Cuando Gustavo Petro era candidato a la presidencia, uno de los temores que sus opositores asociaban con su triunfo eventual era el de que, una vez en el poder, convocara a una Asamblea Nacional Constituyente que le permitiera mantener la jefatura del Estado más allá de 2026. Antes y después de ganar las elecciones presidenciales, el actual presidente de Colombia ha reiterado que dejará el poder una vez su periodo de cuatro años termine. Este viernes, sin embargo, el mandatario ha resucitado viejos temores al mencionar la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente ante el estancamiento de sus reformas en el Congreso de la República.
Petro mencionó la idea en un discurso en Cali, la principal ciudad del Pacífico colombiano y a la que en buena medida debe el hecho de ser presidente hoy en día, al haber sido en 2021 uno de los centros neurálgicos del paro nacional que le serviría como trampolín para llegar al Palacio de Nariño. El mandatario la mencionó de una manera simple, alejada de la complejidad que acarrea una reforma de ese tipo: “Si esta posibilidad de un Gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente”. Más adelante añadió: “La Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia”.
La idea del presidente es una reacción a los fracasos reiterados que han tenido sus principales reformas en el Congreso. La más reciente de ellas fue la de la salud, que esta semana quedó al borde de ser desechada, después de que ocho senadores de la Comisión Séptima de esa corporación firmaran una ponencia para hundir el proyecto de ley, y en un comunicado aseguraran que no cambiarían su voto por ningún motivo ni apoyarían una ponencia alternativa. Ante esa situación, el Gobierno quedó sin mayores posibilidades: o retirar la reforma, o esperar a que fracase en la siguiente votación en el Legislativo, o ver cómo pasa el tiempo sin que sea votada.
Varios líderes políticos reaccionaron a las declaraciones de Petro, toldándolo de “dictatorial” y recordándole promesas del pasado en que aseguraba que no convocaría a una Asamblea Constituyente ―cuando era candidato presidencial en 2018, y para formalizar la adhesión de la Alianza Verde a su campaña, firmó un decálogo de promesas inscrito en tablas de mármol entre las que estaba esa―. El excandidato presidencial de centro Sergio Fajardo escribió en X: “¡Por fin anunció lo que siempre se sospechaba, su deseo de convocar una Asamblea Constituyente! Si no hacen lo que yo, expresión del pueblo, quiero, entonces cambiamos la Constitución”. El copresidente de la Alianza Verde Antonio Navarro, en otra época muy cercano a Petro y exmilitante de la misma guerrilla del presidente, el M-19, rechazó la idea: “No luce necesaria una nueva Asamblea Nacional Constituyente en estos momentos”.
Desde la orilla del uribismo también llegaron las críticas, como era esperable de la principal fuerza de la derecha. La senadora María Fernanda Cabal, una de las opositoras más visibles del Gobierno en el Congreso, escribió: “Petro es un mentiroso e izquierdista radical: ayer negaba planes de una Constituyente; hoy confiesa su intención de forzarla, impulsando reformas que solo traerán miseria y desolación”. Su colega y copartidaria Paloma Valencia también se pronunció: “El ánimo de destrucción de este Gobierno no tiene límite. Ahora el presidente Petro amenaza que, si no se aprueban las reformas, habrá Constituyente. Ni Constituyente, ni destrucción”.
El proceso hasta llegar a una Constituyente es muy difícil, debido a los procedimientos que establece la Ley Fundamental. Uno de ellos indica que el mismo Congreso que Petro critica por no impulsar sus reformas apruebe la convocatoria y que por lo menos un tercio de los votantes habilitados la apoyen. En caso de que se diera todo lo anterior, el país se enfrentaría a un escenario incierto en el que los miembros de la Asamblea deben ser elegidos por voto popular. Es entonces cuando la posibilidad de una reforma del Estado se presenta como un arma de doble filo, en este caso para el presidente Petro: puede que ganen candidatos afines a él y haya un escenario que le sea favorable, pero también puede ocurrir todo lo contrario. No en vano, la idea sola de una Asamblea Constituyente suele ser comparada con un salto al vacío.
Petro no es el primer líder político que ha mencionado la posibilidad de una Constituyente que lleve a reemplazar la Carta Magna que rige a Colombia desde 1991. En 2016, el expresidente Álvaro Uribe, tras los acuerdos de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la ya extinta guerrilla de las FARC, la propuso como una manera de revisar y cambiar todo lo que se había pactado en La Habana, sede de las negociaciones. Varios miembros de su partido la han propuesto en otras ocasiones como una herramienta para reformar la justicia. Una de esas veces fue en 2020, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria del exmandatario, en un caso de soborno y manipulación de testigos.
