolver las problemáticas del sector.
El camino de negociación
Después de meses de intentos de negociación, el Gobierno aumentó la semana pasada el precio del diésel en $1.904 y afirmó que realizaría dos aumentos más para, en total, subir el precio de ese combustible en $6.000 y así cerrar la brecha que actualmente existe con los precios internacionales. La decisión desató el paro de transportadores.
Aunque la negociación arrancó el martes, en los dos primeros días no hubo acuerdo. Primero, el Gobierno anunció que suspendería los dos incrementos adicionales hasta que haya un acuerdo, luego, el miércoles, propuso reversar el incremento de $1.904 que ya se hizo y hacer un aumento de $200 mensuales hasta diciembre, llegando así a los $800, más coordinar nuevas mesas con los líderes gremiales para solucionar otros problemas del sector; pero los gremios rechazaron esa opción y advirtieron que solo aceptarían un aumento de $400.
María Constanza García, ministra de Transporte, dijo en la última reunión que tras escuchar más de 60 intervenciones el Gobierno pudo hacer una radiografía amplia de la situación del sector y reconocer que hace falta trabajar en varios temas, pero reiteró que la propuesta final del Ejecutivo es subir $800. “Es lo mínimo, es un 13 % de lo que era la expectativa del Gobierno. Ya no es un regateo, el Gobierno ya puso su límite”.
Si bien el Gobierno mantuvo su propuesta, estuvo abierto a las opciones para llegar a ese incremento. Inicialmente, se planteó un aumento de $400 ahora y otro el 15 de noviembre, fecha en la que, según Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, ya se habrá hecho el ajuste en los fletes. Pasada la medianoche, los transportadores hicieron una contrapropuesta: un primer incremento de $400 en octubre y el segundo (también de $400) en diciembre.
Al final, las partes acordaron que el primer aumento se hará ahora y el segundo el 1° de diciembre.
En medio de la conversación sobre el diésel, los transportadores también exigieron soluciones para los muchos problemas que aquejan al sector: inseguridad en las vías, problemas en el SICE-TAC, monopolios de las empresas transportadoras, tarifas y fletes, peajes y garantías laborales.
De ahí que entre las promesas del Gobierno para poder hacer los siguientes incrementos está atender varios de esos problemas, incluyendo revisar el SICE-TAC, sistema que controla el sonado tema de los fletes, e incluir otras modalidades de transporte. El Ejecutivo también se refirió a las visitas de las empresas intermediarias para asegurar que los pagos a los camioneros sean justos, incluir un régimen laboral para el transportador en la reforma laboral que pasó a segundo debate en el Congreso; presentar el proyecto del régimen sancionatorio del sector transporte y nuevamente analizar la fórmula para calcular el precio del combustible.
¿Por qué el Gobierno busca subir el precio del diésel?
El gobierno del presidente Gustavo Petro decidió ajustar el precio de la gasolina y del diésel en el país para evitar que el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) siguiera creciendo, en detrimento de las finanzas públicas.
En 2022, el déficit del FEPC fue de $36,7 billones, $20 billones correspondían a diésel; en 2023, fue de $20 billones, $15,2 por el diésel. Este año, si no se hubiera hecho ningún ajuste, se tendrían que destinar $11,6 billones.
La comparación es el camino más efectivo para dimensionar el impacto. Con los $36,7 billones que se destinaron en 2022 para el FEPC, según datos del Minhacienda, se habrían podido construir más de 25.700 kilómetros de vías terciarias nuevas; ese monto alcanzaría para entregar 851.000 subsidios de vivienda VIP y VIS con aporte a la cuota inicial y con cobertura total en tasa de interés, o para cubrir con una transferencia mensual (equivalente a la línea de pobreza extrema) a 7,7 millones de personas en condición de pobreza. Prácticamente, 100 % de las personas en pobreza extrema podrían haber recibido una transferencia mensual equivalente a la línea de indigencia por dos años con ese dinero.
La senda para poner a punto el precio nacional de la gasolina con el internacional arrancó en octubre de 2022 y terminó en enero de este año. El aumento en el diésel se aplazó varias veces, entre otras razones, para evitar un impacto en la inflación, además, era claro que el camino para lograr ese incremento sería cuesta arriba.
En aras de avanzar, las carteras de Hacienda y de Minas y Energía publicaron en julio un decreto que establece un mecanismo diferencial para los grandes consumidores, específicamente para los que tienen una operación logística especial y consumen más de 20.000 galones mensuales. La medida, que ya está en firme, implica que el precio para 150 empresas, principalmente de minería y petróleo, ya está en paridad con el mercado internacional desde mediados de agosto.
Con el acuerdo de este viernes, el precio para los pequeños consumidores subirá $800 este año y seguirá pendiente un ajuste de $5.200, para el que queda un largo camino por recorrer.
La importancia de marchitar el FEPC la reconoció esta semana la Contraloría General e incluso gremios que dependen del transporte, como Analdex (gremio de los exportadores), por mencionar apenas un par de voces. Sin embargo, los transportadores argumentaron que esa subida de $1.904 golpeaba fuertemente su economía.
