Editorial
Las denuncias hechas esta semana por los colegas de W Radio son graves. En un documento enviado a la Fiscalía, al que tuvieron acceso, el general Federico Mejía, hoy comandante del Comando Específico del Cauca del Ejército Nacional, hace acusaciones temerarias. Frente al ente investigador afirma que la emisora recibió dádivas a cambio de hacerle buena prensa a otro general. No aporta pruebas y, cuando fue consultado, dice que el documento fue manipulado. Es inaceptable que un miembro de la Fuerza Pública haga ese tipo de acusaciones calumniosas que afectan el ejercicio de la libertad de prensa.
Mejía, en medio de una serie de acusaciones contra el general John Rojas, le escribió a la Fiscalía que “el término ‘General de la Paz’ -en referencia al general (r) Rojas- nació de la manipulación de medios (La W) donde, a través de dádivas y demás elementos que le permiten generar propósitos personales, finalmente lo envalentonan a través de sus deseos perversos de alcanzar el poder sin importar la grandeza de la institución”. Palabras más, palabras menos, lo que Mejía afirma en ese documento es que los periodistas aceptaron sobornos para hacer una campaña de publicidad a favor del general Rojas. De ser cierto, sería una falla gravísima a la ética de nuestro oficio, así como un acto de profunda deshonestidad con la audiencia. Pero Mejía no aporta pruebas. Lo que nos lleva a concluir que se trata de un intento por desacreditar a periodistas en libre ejercicio de sus funciones.
En respuesta, el colega Julio Sánchez Cristo, director de W Radio, dijo que no conoce al general Rojas y que “si usted (Mejía) tiene cómo probar que el general Rojas nos dio alguna dádiva a cambio de llamarlo el ‘General de la Paz’, me retiro de este programa hoy mismo”. Por su parte, el gerente general de Caracol S. A. y CEO de Prisa Media América, Felipe Cabrales Urdaneta, afirmó que “estas acusaciones infundadas y calumniosas constituyen una clara violación de la libertad de expresión y afectan el buen nombre de los comunicadores de esta casa periodística”. Estamos de acuerdo.
Tanto el Ministerio de Defensa como el Ejército Nacional deben explicarles al país y a W Radio qué fue lo que ocurrió, así como cuáles serán las responsabilidades asumidas por el general Mejía. No se trata, es claro, de una posición institucional, sino de una rencilla personal entre dos miembros de la Fuerza Pública, pero es importante que haya una respuesta contundente. Lo que está en juego son derechos fundamentales en un país donde cualquier tipo de abuso o estigmatización no pueden tolerarse. Acusar a periodistas de venderse, que se ha vuelto deporte popular desde el anonimato de las redes sociales, viniendo de un representante del Estado constituye una grave afrenta a la esencia de su legitimidad democrática.
Nos solidarizamos con los periodistas de W Radio y nos unimos a su emplazamiento al general Mejía para que entregue respuestas de su indelicada actuación. Cuando menos, debe haber un acto de desagravio y disculpas. La libertad de prensa exige que esta se mantenga libre de estigmatizaciones.
