Muchas expectativas, erróneas interpretaciones y debates técnico-políticos han surgido en torno de la gratuidad, a propósito de la aprobación de la matrícula cero. Aún falta camino para hablar de universalidad plena.
Si bien el actual gobierno, del presidente Petro, viene hablando de una reforma a la Ley 30 de 1992, de reforma a los artículos 86 y 87 sobre financiamiento, de los derechos al libre acceso y universalidad en la educación superior y hasta de una reforma al Icetex (que no desaparecerá ni eliminará los créditos, como prometió en campaña), todo esto es sólo -por ahora- una agenda política, y la deseada universalidad en el acceso y la gratuidad en la educación superior son solo iniciativas y la única acción oficial corresponde a la aprobación del Congreso del proyecto de Ley sobre matrícula cero, que debe reglamentarse, pero no es una herramienta de acceso universal.
Por ello, para claridad de la opinión pública, para aterrizar las expectativas de quienes piensan que Colombia ya avanzó hacia la universalidad de la educación superior y que, con esto, el Estado estaría subsidiando la educación superior de los ricos, es importante hacer las siguientes precisiones:
1) ¿La gratuidad educativa comenzará a operar ya?
No. Según el proyecto de ley el Ministerio de Educación tiene seis meses a partir del momento en que se sancione la ley por parte del presidente Petro para reglamentar la norma y definir sus reglas de juego. Es decir, en 2023-2 no entrará a funcionar en forma y los estudiantes que, como producto de los diversos programas actuales del gobierno, no tienen beneficios, así continuarán el resto de año.
2) ¿A partir de 2024, será para todo el mundo?
No. El texto habla sólo de estudiantes en instituciones de educación superior públicas, y no privadas.
Es decir, casi la mitad de todos los estudiantes colombianos, matriculados en universidades privadas, no tendrán ese beneficio.
3) ¿El Gobierno tiene los recursos para toda la matrícula cero?
En el corto plazo, no. Y quién sabe en cuánto tiempo esto será posible, porque la aplicación de la gratuidad depende, como dice la propia norma, de la “disponibilidad presupuestal” del Estado.
A medida que los cálculos crezcan en número de estudiantes (y aquí se debe considerar el impacto en crecimiento de matrícula en IES públicas de estudiantes que aspirarían a la privada pero que buscan cupo gratis en las públicas) y que la situación económica de estos conlleve la necesidad de apoyarles -como dice la norma- para su sostenimiento (entendido como vivienda, transporte, alimentación y otros subsidios), las cifras económicas subirán y esto podría demorar la puesta en marcha plena.
4) Entonces, ¿será para todos los estudiantes de IES públicas?
Esa es la idea, pero la norma también es clara que, según los recursos, se priorizarán los estudiantes de los “grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad de acuerdo con la focalización socioeconómica Sisbén IV o el instrumento que haga sus veces definido por el Departamento Nacional de Planeación, víctimas del conflicto armado, los que pertenezcan a las comunidades étnicas: indígenas, rom, raizales, afrodescendientes y palenqueras, así como a quienes pertenezcan a población con discapacidad, madres cabeza de familia y jóvenes graduados como bachilleres de colegios oficiales ubicados en las zonas rurales del país”.
Es decir, según la decisión política, y fiscal, llegar a todos los estudiantes de las universidades públicas podría tomar unos pocos meses o varios años.
5) ¿Los estudiantes de bajos recursos de las IES privadas serán beneficiarios?
No. Ninguno. Ni siquiera los de grupos poblaciones en condiciones de vulnerabilidad que estudien en IES privadas.
6) ¿Los ricos también se beneficiarán?
Los de las universidades privadas no. Los que estudien en las universidades públicas, sí, pero no ahora sino cuando el gobierno extienda los beneficios según el dinero que tenga.
¿Está bien que la gratuidad en la matrícula llegue a estudiantes ricos?
A raíz de la aprobación en el Congreso de la iniciativa, ha surgido un debate entre defensores y críticos de la medida en torno a si es equitativo o no que una política pública, como la de gratuidad educativa, se extienda a los jóvenes provenientes de los estratos económicos más altos de la población.
Mientras que los promotores de la iniciativa (congresistas como Alexánder Flórez, Gabo Becerra y Jennifer Pedraza, entre otros) defienden la intención de que la gratuidad sea para todos los estratos, algunos rectores y analistas de universidades privadas (entidades directamente golpeadas por la medida y que podrán seguir perdiendo más demanda), consideran que los subsidios gubernamentales para estudiantes de altos ingresos constituye una medida regresiva, por cuanto -dicen- no se incentiva la equidad y un desarrollo profesional que permita las mismas condiciones de formación y trabajo profesional de los posteriores egresados.
