Editorial
Con bravuconadas no es como se defiende la institucionalidad, pero esa parece ser la estrategia predilecta del fiscal general, Francisco Barbosa. El funcionario, que parece más en campaña de posicionamiento político como opositor del gobierno de Gustavo Petro, no desaprovecha oportunidad para lanzar dardos ácidos contra el presidente, intervenir descaradamente en política y no responder con seriedad a los señalamientos sobre su Fiscalía. Al tiempo, el presidente de la República aprovecha también la disputa para estigmatizar al ente investigador, lanzar sentencias temerarias y obtener réditos políticos. Es un choque de trenes en el que nadie gana y el país sí sale muy golpeado. La Corte Suprema de Justicia necesita evitar más enfrentamientos y elegir fiscal general tan pronto como le sea posible el año entrante.
Aunque los choques entre fiscal y presidente se convirtieron en paisaje, eso no significa que sean normales ni mucho menos que debamos dejar de exigirles responsabilidad a los involucrados. En un foro reciente, el fiscal Barbosa dijo que el proyecto de paz total “se convirtió en una paz criminal”, una clara intervención en política que es una extralimitación de sus funciones y sigue demostrando sus aspiraciones electorales. En respuesta, el presidente Petro, también con cierta irresponsabilidad, escribió: “Si existían desde hace meses conversaciones amistosas entre el jefe del CTI de Buenaventura y un narcotraficante, ¿por qué sigue en el cargo? ¿Por qué lo protegieron? ¿Cuánta cocaína se ha exportado usando ese cargo en la Fiscalía?”. Se refiere al jefe del CTI de la Fiscalía en Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila, quien está bajo investigación por presuntos nexos con el narcotráfico. Para completar el espectáculo, el fiscal Barbosa respondió que “si el presidente quiere un enfrentamiento con la institucionalidad colombiana, yo estoy listo a darlo en cualquier momento. Pero aquí no puede él asumir el rol de fiscal general de la Nación para atropellar funcionarios judiciales y al fiscal general de la Nación. Aquí nos defendemos y nos vamos a defender”. El problema es que de por medio se van diluyendo temas muy importantes para el país.
Es conveniente identificar todas las fallas en esta discusión. Primero, el presidente: una cosa es tener dudas sobre un funcionario y exigir investigación, y otra es usar su tribuna para dar por condenados a los involucrados, estigmatizar a todo el ente investigador y triunfar así en un aparente debate con el fiscal. Por supuesto que Colombia necesita saber lo que ocurrió, pero el presidente debe recordar que las instituciones y los procesos judiciales se deben respetar.
Segundo, el fiscal. Sus respuestas son impresentables para el cargo que ostenta. Además de ser claramente políticas, siembran dudas sobre la disposición del ente investigador de darles buen trámite a las denuncias. Su defensa a rajatabla de la vicefiscal, Martha Janeth Mancera, quien está involucrada en las denuncias, se siente más como un punto de honor que como la actitud responsable de un servidor público. Lo mismo ocurre con las denuncias sobre el CTI en Buenaventura: en contraste con la bravuconada, el fiscal es cauteloso al contarle al país qué ocurrió, pues el pomposo comunicado para dar muestras de acción nada explica de las denuncias periodísticas. El doble rasero no pasa inadvertido.
La Corte Suprema de Justicia tiene la oportunidad de elegir nueva fiscal de manera eficiente, sin permitir interinidades, para ver si el tono en el ente investigador cambia. El país lo necesita.
