NICHOLAS DALE LEAL
Desde que Gustavo Petro ganó las elecciones en junio de 2022 y se posesionó poco más de un mes después, la oposición colombiana quedó sin cabeza. Se sucedieron nombres de personajes que podrían liderar al sector político que se enfrentaba ideológicamente con el primer presidente de izquierda de la Colombia contemporánea: Miguel Uribe Turbay, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Álvaro Uribe… A pesar de los candidatos, hasta el día de hoy no hay un líder claro para una oposición fragmentada y en busca de una dirección política. Por eso, el papel de líder, según muchos analistas, lo ha desempeñado alguien que en teoría debería estar fuera de la política. Los múltiples choques del fiscal general Francisco Barbosa con el Gobierno lo han ubicado en el centro de la polémica y el debate nacional. Y, a dos semanas de que termine su periodo en el cargo, está haciendo más ruido que nunca.
La cabeza del ente que tiene varias investigaciones abiertas sobre el entorno del presidente terminará su período el 12 de febrero. Lo debe reemplazar una sucesora elegida por los magistrados de la Corte Suprema a partir de una terna presentada por Petro en agosto del año pasado. Las postuladas, todas abogadas con pasado en el ente acusador, son Ángela María Buitrago, Amelia Pérez y Luz Adriana Camargo. Sin embargo, los 23 magistrados de la Corte Suprema están lejos de llegar a una mayoría de 16 votos para escoger: el pasado 25 de enero votaron, y 13 de los votos, más de la mitad, fueron en blanco. Esto no es particularmente inusual, en el pasado reciente del país elegir fiscal general no ha sido tarea fácil: los últimos cuatro recibieron la institución de manos de fiscales interinos.
Lo que sí es inusual es el ambiente alrededor de quien quede interino. Sobre la favorita de Barbosa, la vicefiscal Martha Mancera, pesan denuncias que la señalan de proteger a funcionarios corruptos que trabajaban en Buenaventura, lo que motivó una investigación de la misma Fiscalía. Cerrándola hace pocos días, su jefe ha buscado atornillarla. Desde Washington y tras reunirse con funcionarios del departamento de Justicia norteamericano, el fiscal dijo que “hay respaldo total de los Estados Unidos y del Departamento de Justicia a la vicefiscal”, como expediente para tratar de bajarle peso a las críticas. Y Mancera misma también se pronunció, dando por hecho un puesto interino que solo podría dejar de ocupar si la Corte Suprema define muy rápido, o si su jefe decide cambiar de vicefiscal.
Es evidente que en la cúpula actual de la Fiscalía no contemplan que el 12 de febrero asuma una de las ternadas. Lo que no se sabe es si estas declaraciones esconden información no conocida públicamente. Pero ha habido denuncias sobre magistrados que tienen familiares nombrados en la Fiscalía —tres de ellos se declararon impedidos para votar por ello—, Barbosa ha dicho que Petro le pidió que cesara a Mancera porque “le tiene miedo” y el presidente ha señalado al fiscal de “sedición” por supuestamente estar torpedeando la elección de su sucesora. Con todo ello, las respuestas sencillas se vuelven un tanto menos creíbles.
En esta coyuntura de alta tensión, ayer el fiscal Mario Burgos anunció que imputará nuevos delitos de corrupción a Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente, que ya está siendo procesado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Aseguró que pedirá que sea enviado de nuevo a la cárcel por cuatro delitos asociados a corrupción en la contratación, aunque no aclaró de qué hechos o tipos penales se trata. Con la poquísima información que hay sobre el caso, no es sensato especular, pero el anuncio en medio de la confrontación solo aumenta la presión en el que puede ser el asalto final en la batalla Petro-Barbosa. Cuánto dure es algo que está por verse y que depende de los 23 magistrados.