El senador Alexánder Flórez advierte que “lo que hemos alcanzado es un logro histórico porque ha sido la bandera más importante del movimiento estudiantil que Colombia levantó durante años, quienes hicieron el pedido de educación pública gratuita y se materializa con este proyecto”. Considera que es un reconocimiento de derechos a todos los ciudadanos y, en su línea de pensamiento, los defensores de la medida consideran justo que se retorne a los ricos parte de lo que han tributado.
“La Matrícula Cero no es un subsidio, es la garantía de acceso de un derecho constitucional que debe ser universal. La educación es el derecho esencial de la democracia”, dice Flórez.
En contraste, para Daniel Toro González, vicerrector de la privada Universidad Tecnológica de Bolívar, “la gratuidad en educación superior con restricción en la oferta de cupos es regresiva, favorece a los mejor educados y fortalece la desigualdad”.
De entrada hay una preocupación porque si bien la medida tiene un efecto positivo político entre la opinión del ciudadano, no resulta para nada equitativa con los estudiantes de escasos recursos que, independientemente de sus motivos, deben pagar de su bolsillo matrículas en las IES privadas.
La investigadora Angela Granger advierte cómo la mayoría de estudiantes de estratos bajos que presentan las pruebas Saber Pro están en universidades privadas. Sin contar que la mayoría ni siquiera ingresa a la educación superior.
Esto es otra forma de mostrar cómo la política de matrícula cero constituye una política sectorial (sólo para IES públicas) pero no plenamente nacional (no cubre a todo el sector).
“En un país donde la oferta universitaria es limitada en cantidad y calidad y no se puede ampliar de la noche a la mañana, y donde hay diferencias tan grandes en calidad de educación básica y media por ingresos, esto no es una buena noticia. Perjudica a los más vulnerables!, dice María del Pilar López Uribe, Economista e Historiadora de Uniandes.
Para Granger, “el problema principal es que la mayoría de jóvenes de bajo nivel socioeconómico no entra a la universidad o ingresa a universidades privadas de baja calidad. Esta política hace CERO, por esa mayoría. Y además beneficia a los jóvenes de ingresos medios y altos en universidades públicas”.
La eficiencia en el uso de los recursos es otro de los puntos de vista del debate. Germán Machado, docente de Uniandes y del CESA, advierte que “con matrícula cero los recursos disponibles tendrán que repartirse entre más estudiantes. Lo que antes era solo para estudiantes de bajos ingresos ahora tendrá que ser compartido, al menos en parte, con personas de más altos ingresos. Esto es una asignación de subsidios que no resulta eficiente y que empeora la desigualdad”.
Según Luz Karime Abadía, coordinadora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, esto es una “mala noticia para los estudiantes de bajos recursos que antes no pagaban pero tenían más chance de ingresar, ahora los cupos en las mejores IES públicas se los quitarán aquellos de altos ingresos y mayor desempeño académico”.
Los rectores de ICESI, Esteban Piedrahita y de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, cuestionan la medida del Congreso y del Gobierno, y se confirman en la hipótesis de la regresividad de la misma con argumentos técnicos que, para sus críticos, pierden peso por el hecho de ser defensores de universidades privadas.
“Los recursos públicos son escasos”, advierte Restrepo, a la vez que indica que como el acceso a las universidades públicas se hace con pruebas de estado, son los más pudientes quienes, en promedio, tienen los mejores resultados luego “ocupan cupos de calidad y recursos escasos al propósito social”.
En complemento, Piedrahita indica que “siguiendo la misma lógica -de la norma- ¿no debiéramos entonces darles, a los más pudientes (es decir, a personas como usted y cómo yo, le dice a Flórez) también subsidios para vivienda, subsidios de servicios públicos, subsidio de salud, etc. Ya subsidios desmedidos de pensión les (nos) damos por Colpensiones”.
Aún así, Flórez insiste en los beneficios. “Personas de estratos 4,5 y 6, a pesar de ser sólo el 3% de la población de universidades públicas, muchas veces viven en pobreza vergonzante, y no tienen con qué pagar pasajes o comer. El porcentaje que pagaban de matrícula, ahora podrán utilizarlo para mantenerse en la institución”.
Esta idea la complementa el alcalde de Medellín, aliado político de Flórez, Daniel Quintero: “Conocí mil casos de jóvenes de estratos altos cuyas familias cayeron en desgracia. Se quedaron sin educación porque no les alcanzó para las cada vez más excesivas matrículas privadas, y les negaron el derecho en las públicas. Este país cambia cuando la educación no sea un tema de estratos sino de futuro”.
El debate hasta ahora comienza.
