El paso de los años no disminuye el ruido alrededor de la financiación de las campañas del expresidente Juan Manuel Santos y de Óscar Iván Zuluaga. Si bien no se trata de hechos desconocidos, en esta ocasión volvieron a la palestra pública por cuenta del acuerdo entre el conglomerado empresarial Grupo Aval y la justicia de Estados Unidos. En un acuerdo de acusación diferida quedó evidencia de que Aval admitió haber sobornado a funcionarios públicos colombianos, entre 2012 y 2015, para que le fuera adjudicada la Ruta del Sol II, una de las principales obras de infraestructura del país. El desarrollo de dicho proyecto debía llevarlo a cabo con Odebrecht, que también actuó fraudulentamente y pagó coimas. Y es aquí cuando entran Santos y Zuluaga en la ecuación: está probado que Odebrecht financió sus respectivas aspiraciones electorales.
Desde 2017 existe certeza de que la constructora brasileña colaboró con las campañas de Santos, en 2010 y 2014. Respecto a la primera, en una entrevista con Blu Radio, el gerente de ambas postulaciones, Roberto Prieto, admitió públicamente haber burlado la ley colombiana, que prohíbe que sociedades extranjeras contribuyan financieramente a aspiraciones electorales. “Yo ordené los afiches operativamente con plata de Odebrecht. Es una realidad. Eso fue una operación irregular”, aseveró. Por ello fue condenado a 5 años de prisión. Santos ha dicho que no sabía de esos recursos, versión que coincide con la de Prieto.
Frente a la reelección en 2014, la Fiscalía verificó que Odebrecht celebró un contrato por 1 millón de dólares con la firma panameña Paddington para realizar una encuesta en las principales ciudades del país y cuyo beneficiario era la campaña de Santos. Otto Bula y Bernardo Elías, excongresistas que fueron condenados por este escándalo, declararon ante la justicia en ese mismo sentido. Los dos recibieron coimas de Odebrecht a cambio de asegurarle contratos con el Estado, y afirmaron que una porción de estos dineros fue a parar en la reelección de Santos. “Mi interés en ese contrato era ayudarle a los de Odebrecht que sacaran rápido el otrosí Ocaña–Gamarra, para que ellos entregaran recursos económicos con destino a la campaña presidencial del señor Juan Manuel Santos Calderón, periodo 2014–2018 reelección, primera y segunda vuelta”, se lee en una de las declaraciones que Elías dio a la Fiscalía.
El revuelo que surgió tras lo pactado por el Grupo Aval en territorio norteamericano volvió a poner el tema sobre la mesa. Uno de los documentos que hacen parte del acuerdo, como lo reveló el periodista Daniel Coronell en W Radio, reafirma la intromisión de Odebrecht en la campaña de 2014 y lo dicho por Elías. Ese año, a pocas semanas de la primera vuelta electoral, se llevó a cabo un soborno a través de aportes a la candidatura de Santos. “En mayo de 2014, antes de que funcionarios del Gobierno colombiano aprobaran las nuevas obligaciones financieras para la ampliación Ocaña-Gamarra, el Ejecutivo brasileño acordó pagar sobornos adicionales a funcionarios del Gobierno colombiano en forma de contribuciones ilícitas a la campaña”, se lee en el acuerdo.
En este caso la verdad judicial ha sido más esquiva. La justicia no ha aclarado cómo habría llegado el dinero a la campaña, en qué se habría gastado ni qué directivos habrían sido responsables de ello. Del lado de los funcionarios, justamente la Fiscalía imputó a 33 personas que trabajaron durante esos años en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad encargada de definir el destino de la vía Ocaña – Gamarra.
Por su parte, el episodio de la financiación a la campaña de Óscar Iván Zuluaga, rival de Santos en 2014, empezó a destaparse a finales de 2016. El publicista brasileño José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, más conocido como Duda, prestó asesoría a la campaña del exministro de Hacienda y sus honorarios —con un valor cercano a los 1,6 millones de dólares— fueron pagados por la constructora brasileña. Así se lo contó al Ministerio Público de ese país, con el que colaboró desde 2016. Según narró, fue contactado por un emisario de Odebrecht, quien lo relacionó con Zuluaga y con su hijo David, que era el gerente de la campaña. Los tres participaron de una reunión que tuvo lugar en São Paulo, en febrero de 2014.
Zuluaga negó las acusaciones y alcanzó a librarse de la investigación que adelantó en su contra el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, una traición de uno de sus asesores terminó hundiéndolo. Daniel García Arizabaleta, su mano derecha y quien estaba siendo procesado por enriquecimiento ilícito, entregó unos audios a la Fiscalía en los que se escucha al exministro confesar que sí sabía del ingreso del dinero ilegal a las cuentas de su campaña; allí también habla de armar una estrategia para refutar cualquier vínculo que le pudieran endilgar con Odebrecht. “Creo que, para protección de todos nosotros, aquí no podemos entregar nada y tenemos que tener una actitud de pelea”, se le escucha decir a Zuluaga. Con esa información, la Fiscalía imputó cargos al excandidato y a su hijo.
La grabación puede ser la estocada final para Zuluaga, quien fue aislado por los miembros de su partido, el Centro Democrático. Santos ha pedido excusas varias veces por lo sucedido y se mantiene en su posición: no tenía conocimiento. Diga la verdad o no, el fantasma de Odebrecht lo seguirá persiguiendo. Siempre que se conozcan nuevos elementos del escándalo, así no lo involucren directamente, terminará salpicado.
