Por Carlos Alberto Ospina M.
La narrativa conveniente y mendaz de la extrema izquierda que busca posicionar una visión unilateral del conflicto armado en el que la guerrilla ha jugado y ejerce un aparentemente papel de Robin Hood protector; no solo asusta por su exagerado dramatismo, sino que comprueba la ausencia de escrúpulos de las organizaciones al margen de la ley.
El caballo de batalla de todas las formas de lucha presenta a los enemigos y el establecimiento como los únicos artífices de las atrocidades perpetradas durante la guerra; mientras que ellos, dizque, “combaten por el cambio del régimen capitalista que mantiene a la gente en la pobreza” (sic – alias ‘Pablo Beltrán’, jefe de la delegación negociadora del ELN, 15 de noviembre de 2024). ‘A otro perro con ese hueso’, máxime cuando la falsa intención proviene de un hipócrita terrorista.
Para nada sorprende escuchar las babosadas de varios ancianos militantes del ELN e inmerecidos parlamentarios exFarc dictando cátedra de principios morales con el mismo tono impúdico de los exparamilitares nombrados “gestores sociales”. ¡No es el mundo al revés! Se trata del nuevo orden fétido que pretenden imponer.
El reciente auto de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que imputa responsabilidad a seis exintegrantes del Secretariado de las Farc-EP por el reclutamiento de 18.677 niños entre 1971 y 2016, es una herida abierta en el alma de Colombia. A pesar de la actitud cínica de “yo no fui” de los llamados a reconocer culpabilidad, léase y grábese, los nombres de los delincuentes Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Lisandro Alape y Julián Gallo Cubillos, ¡ojo! con meternos los dedos a la boca.
El documento de la JEP conserva un peso jurídico irrebatible y representa el cotejo histórico con la verdad a medida que el pueblo no puede ignorar el uso sistemático de menores de edad ni desconocer la política deliberada que perpetuó la violencia y destruyó la vida de miles de criaturas. En la actualidad los bandidos fungen de ‘padres de la patria’. ¡Otra prueba que cualquier malnacido llega al Congreso de la República!
El caso 07 de la JEP subraya la realidad punzante que los pequeños no fueron simples víctimas colaterales del enfrentamiento armado. Una vez más, está sustentado que hicieron parte de la estrategia beligerante. El relato progre no puede justificar el daño infligido a millares de chiquillos que no eligieron ser ración de los horrores de la confrontación armada.
El reclutamiento alcanzó los picos más altos entre 1996 y 2016, afectando a niños y niñas de comunidades rurales, en su mayoría, indígenas. Son patéticos los datos divulgados por el mecanismo de justicia transicional: 30% de los perjudicados tenía 14 años y más de la mitad de los alistados eran menores de 15. Los chicos desarraigados de sus familias y entornos soportaron tratos crueles, a la vez que fueron obligados a participar en hostilidades y enfrentarse a violencias sexuales y reproductivas. Este tipo de violaciones graves a los derechos humanos hoy siguen vigentes con la aprobación de ciertos atolondrados que copian a unos individuos sin escrúpulos.
La JEP concluyó que hubo una omisión deliberada por parte de los seis exFarc que disfrutaron de la capacidad de detener la barbarie y no lo hicieron. Cuál será la posición de las santas palomas de Rodrigo Londoño Echeverry, Alias Timochenko; Jaime Alberto Parra Rodríguez, ‘El médico’; Milton de Jesús Toncel Redondo, apelativo ‘Joaquín Gómez’; Pablo Catatumbo Torres, apodo ´Catatumbo’; Pastor Lisandro Alape, monte ‘Pastor Alape’; y Julián Gallo Cubillos, sobrenombre ‘Tornillo o Carlos Antonio Lozada’.
Estos exintegrantes del Secretariado han comparecido ante la Jurisdicción Especial para la Paz sin que hacer un reconocimiento pleno y fidedigno de sus salvajadas. La imputación que los señala como máximos responsables por mando, plantea un reto ético y político, tanto para los exguerrilleros como para la sociedad civil. No basta con la reparación simbólica de aceptar su papel en los distintos crímenes. La JEP tiene la tarea de garantizar sanciones efectivas que conduzcan a dignificar a las víctimas y demostrar que la aplicación de la justicia sí corresponde al fiel de la balanza. El sufrimiento de los infantes no puede echarse al olvido.
El auto en mención insta al Estado colombiano, indicando que la inacción histórica contribuyó al sistema de crueldades por resultado de la falta de presencia institucional en diferentes territorios rurales, lo que permitió que actores armados se convirtieran en las únicas autoridades. La normalización de la violencia en amplias zonas facilitó la propagación de patrones de abuso y la práctica invariable de delitos de lesa humanidad.
El reclutamiento, la tortura, el homicidio, los malos tratos; las violencias sexuales, reproductivas y por prejuicio que padecieron 18.677 niños y niñas debe ser un a punto fijo. Un recordatorio imborrable que la paz auténtica comienza con el respeto por la vida y los derechos de los más vulnerables. ¡No a la impunidad de los miserables exFarc!
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