Gustavo Petro ya ha estado aquí antes. Nada de esto le es ajeno. Cuando era alcalde de Bogotá, en una decisión muy controvertida, la Procuraduría General consiguió que lo destituyeran y lo inhabilitaran por 15 años. Petro sacó a la gente a la calle para protestar y su figura de perseguido político se agrandó, incluso más que cuando lo querían matar grupos paramilitares por sus investigaciones como senador. No lo sabía, pero ese era solo el principio de lo que habría de ser su vida en los próximos 10 años. Pero antes, en 2013, fue a Washington a declarar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y vivió un instante de revelación: “Si fuera presidente de Colombia, habría un golpe de Estado”.
Ese momento, a su juicio, ha llegado once años después. La historia se repite, dicen en Casa de Nariño. Se han cumplido las dos cosas, aunque la segunda sea un supuesto: Petro luce la banda presidencial y la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha decidido abrir una investigación y formular cargoscontra el presidente, por el exceso de gasto en la campaña electoral que le convirtió en jefe de Estado en 2022. La decisión, en términos jurídicos, resulta polémica. Entre los juristas hay consenso en que el CNE no tiene la facultad de destituir al presidente, algo reservado al Congreso. Pero la idea de que enfrenta de nuevo un caso de lawfare se ha instalado en el Gobierno y será una discusión central en los próximos meses. Un nuevo campo de batalla se abre paso mientras el resto no han terminado de cerrarse. La Presidencia de Petro es electricidad pura.
El presidente cree que este caso se asemeja a los que vivieron los mandatarios brasileños Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva —en realidad hay diferencias importantes—. O en el que todavía está en proceso el ecuatoriano Rafael Correa. Subiendo la apuesta, Petro incluso se ve en el espejo de Salvador Allende, una figura histórica con la que le gusta recrearse. Se dice igual de determinado que él —el chileno se disparó en la cara, con un AK47 regalado por Fidel Castro, mientras avanzaban los tanques hacia el Palacio de La Moneda— a dar la vida por esta causa. “El presidente llega hasta donde el pueblo diga, no importa mi vida. Hasta donde el pueblo diga”, dijo poco después de conocerse la apertura de la investigación del CNE. Esta postura ante su deber con la nación no es nueva; en Petro siempre ha habido una tendencia al martirologio, como queda reflejado en el libro de memorias que publicó poco antes de ser presidente.
Su actitud ha sido la de proyectarse como un defensor de la institucionalidad. “Rige la democracia o rige la democracia en Colombia. Rige la Constitución o rige”, enfatizó. “Cinco politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia. Llegó el momento de moverse, no hubiera querido que fuera así, lo advertí. Pero no reaccionaron, no pensaron. Se creen con el derecho de burlarse del voto popular y aquí no hay pueblo arrodillado”, añadió.
El presidente, hace unos meses, había llamado a la movilización para sacar adelante su proyecto de Asamblea Constituyente, que tanto recelo despertó. Sin embargo, parece que esta va a ser la causa con la que busque llenar las calles y así demostrar su capacidad de movilización. O que se evidencie lo contrario, he ahí la apuesta. En cualquier caso, Petro ha defendido siempre que las decisiones judiciales no pueden anular el voto popular, y así lo ha expresado hasta con la suspensión de María Corina Machado en las presidenciales, a riesgo de enemistarse con el chavismo.
El abogado Iván Cancino considera que la medida del CNE no tiene asidero jurídico. Es más, entorpece la investigación de lo verdaderamente importante: si hubo irregularidades en la campaña del Pacto Histórico, la coalición de izquierdas. “El fallo del CNE es equivocado desde lo estratégico, lo legal y lo constitucional”, dice Cancino, antiguo fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá. “El presidente de la República tiene un fuero. Los hechos ocurrieron cuando era candidato, ahora es presidente. Siendo presidente, solamente lo puede investigar la Comisión de Acusación en lo disciplinario, lo fiscal, lo penal y lo sancionatorio. Aquí el hecho grave es que se volaron 5.000 millones de pesos en una campaña presidencial. Desafortunadamente, con esa decisión del CNE, la noticia no va a ser esa, sino que al presidente le violaron sus derechos. Uno de los últimos trinos del presidente es que no se respeta la voluntad popular, ni el voto. Acudirá a organismos internacionales como cuando lo destituyeron siendo alcalde. En mi concepto, logrará medidas cautelares que lo protegerán tumbando toda la investigación. Eso afectará los tiempos y quedará la impunidad también por la prescripción”, vaticina.
En una posición distinta se encuentra el analista Ricardo Ávila, que ve justificada la investigación del presupuesto de la campaña. De hecho, recuerda Ávila, fue el propio hijo de Petro, Nicolás, el que declaró que se habían producido irregularidades, una idea que, de forma velada, también deslizó el que fue su jefe de campaña, Armando Benedetti. “Dice el refrán que el que nada debe, nada teme. Pero esa no parece ser la máxima de Gustavo Petro, quien está poniendo en práctica aquella regla del fútbol según la cual la mejor defensa es el ataque. Para hacerlo, el presidente escogió actuar en política y no en derecho, reviviendo la tesis de que aquí hay un intento de golpe”, asegura.
El entorno del presidente sostiene que la investigación formal podría durar “más de año y medio”, por lo que, en caso de un fallo, ya no se produciría durante su mandato. Adicionalmente, por ley, un fallo del CNE debería darse antes de tres años desde que ocurrieron los hechos: como la campaña presidencial de Petro acabó en junio del 2022, los magistrados tendrían solo nueve meses, hasta junio del 2025, para hacer todo el proceso de recolección de pruebas, deliberación y votación—un proceso que normalmente toma más tiempo. Lo que refuerza la idea de que esta imputación se va a volver un asunto político, sobre todo desde que se sabe que el principal ponente ha sido el magistrado Álvaro Hernán Prada, miembro del Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, con el que Petro lleva más de 20 años de contienda política. Tampoco se descarta que Petro regrese a la CIDH, el mismo sendero que caminó como alcalde.
“Le pido al mundo prestar atención a Colombia y ayudarnos a defender nuestra democracia”, dijo Petro en una alocución presidencial en la noche del martes, esperando que la movilización a su favor supere las fronteras colombianas. El presidente le ha pedido a todo cuerpo diplomático reunirse lo antes posible para “explicar al mundo el porque, lo que ha hecho por mayoría el CNE, es un golpe contra el fuero integral del presidente y contra el voto popular”. La cancillería, en cabeza de Luis Gilberto Murillo, ya ha puesto el plan en marcha.
