Cecilia Orozco Tascón
La solicitud que le hicieron 24 congresistas de Álvaro Uribe al relator de la Comisión Interamericana (CIDH), José Luis Caballero, para que los atendiera “con carácter urgente” por “las vías de hecho en contra de las instituciones (Fiscalía, Corte Suprema, Procuraduría)” y por “el atentado contra la separación de poderes…” que estaría promoviendo el actual Gobierno, sería para morirse de la risa si no fuera por el cinismo que se desprende de su calculada omisión de la historia reciente del país. Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y los otros parlamentarios firmantes no desconocen los oscuros episodios ocurridos en época de los mandatos de Uribe, al menos entre 2007 y 2009, cuando la Corte Suprema fue violada en la reserva de sus debates, penetrada con espías en sus salas plenas, calumniada e intimidada, y cuando sus magistrados fueron perseguidos por agentes encubiertos e informantes pagados con dineros oficiales.
No se trata de especulaciones arbitrarias: consta en los expedientes que circularon en los juzgados y tribunales, y cuyos folios reposan aún en esos despachos, que más de 30 servidores de esa administración —varios de los cuales se codeaban con el jefe de Estado, como Bernardo Moreno, director administrativo de la Casa de Nariño, y María del Pilar Hurtado, jefa de Inteligencia de la Presidencia— cumplieron misiones delictivas para liquidar la función juzgadora del alto tribunal en la que se probaron los nexos de los miembros de la también bancada de apoyo a Uribe en el Congreso de esos años con las bandas paramilitares: mientras los paraparlamentarios lograban el número de votos suficientes para ser elegidos con la presión de los asesinos sobre los electores en los pueblos, estos conseguían el dominio de alcaldías y gobernaciones, además de leyes favorables a sus objetivos aprobadas en el Capitolio.
Se trató del escándalo conocido como las “chuzadas del DAS”, en alusión al organismo de seguridad cuyos más altos directivos terminaron, además de activar la conspiración del Gobierno de entonces contra la Corte Suprema, persiguiendo a periodistas y opositores políticos que tuvieron que refugiarse en el exterior, en su condición de víctimas. El primer determinador de esos delitos nunca fue indagado. Anda tranquilo con apenas una investigación por una ilegalidad menor, la de soborno a testigos, que se cerrará por prescripción gracias a las argucias de un fiscal prevaricador del bolsillo de su misma cuerda ideológica. Cuando empezó a develarse el monstruoso complot de la Presidencia de la República con sus “vías de hecho” en 2007-2009 en contra de la independencia de la Corte Suprema, el mandatario autocrático que cacareaba democracia mientras ejecutaba actos dictatoriales salía casi a diario a negar las evidencias y a insultar a la Corte y a sus dignatarios. Pero los hechos son tozudos: después de sufrir años de descrédito y calumnias apoyadas por los mismos comentaristas y medios que hoy piden “respeto” para la Corte, el expresidente de ese alto tribunal, Yesid Ramírez, recibió, aunque tardíamente, satisfacción a sus reclamos cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Nación a pagarle una indemnización (pequeña pero simbólica) por “los seguimientos, interceptaciones y acciones de asedio y desprestigio” que se realizaron por orden del DAS y de la Presidencia de la República (ver web).
En ese tiempo, el jefe de Estado en funciones ignoró “la colaboración armónica” de las ramas públicas que hoy reclaman sus congresistas más caros, y denunció por los delitos de injuria y calumnia al siguiente presidente de la Corte Suprema, César Julio Valencia, por haber revelado, en una entrevista con esta columnista para El Espectador (ver web), que ese mandatario se había atrevido a violentar “la separación de poderes” preguntándole por la investigación penal que cursaba en la Corte en contra de su primo, el senador Mario Uribe, por sus relaciones con los paramilitares. Uribe, el presidente, no solo se enfrentó con el carácter recto del magistrado Valencia Copete; también con la reciedumbre de su apoderado, el abogado Ramiro Bejarano, columnista de este periódico (ver web). Como era de esperarse, Valencia Copete fue absuelto, y su defensor Bejarano aún sufre la continuidad del asedio ilícito de una Fiscalía amañada por el subalterno de Uribe, Duque, y por el subalterno de este, Barbosa. No me extraña: es típica conducta de quienes viven para revolcarse en sus venganzas. Lo que sí parece raro es que, pese a la imprudencia del Gobierno Petro con su convocatoria a movilizaciones frente al Palacio de Justicia que le ha podido salir peor, sean los políticos de Uribe y sus periodistas —mismos que divulgaban las falsedades enviadas por los funcionarios de su Presidencia amiga— los que ahora aleguen que la Corte está bajo ataque. ¿Ataques a la justicia? Los de su líder. Daría risa si no fuera por su indignante cinismo.
