Editorial
De Rusia a Latinoamérica, China o el Magreb, la prensa está bajo amenaza. La violencia contra los periodistas, ejercida de múltiples formas a través del acoso, la censura gubernamental, la intimidación, la cárcel y el asesinato, sigue presente. En las últimas semanas se han dado varios episodios que no solo deben elevar la preocupación de autoridades locales y organismos internacionales, sino que exigen una condena unánime y una respuesta inmediata. La libertad de información no es una etiqueta vacía y tampoco basta con reconocerla sobre el papel o decretarla. El periodismo necesita de condiciones básicas para su ejercicio: una de ellas es la seguridad y otra el respeto del poder político y del resto de poderes.
La amenaza más extendida para los reporteros llega del crimen organizado, las mafias, los carteles y la delincuencia. No obstante, a veces el peligro anida en los palacios de gobierno. La invasión rusa en Ucrania, donde el año pasado fallecieron 12 comunicadores, según la Federación Internacional de Periodistas (IFJ, por sus siglas en inglés), repercute también lejos de los frentes de guerra. El pasado 30 de marzo fue detenido en la región de los Urales el corresponsal de The Wall Street Journal,al que el Kremlin acusa de espionaje. La primera decisión del juez fue mantener a Evan Gershkovich en prisión preventiva,mientras su caso ha sido declarado alto secreto.
Al mismo tiempo, el periodismo está cada vez más cercado en el Magreb. Un reciente informe de Reporteros sin Fronteras (RSF) alerta de los retrocesos que sufren, por ejemplo, Marruecos, que quiere acabar con la autorregulación; Argelia, cuyas autoridades buscan restringir el secreto profesional, o Túnez, donde fue encarcelado el director de la principal emisora de radio en medio de una redada contra opositores. De acuerdo con ese estudio, Noruega, Dinamarca, Suecia, Estonia y Finlandia son los países en los que más se respeta la libertad de prensa. A la cola, Corea del Norte y, a cinco posiciones de distancia, China.
En América Latina el oficio de informar nunca ha dejado de ser una actividad de riesgo. El caso de Rafael Moreno, un reportero que se jugaba la vida denunciando la corrupción local en una de las regiones más violentas de Colombia, es uno de los más recientes. Fue acribillado por un sicario el pasado octubre y sus investigaciones pudieron seguir porque antes del ataque entró en contacto con el consorcio Forbidden Stories, que reúne a más de 30 medios internacionales, entre ellos EL PAÍS, The Guardian o Le Monde. México se ha convertido en el lugar del planeta más peligroso para ejercer la profesión de periodista. Al sur, las cosas no cambian. No mueren tantos como en México, pero la persecución es atroz. El exilio, cuando no la cárcel, forma parte ya de la rutina de muchos periodistas, de Bolivia a Honduras o Guatemala, donde uno de los estandartes de este oficio, José Zamora, permanece en prisión. La situación en Centroamérica sigue siendo más que preocupante: en El Salvador, un diario como El Faro, que ha destapado la corrupción de todas las capas del poder, se ha visto obligado a mover sus operaciones a Costa Rica ante la persecución del régimen de Nayib Bukele. Ni qué decir de Nicaragua, donde la autocracia de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha expulsado a la práctica totalidad de los informadores, que trabajan en su mayoría desde Costa Rica. El panorama es desolador y reclama actuaciones inmediatas por parte de los organismos internacionales. Apela también a la sociedad en su conjunto cuando tantos intereses tratan hoy de desprestigiar en todo el mundo a uno de los elementos esenciales de cualquier democracia.
