Por William Giraldo C.
No hay organizaciones, asociaciones o sindicatos que defiendan los intereses de los ciudadanos que cada día pagan más por servicios, alimentos, vivienda, combustibles, multas exageradas e impuestos.
Los transportadores de carga y pasajeros sí protestan cuando los precios de los combustibles les afectan, las familias que necesariamente tienen que usar automóviles para sus desplazamientos ante la ineficiencia del servicio público urbano de transporte no tienen quién los defienda.
Pero, curiosamente, ni los unos ni los otros protestan al comparar los costos o precios de algunos consumos. Por ejemplo, el precio de litro y medio de una gaseosa en un supermercado es de $6.000, para completar el volumen de un galón de gaseosa, equivalente a un galón de gasolina, se necesitan tres botellas de litro y medio, es decir $18.000.
Odiosa comparación, pero la verdad es que la gaseosa cuesta más que un galón de gasolina que, en promedio, se acerca ya a los $13.000.
Los que protestan por el alto precio de la gasolina tampoco han caído en cuenta que el mayor beneficio se lo llevan los ingenios azucareros que son los que producen el alcohol como parte del loable propósito ambientalista para que el país cuente con combustibles menos contaminantes.
En otras palabras, los dueños de los carros, buses y camiones están subsidiando a los ingenios azucareros que cobran precios por encima de los del mercado internacional del alcohol carburante o como folcloricamente se denominan en Colombia los «biocombustibles».
Tampoco dicen nada los ciudadanos que progresivamente se han ido «bancarizando» (inclusión financiera) con cuentas de ahorro, cuentas corrientes, préstamos y tarjetas de crédito cuyos servicios están alcanzado niveles abusivos en sus tasas de interés y costo de servicios por transferencias, uso de cajeros automáticos.
Hay cuentas de ahorro que desaparecen porque el ahorrador no hizo movió la cuenta durante más de 90 días.
Además del 4 x 1000, el impuesto «temporal» que llegó para quedarse, los cuentacorrentistas y ahorradores pagan hasta $7.000 cada vez que usan un cajero automático para retirar alguna suma con la cual pagar un servicio o un consumo.
Las tarjetas de crédito están cobrando tasa de interés efectivo anual hasta del 46%.
Al respecto de las tarjetas de crédito, cabe una observación: nos atrevemos a pensar que las marcas Visa, MasterCard y American Express, son franquicias que usan los bancos colombianos para enriquecer sustancialmente sus utilidades.
No es posible creer que las matrices de esos productos que respaldan las líneas de crédito instantáneo para los clientes bancarios cobren tasas de interés tan elevadas a las entidades financieras que adquieren sus franquicias, es decir el derecho de uso de la marca Visa o MasterCard.
Olvidaron los bancos que el presidente Andrés Pastrana y su ministro Juan Camilo Restrepo pusieron a todos los colombianos, incluidos los más pobres, a pagar el 2 x 1.000 para salvarlos de la crisis financiera que amenazaba quebrarlos a finales de los años 90.
Las Centrales Obreras CUT, CGT, CTC y UTC se preocupan anualmente por la negociación del aumento del salario mínimo para compensar el aumento del costo de vida, la inflación certificada por el DANE, y algunos puntos adicionales a ese porcentaje.
Nada dicen del efecto que sobre los ingresos de los colombianos tiene la devaluación, la pérdida de poder adquisitivo del peso frente al dólar, en un país que importa no solo automóviles, artículos suntuarios, materias primas, bienes de capital y maquinaria, y, lo más grave, hasta 19 millones de toneladas en alimentos cuyos precios en pesos cada día cuestan más.
Tampoco las centrales obreras ni los empresarios dicen nada sobre los costosos aportes que mensualmente tienen que hacer las empresas para el SENA cuyos egresados solo consiguen empleo en otros países, las Cajas de Compensación Familiar con servicios y precios poco accesibles para los obreros y el Instituto de Bienestar Social que se ocupa de ayudar económicamente a las madres comunitarias, el amparo de niños sin hogar o maltratados, el suministro de Bienestarina y las adopciones.
Todo pagado por el sector privado y un estado que regularmente crea más y más subsidios para mantener en la pobreza a los pobres que no encuentran alternativas para salir de las limitaciones económicas que los mantienen en el sótano social de Colombia.
